Estela Ambriz Delgado
Entre los desafíos más importantes que se enfrentan en la defensa del medio ambiente en México, está la falta de tribunales en la materia, pues actualmente las y los jueces desconocen sobre diversas disciplinas que conciernen a esta, lo que evidencia un desprecio del Estado a la tutela judicial efectiva en temas ambientales, de acuerdo con lo expresado en el panel “Cuidando nuestro hogar”.
La investigadora María Suhey Tristán Rodríguez, de la Clínica de Litigio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y el litigante Luis González Lozano, de la asociación Cambio de Ruta, coincidieron en la urgencia de tribunales especializados en materia ambiental, dado que su complejidad rebasa el conocimiento de las y los jueces.
González Lozano consideró que actualmente desconocen la materia ambiental, que es complicada porque es multidisciplinaria y va más allá del conocimiento jurídico, pues requiere de otras áreas para efecto de poder establecer una justicia ambiental. Esto origina que las y los jueces tengan que allegarse de dictámenes de los expertos, aumentando tiempos y costos.
Tristán Rodríguez coincidió en que el tema de los tribunales especializados es fundamental, pues se carece inclusive de conocimientos básicos en los procedimientos, lo que muestra el desprecio del Estado a la tutela judicial efectiva en temas ambientales.
Agregó que también es importante que se incorpore el tema de género en cuanto al acceso a un medioambiente sano y la protección de la naturaleza, pues sin caer en determinismos biológicos, es una realidad que las mujeres viven de manera distinta los efectos o la exposición a ciertos contaminantes.
En este sentido indicó que, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace cosas relevantes como hablar de un incipientemente reconocimiento de derechos de la naturaleza, también el sistema jurídico tendría que contemplar la tutela el tema de la protección del medio ambiente de manera diferenciada en el caso de las mujeres y pueblos originarios.
Al respecto, la investigadora explicó que existen casos donde la protección del medio ambiente es utilizada para violentar los derechos de otras personas o comunidades indígenas como en Estados Unidos, donde se desplazó a pueblos originarios para “proteger el entorno natural”, cuando las formas de vida de esos habitantes no son incompatibles con la protección, y que con los años se evidenció que el fin era obtener una licencia para la explotación de recursos naturales.
