Carlos Rubio
Son muchas y variadas las formas en las que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha pasado por encima de la administración de Enrique Galindo Ceballos. Desde la intervención en barrios de la capital, hasta el aval de eventos que no han sido autorizados.
¿Qué hace el Gobierno del Estado remodelando calles del Centro (mal, por cierto) en lugar de estar creando la infraestructura pública necesaria en los 58 municipios del Estado? ¿Es necesario intervenir ciertas calles porque ya cumplieron su vida útil? Sí, ¿lo puede hacer el Ayuntamiento? También.
Pero por más que el Gobierno Municipal agache la cabeza ante las órdenes del gobernador, un poco de criterio deberían tener.
Es obvio que el concierto de Luis Miguel tenía el aval, visto bueno, palomita y hasta patrocinio del Gobierno del Estado. De haber podido, Gallardo le habría tapizado el estadio del horrible lema de “Potosí para los potosinos”. Pero por más que se intentó hacer pasar el concierto como un evento del gobernador, la administración estatal no sirvió más que para permitirles a la empresa y al artista violar la ley.
Horas antes del evento, el Ayuntamiento emitió un comunicado en el que afirmó que no había emitido permiso alguno para el concierto que había cambiado su locación al estadio Plan de San Luis.
Con una actitud muy agachona, todavía comentaron que estaban a la espera de que la empresa hiciera acto de presencia en la Unidad Administrativa Municipal para que presentara su papeleo, hiciera su pago y se le emitieran sus respectivos permisos. Como si con eso se resguardara a toda la multitud que acudió al concierto y se puso en riesgo al estar saltando sobre las viejas gradas del estadio.
Poco les faltó escribir en su comunicado: “sí les vamos a dar los permisos, pero ustedes búsquennos”.
Si el Ayuntamiento tuvo el valor de emitir ese comunicado, era de suponer que tendría el valor de apersonarse en el lugar para impedir la entrada del público y clausurar con los sellos con los que cierran cualquier establecimiento, obra o reciento de personas comunes y corrientes.
Pero como no se trataba de personas comunes y corrientes, más bien del gobernador, el Ayuntamiento se hizo a un lado y abrió la posibilidad de que una inmensa cantidad de accidentes ocurrieran esa noche, con la ciudadanía como principal víctima, que no hizo más que adquirir un boleto a muy alto precio.
Pensaron que con ese escueto comunicado podían deslindarse de cualquier responsabilidad, pero en cambio pusieron el foco sobre ellos mismos durante las próximas horas, en las que, evidentemente, no actuaron para salvaguardar a la gente.
Por suerte no ocurrieron accidentes durante el concierto y ahora estamos hablando solo del gran riesgo en el que las autoridades pusieron a tanta gente.
¿Cuántas veces el Ayuntamiento ha acudido a bares, restaurantes, conciertos, obras privadas, negocios, eventos culturales y los clausura por no contar con permisos? ¿Cuántas de esas personas recibieron un comunicado por parte del municipio para advertirles que estaban a la espera de que pasaran a hacer su trámite?
No se puede hablar de igualdad ante la ley en tanto hay un ciudadano que goza del poder de evadir a cualquier autoridad local, y hacer y deshacer aunque eso implique poner en riesgo a miles de personas.
Si bien en poco más de dos años hemos visto que el Gobierno Municipal no le pondrá trabas a los caprichos del gobernador, al menos sí deberían ponerse serios cuando se trata de cuidar a la gente. Que aunque sea se simule un poco el interés por la ciudadanía y no solo se trate de aspiraciones electorales.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Formó parte de la tercera generación del MásterLab en edición de investigaciones organizado por Quinto Elemento Lab.
