Angélica Campillo
Con información inexacta otorgada por la síndico del Ayuntamiento capitalino, Maribel Lemoine Loredo, y el asesor jurídico, José Mario de la Garza Marroquín, en sesión de la Comisión de Hacienda, fue aprobada por mayoría la solicitud del alcalde Enrique Galindo Ceballos para el pago de 12 millones de pesos al ejido Rancho Viejo La Libertad, por un terreno que ya es del dominio público y sin que haya sentencia que los obligue a ello; el dictamen todavía deberá ser aprobado por el Cabildo.
Los miembros de la Comisión de Hacienda que votaron a favor de la solicitud del alcalde fueron: los regidores Gustavo de Jesús Mercado Garay, Edgardo Jasso Puente, Martha Orta Rodríguez, Alexandra Daniela Cid González, Alejandro Fernández Hernández, José Ángel Lara García, y los síndicos Maribel Lemoine Loredo y Víctor Hugo Salgado Delgadillo; las regidoras Tania González Pardo y María de los Ángeles Hermosillo se abstuvieron, mientras que el regidor Alejandro Casillas Torres fue el único que votó en contra.
Durante casi dos horas, las y los integrantes de la Comisión de Hacienda discutieron la solicitud del alcalde respecto al pago que pretende hacer el ejido, como reparación de daño por supuestamente haber afectado sus tierras con la construcción del puente Rocha Cordero, que cruza con las avenidas Río Españita e Industrias.
Es preciso aclarar que el asunto se encuentra en litigio desde 2020 en el Juzgado Octavo de Distrito, y aún no se ha emitido una sentencia que condene al Ayuntamiento de la capital a hacer el pago.
El regidor Alejandro Casillas Torres y las regidoras María de los Ángeles Hermosillo y Tania González Pardo fueron las únicas que realizaron diversos cuestionamientos, entre los que se encuentra la falta de documentación relacionada con la acreditación de la propiedad por parte de los ejidatarios; incluso, por ese motivo solicitaron que la sesión fuera pospuesta, lo cual se sometió a consideración, pero fue desechada por mayoría.
En su contestación a dichos cuestionamientos, y para justificar la solicitud del alcalde, la sindico Maribel Lemoine Loredo hizo referencia al documento emitido por el Registro Agrario Nacional (RAN), con fecha del 16 de diciembre de 2020, el cual señala que Rancho Viejo La Libertad es un ejido; así como un peritaje que asegura que hubo una afectación en él al haberse construido un puente en sus terrenos, por parte de la administración que encabezó Xavier Nava Palacios. Esta documentación obra en autos del juicio de amparo.
En ese sentido, el regidor Alejandro Casillas Torres argumentó que el 18 de agosto del presente año el RAN emitió un oficio con el que se acredita que el puente construido sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero no invade las tierras del ejido Rancho Viejo La Libertad, por lo que se mostró en contra de la solicitud de Galindo Ceballos de indemnizar a los ejidatarios con 12 millones de pesos, por un inmueble que ya fue expropiado.
El asesor jurídico del Ayuntamiento, José Mario de la Garza Marroquín, respondió que el regidor Casillas hacía referencia a un documento que aparece en un juicio de amparo que promovió Xavier Nava Palacios en contra de la inhabilitación impuesta en su contra por el Congreso del Estado, y en ese sentido alegó que el municipio no es parte de ese juicio.
De la Garza Marroquín dijo que Xavier Nava le pidió al RAN que le informe si tres polígonos forman parte del ejido Rancho Viejo La Libertad y el RAN contesta que sí forman parte del ejido.
De acuerdo con el asesor jurídico del Ayuntamiento, no debe entenderse que solamente esos tres polígonos son los que conforman el ejido, “está diciendo que esos tres forman parte del ejido, pero no excluye ni limita que el ejido se conforme por otros polígonos”.
Aseguró que el ejido se conforma de varios polígonos: los tres que se señaló el RAN el 18 de agosto, más el que se menciona en el juicio de amparo que ocupa al Ayuntamiento capitalino, que señala que la afectación que se hizo con la construcción del puente del bulevar Rocha Cordero sí forma parte de los terrenos del ejido.
Al respecto, Astrolabio Diario Digital, a través de dicho documento, constató que el Registro Agrario Nacional afirmó que los tres planos (1/3, 2/3 y 3/3) corresponden al polígono actual del ejido, de acuerdo con la asignación que hizo el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) con fecha de 6 de noviembre de 2001. Lo anterior se puede apreciar en el siguiente mapa:
Por tanto, la obra de bulevar Antonio Rocha Cordero no se encuentra dentro de ninguno de los tres polígonos que corresponden a las tierras del ejido La Libertad.
Asimismo, de la Garza Marroquín expuso que la juez de distrito mandó a hacer un peritaje para determinar si la construcción de la obra pública se llevó a cabo en terrenos o no, del Ejido, y la respuesta fue que sí afectó en la superficie o espacio las tierras del Ejido Rancho Viejo La Libertad, “y es el dictamen que tiene más peso porque es el que manda a hacer la juez para tomar ella misma un criterio”.
El asesor jurídico reveló que los juicios pueden resolverse mediante una sentencia, pero también la legislación permite que las partes que están en una contienda se pongan de acuerdo y lleven a cabo un convenio, que se denominan de transacción, que tienen los mismos efectos que una sentencia.
Cabe señalar que el pasado 3 de agosto, el abogado de los ejidatarios, Jorge Luis Dorantes Puente, presentó ante el Juzgado Octavo de Distrito un escrito con el que solicitó que el asunto se eleve a categoría de cosa juzgada, bajo el argumento de que el contrato de promesa de compraventa repara el supuesto daño ocasionado por el Ayuntamiento.
No obstante, mediante un acuerdo, el Juzgado determinó que no es posible catalogar el caso como cosa juzgada, ya que primero debe existir una sentencia que conceda el amparo a favor de la parte quejosa, “cuestión que evidentemente no ha surgido en el caso”.
José Mario de la Garza continuó argumentando que la violación de los derechos humanos con respecto a comunidades marginadas, en ninguna norma del estatuto jurídico nacional dice que se deba esperar a que unas personas obtengan una sentencia para el resarcimiento del daño, y más si están en una situación de marginación, “por el contrario lo que dice la Constitución y lo que ha dicho la Corte, en todas las ocasiones que este asunto se ha tratado, es que las autoridades administrativas tienen la obligación de respetar los derechos humanos”.
Según lo referido por de la Garza Marroquín, la posición de la autoridad debe ser analizar si hay una violación a los derechos humanos de los grupos vulnerables, como en este caso, con los documentos que se están poniendo sobre la mesa, y si eso es así, resarcir el daño.
“Aquí lo importante es que estamos analizando la violación de derechos humanos que se cometió y la estamos resarciendo mediante la firma de un convenio que está sujeto a la aprobación del Cabildo. Si se siguiera el juicio de amparo, se podría llegar a devolverle a los ejidatarios el terreno, pero como ya hay una obra ahí, el criterio de la Corte ha sido que se les pague por ello a los afectados”, argumentó el abogado.
En ese sentido, cabe recordar que el juicio de amparo sigue en curso y la juez no ha acreditado que exista un daño al ejido por parte del Ayuntamiento, por lo tanto, el Gobierno Municipal no ha sido sentenciado a pagar los 12 millones de pesos que pretende entregar a los ejidatarios.
Ante los señalamientos del regidor Alejandro Casillas Torres sobre posibles sanciones, entre las que destaca una inhabilitación, para las y los miembros de la Comisión de Hacienda y posteriormente para el resto del Cabildo, una vez que aprueben la solicitud de compraventa del inmueble, por ser una ilegalidad, el regidor Gustavo de Jesús Mercado Garay aseguró que ninguna de las sanciones mencionadas son aplicables, ni ve un escenario donde eso suceda, ya que ninguno de los servidores públicos va a obtener un beneficio económico por dicha operación, sino que al contrario, el terreno donde fue construido el puente pasará a ser parte del patrimonio del Ayuntamiento capitalino.
Aseguran que juicio concluirá con el convenio
Cuestionada al finalizar la sesión, respecto al argumento de que el juicio finalizará al resarcir el daño y entregar 12 millones de pesos a los ejidatarios de Rancho Viejo La Libertad, la regidora presidenta de la Comisión de Hacienda, Martha Orta Rodríguez, indicó que se trata de una cuestión de apreciación, e insistió en que en los procedimientos de esta naturaleza pueden concluir una vez que los involucrados lleguen a un acuerdo, “y a eso se le está abonando”.
Orta Rodríguez apuntó que es un tema de derechos humanos en el que se privilegia la necesidad que se tiene por parte de las personas que han estado durante muchos años en este litigio, y el municipio tenía dos opciones: esperar a que haya una cuestión donde se indemnice por una cuantía mucho más alta o se pueda llegar a un acuerdo previo en este tenor.
A pesar de que el Juzgado ya emitió un acuerdo en el que niega la solicitud de los ejidatarios para desistirse del juicio, la regidora dijo confiar en que este se va a dar por finalizado con la reparación del daño y aclaró que la Comisión de Hacienda únicamente está revisando los requisitos para la compraventa del terreno mencionado, para decirle al Cabildo que existen los suficientes elementos para que se proceda; el dictamen podría ser sometido a votación del cuerpo edilicio en la próxima sesión.
Orta Rodríguez aseguró que no hay ilegalidad en el convenio, ya que se ha revisado todo el tema jurídico, para tener la certeza que lo que se decidiera estuviera en el marco de la legalidad, “tenemos la certeza y por eso esta Comisión aprueba por mayoría esta solicitud que nos hace el secretario general, Fernando Chávez Méndez”.
