Abelardo Medellín
Las acusaciones de defraudación fiscal en contra del diputado federal Ricardo Gallardo Cardona existen y podrían nunca resolverse en tanto que su caso siga a cargo de autoridades como el juez de distrito Baltazar Castañón Gutiérrez, cuyas determinaciones han ayudado al legislador del Partido Verde Ecologista de México a evadir sus responsabilidades jurídicas en más de una ocasión.
Astrolabio Diario Digital cuenta con copias de documentos elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los que se da cuenta de diversos hechos atribuibles a Ricardo Gallardo Cardona de los cuales le ha tocado conocer al juez Baltazar Castañón Gutiérrez, quien mantiene como una de sus colaboradoras más cercanas dentro del Centro de Justicia Federal (CJPF) a Sandra Lizette Gómez Banda, una ex empleada del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez.
LA HISTORIA
El 3 de septiembre del 2015, tan solo tres meses antes de que Gallardo Cardona fuera excarcelado tras casi un año de cumplir sentencia por los delitos de delincuencia organizada y desvío de recursos, Edgar Trejo Gallardo, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, solicitó a través del oficio CG2/F7/1067/2015 que se designaran peritos en materia de contabilidad y que se les diera acceso a la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/292/2014 y así las autoridades tuvieran elementos suficientes para presentar una querella contra el involucrado.
Seis días después de presentada la solicitud, el director general de Delitos Fiscales, Josué Miguel Contreras, designó a los peritos en materia de contabilidad para investigar el caso.
La entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), con el apoyo de la Procuraduría Fiscal de la Federación, inició una averiguación previa contra Ricardo Gallardo por la posible comisión del delito de defraudación fiscal equiparada.
La investigación arrojaría su primer resultado el 15 de enero del 2016, cuando el director General de Delitos Fiscales presentó una querella en contra de Gallardo Cardona por omitir en su declaración fiscal lo correspondiente a doce meses del ejercicio del 2012, dejando de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por nueve millones 197 mil 501.51 pesos; dicha querella sería ampliada el 13 de noviembre del 2017 por otros siete millones 37 mil 76.81 pesos de ISR no pagado.
Después de presentadas las querellas, el 21 de noviembre del 2017 los agentes del Ministerio Público Federal consignaron la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/292/2014, que, por motivos de turno, tocó conocer al juzgado cuarto de distrito de San Luis Potosí el cual se declaró “legalmente impedido para conocer de la causa penal por cuestión de sistema penal”, razón por la que se declinó competencia al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí mismo al que estaba adscrito como juez de control Baltazar Castañón Gutiérrez, quien también se declaró “incompetente para conocer el asunto”.
A pesar de la auto declaratoria de incompetencia de los órganos jurisdiccionales, para febrero de 2018 el Tribunal Unitario del Noveno Circuito, en resolución sobre un conflicto de competencias, declaró competente al Centro de Justicia Penal Federal en la entidad potosina, como para conocer el expediente instruido contra el ahora legislador Gallardo Cardona.
LAS AUSENCIAS DE GALLARDO
Las declaratorias de incompetencia no fueron la única vez que el juez Baltazar Castañón facilitó que Ricardo Gallardo Cardona eludiera sus responsabilidades fiscales; el 8 de marzo del 2018 Gallardo no asistió a una audiencia de imputación por el delito de defraudación fiscal equiparada a la que estaba citado.
A pesar de que los abogados de Ricardo Gallardo llegaron una hora antes y de que la sesión estaba agendada para las 11 de la mañana, el entonces ex alcalde no se presentó y a un minuto de que diera la hora señalada, el juez Baltazar Castañon, entonces administrador del Centro de Justicia Penal Federal, aceptó que la audiencia se difiriera debido a que Gallardo Cardona se reportó enfermo, a pesar de que se le veía en público en pleno proceso electoral.
Al preguntar a los trabajadores del CJPF sobre las razones detrás de la cancelación de la audiencia de Ricardo Gallardo, se limitaron a decir que no podían revelar información y que desconocían las causas:
“Yo no le puedo dar información respecto al por qué se canceló, la publicidad se da en audiencia y definitivamente su derecho de petición está abierto, nada más se lo solicitaríamos por escrito”, dijo Sandra Lizette Gómez Banda, entonces secretaria particular del juez Baltazar Castañón Gutiérrez.
De acuerdo con documentos en poder de Astrolabio Diario Digital, como es un tabulador de sueldos, Sandra Lizette Gómez Banda fue contratada por la administración soledense al menos desde el 2016 y percibía un sueldo de casi siete mil pesos mensuales. En 2018 se incorporó al CJPF donde se desempeñó como secretaria del juez Baltazar Castañón; actualmente trabaja como asistente de Constancias y Registros con un sueldo diez veces mayor.
Después de que difiriera el proceso legal de Ricardo Gallardo, se agendó una nueva audiencia de imputación para el 4 de abril del 2018, misma a la que también se ausentó y, al igual que la audiencia anterior, a pesar de que tenía carácter de agendada, unos minutos antes de la hora señalada el CJPF dijo que se había cancelado tal audiencia y no reveló más información del por qué.
En octubre de 2019 el Ministerio Público de la Federación decretó el “no ejercicio de la acción penal” de la carpeta de investigación contra Gallardo Cardona, decisión que el 9 de enero del 2020 fue impugnada por la Procuraduría Fiscal ante el CJPF de la Ciudad de México el cual se declaró incompetente el 11 de febrero, ya que el caso se había judicializado en el CJPF de San Luis Potosí.
El pasado 11 de marzo del 2020 se celebró una nueva audiencia de impugnación a las determinaciones del ministerio público, donde el mismo juez Baltazar Castañón Gutiérrez declaró procedente el no ejercicio de la acción penal de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-SLP/0000157/2018 a favor del ahora legislador federal Gallardo Cardona por considerar que el delito ya prescribió.
Al hacerse pública esta situación, Ricardo Gallardo ha argumentado que es falso que tenga pendientes con la justicia y aseguró que se trata de “campañas negras” para desprestigiarlo, sin embargo la Procuraduría Fiscal promovió un amparo indirecto en contra de la decisión del juez Baltazar Castañón Guitérrez, mismo que está pendiente de resolverse.
Finalmente, entre los vínculos de Gallardo y el Poder Judicial Federal destaca también el hecho de que, en 2017, enterado de las acusaciones en materia fiscal que se le atribuían a su hijo, el entonces alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez entregó la presea Potosino Distinguido a la magistrada Juana María Meza López.
