Por: Antonio González Vázquez.
El dictamen de adjudicación directa para el suministro de medicamentos para funcionarios de confianza del ayuntamiento de San Luis Potosí, incluyó una lista de 700 medicamentos y materiales quirúrgicos lo que supone que un empleado de Ricardo Gallardo podría recibir medicinas para aliviar un simple resfriado hasta para llevar un tratamiento contra un cáncer terminal.
Para entender la magnitud y alcances de la adjudicación, baste subrayar que por ejemplo, que las áreas de terapia intensiva de clínicas y hospitales del IMSS e ISSSTE tiene apenas de 100 a 150 claves o medicamentos disponibles. En cambio, el contrato con Sandra Sánchez Ruiz permitió integrar un cuadro de medicinas hasta siete veces más amplio.
Dicho listado, que forma parte del expediente que el ayuntamiento entregó (sin ser estrictamente lo solicitado) a integrantes del movimiento navista, incluye un medicamento con valor de 64 mil 236 pesos como es el caso de ZEPENDO 10MG G/28 TAB, indicado para el tratamiento a largo plazo de la hipertensión arterial pulmonar.
O bien, el ZOLADEX IMPLANTE 10.8 C/1, utilizado en tratamientos contra el cáncer avanzado de próstata.
También el BOTOX TOXINA BOTULIMICA 100 UI con precio unitario de 6 mil 615 pesos, indicado para el tratamiento de arrugas en la piel del rostro.
Y el YEPOTIN con precio unitario de 3 mil 261 pesos, indicado en el tratamiento de anemia asociada con falla renal crónica, incluyendo pacientes en diálisis, así como para elevar o mantener el nivel de eritrocitos y disminuir la necesidad de transfusiones.
La ERITROPOYECTINA para el tratamiento de enfermedades renales, una caja con seis tabletas tiene precio unitario de 3 mil 800 pesos.
Mientras que hay otros con precio unitario de solo 28 pesos como el MAGNESIO DE LECHE o la MECLIZIONA Y PIRIDOXINA de 25 y 26 pesos. Incluso, el METRONIDAZOL que combate bacterias en el cuerpo o desparasitantes desde 17 hasta los 80 pesos.
Lo anterior solo por citar algunos de los medicamentos incluidos en el cuadro básico para empleados de confianza del ayuntamiento que surtió Sandra Sánchez Ruiz, de quien por cierto, la Auditoría Superior del Estado borró de sus observaciones inicialmente detectadas a la cuenta pública municipal 2015, período octubre-diciembre.
