Por Antonio González Vázquez
“Hasta la morralla se quieren llevar”, ironizó el Frente Ciudadano Anticorrupción ante el caso de Mariano Niño y el presunto desvío de recursos destinados a las ayudas sociales en el poder legislativo.
En rueda de prensa, integrantes de ese Frente advirtieron que no permitirán que caiga en el olvido el caso de la Ecuación Corrupta y adelantaron que estarán vigilantes del Congreso del Estado para exhibir sus excesos.
El Frente, exigió la desaparición inmediata de las partidas del presupuesto destinadas a las dádivas habida cuenta de que como lo mostró el caso de Mariano Niño, se prestan para acciones presuntamente ilegales.
También demandaron que se ponga en conocimiento de la sociedad la lista de todos los presuntos beneficiarios de los apoyos que ha liberado el Congreso desde el inicio de la legislatura. Esto, con la intención de verificar si los beneficiarios realmente existen y comprobar si recibieron los apoyos o no.
Este es el comunicado a la sociedad por parte del Frente.
Regreso de involucrados en ecuación corrupta exhibe cinismo de los 27 diputados
La ecuación corrupta no es un tema agotado, ni mucho menos un caso cerrado. Esta semana, los diputados del Congreso del Estado dieron dos lamentables ejemplos más de los alcances que tiene esa detestable fórmula que los involucra a los 27 en una red de complicidad que, ya lo hemos señalado en algunas ocasiones anteriores, se extiende más allá del ámbito del Poder Legislativo.
Los 25 diputados que ayer aceptaron la reincorporación de Oscar Bautista Villegas y José Guadalupe Torres Sánchez son tan cínicos como estos dos. En nada se diferencian de ellos, porque desde el momento en que los aceptan como sus pares, se les igualan al no ser capaces de defender la dignidad de la institución que dicen representar, pero ante la que no son capaces de demostrar el más mínimo mérito para ocupar el cargo que usufructúan más allá de lo legítimo, incluso más allá de lo legal, al incurrir en actos que abiertamente constituyen delitos.
Una muestra de la complicidad más allá del Legislativo la expuso con total cinismo Torres Sánchez al presumirse exonerado por contar –según dijo y citamos textualmente– con “un documento, expedido por la propia Procuraduría, donde se me dice que no hay absolutamente ningún cargo en mi contra”. Sólo haremos referencia a la Carpeta de Investigación CDI/16475/2017, por ser la correspondiente a la denuncia presentada por cuatro compañeros del Frente Ciudadano Anticorrupción. El documento que le expidió José Pérez Saucedo, agente del Ministerio Público, a Torres Sánchez se limita a señalar que “ninguno de los presidentes municipales que comparecieron a rendir su testimonio, presentaron alguna denuncia y/o querella en su contra”. Lo cierto es que los compañeros que firmaron esa denuncia no sólo señalaron a los cuatro diputados, incluido Torres Sánchez, sino también a un grupo de funcionarios de la Auditoría Superior del Estado, incluido el entonces auditor. Se han tenido pláticas con el visitador de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Oliver Meade Hervert, con la finalidad de aportar más elementos en contra de los denunciados. Consideramos que si la Procuraduría no se deslinda del uso convenenciero de las constancias de sus actuaciones, la complicidad de esa instancia con la ecuación corrupta quedará evidenciada. Para el Frente Ciudadano Anticorrupción el colmo del cinismo lo expuso Bautista Villegas al decirse agraviado y preguntar cómo harán los medios de comunicación y quienes lo señalaron como parte de la ecuación corrupta para resarcirle el daño.
Esta misma semana se reveló otra vertiente de la ecuación corrupta: el barril sin fondo que los diputados llaman Gestoría Institucional, que les sirve para apropiarse de recursos públicos, como quedó evidenciado –cual botón de muestra– con la vergonzante comprobación falsa de gastos que presenta el diputado Mariano Niño Martínez, entre los que destaca –por indignante– el caso de una persona que pidió apoyo para el traslado de un familiar fallecido, se le dice que no se aprobó el apoyo y se utiliza su credencial de elector para justificar gastos por más de 38 mil pesos. Un caso que retrata la condición de carroñeros dispuestos a aprovecharse del dolor ajeno para su propio beneficio. Afortunadamente dos de las personas afectadas, con el apoyo de la plataforma política ciudadana “Ganemos”, agrupación participante en este Frente Ciudadano Anticorrupción, ya presentaron la demanda correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Como botón de muestra, el Caso Mariano Niño Martínez es apenas la madeja de un esquema delictivo, por fraudulento, al que es muy probable que se adhieran los 27 diputados, según las evidencias que el Frente Ciudadano Anticorrupción ha comenzado a recabar. Entre la comprobación de Mariano Niño Martínez, altamente sospechosa de falsedad, aparece una factura de la empresa Expertos en Servicios Corporativos Integrales S.C. por 72 mil 300 pesos. Tan sólo entre el martes 25 de julio y el martes 1 de agosto, la Junta de Coordinación Política aprobó otros cinco pagos a esa misma empresa: dos a solicitud de Sergio Enrique Desfassiux Cabello que suman 147 mil 294.41 pesos; una para Jorge Luis Miranda Torres por 72 mil 300 pesos, otro para María Graciela Gaitán Díaz por 75 mil pesos, y uno más para Roberto Alejandro Segovia Hernández 75 mil pesos, quien públicamente reconoció que se trató de la compra de una factura para justificar gastos de la presentación de su segundo informe de actividades. En dos sesiones de la Junta de Coordinación Política se autorizaron los pagos de seis facturas por un total de 441 mil 894.41 pesos a la empresa Segovia Hernández reconoció que sólo le compró la factura. ¿Cuántas empresas tiene el Congreso del Estado para comprarles facturas para que sus diputados puedan comprobar gastos?
El Caso Mariano Niño y los datos que hemos comenzado a recabar, ponen en tela de duda todas las comprobaciones de los diputados. Pero más allá de las comprobaciones, exhiben lo irregular que resulta la Gestoría Institucional, por tratarse de una acción que no corresponde al Poder Legislativo y constituye una violación al marco Constitucional. Ante tal circunstancia, el Frente Ciudadano Anticorrupción exige a los 27 diputados:
UNO. Hagan pública la relación de todos y cada uno de sus beneficiarios, con domicilios incluidos, de tal manera que, quienes aparezcan en esas listas y sus conocidos, tengan la oportunidad de verificarlas para reconocerse como tales o puedan percatarse de que sus nombres están siendo utilizados de manera irregular. No hacerlo ante el descrédito en que ha caído la LXI Legislatura, pone a cada diputado que se niegue a ese acto de transparencia como sospechoso de actos similares a los denunciados en el Caso Mariano Niño Martínez.
DOS. Desaparezcan la partida de Gestoría Institucional y las de Apoyo de Gestoría, por constituir un desvío de recursos a facultades que la Constitución Política del Estado no les otorga, y esos recursos sean represupuestados, de manera etiquetada, en la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado a las instituciones públicas o privadas que sí estén facultadas para ello.
