Alejandro Rubín de Celis
En su afán por alcanzar o conservar el poder, partidos políticos y candidatos usan toda clase de artimañas para ganar elecciones. Entre ellas está la vieja pero efectiva práctica de la compra y coacción del voto. Gracias a la presión social y a partidos que en otro tiempo actuaban como verdadera oposición, en las tres últimas décadas se logró acabar con algunas formas arcaicas de fraude, pero también surgieron otras, más sofisticadas, como la triangulación de recursos, mientras que la compra y coacción del de voto ha gozado históricamente de cabal salud.
Este cuestionable fenómeno político electoral se puede dar de distintas formas: entrega de toda clase de dádivas ─las despensas son las más emblemáticas─, condicionamiento de programas sociales, o mediante la entrega de dinero en efectivo, regularmente a cambio de la credencial de elector o de una copia de este documento. Hay un sinnúmero de casos y ejemplos en la historia electoral de México sobre esta práctica que ha permitido, especialmente al PRI, mantenerse en el poder y hasta recuperarlo. No ha habido, gobierno, autoridad pública u organismo electoral en este país, o más bien quienes los han dirigido, con la suficiente voluntad política para atacar estructuralmente este problema, que demerita aún más nuestra maltrecha democracia y daña profundamente la dignidad de las personas.
La organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza acaba de dar a conocer que a través del sitio democraciasinpobreza.mx ha recibido 151 denuncias ciudadanas por compra y coacción del voto en 25 estados del país, entre ellos San Luis Potosí. Los que se compran con dinero en efectivo van desde los 150 pesos en el estado de Morelos hasta los 5 mil pesos en el Estado de México.
Esta agrupación civil ha podido detectar que durante el primer trimestre de 2018 el monto de los programas sociales de la Sedesol se ha incrementado, en algunos casos sustancialmente, con relación al mismo trimestre del año pasado, fenómeno que se relaciona en elecciones precisamente con la compra del voto.
El gasto en programas sociales para el estado de San Luis Potosí no están desglosado, pero es bien sabido que en el caso del municipio de la capital, el Ayuntamiento encabezado por Ricardo Gallardo Juárez -ahora alcalde con licencia─ se ha caracterizado por la entrega de toda clase de apoyos sociales como parte de una campaña proselitista en aras de lograr su reelección.
De acuerdo a los informes financieros del tercero y cuarto trimestre de 2015 ─este último fue el primero de la gestión de Ricardo Gallardo Juárez─ y de todos los del ejercicio fiscal 2016, y al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de 2017 y el primer trimestre de 2018, que se publican en el apartado de transparencia del portal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, la administración gallardista ha gastado en la partida presupuestal de Ayudas Sociales a Personas, al menos, la cantidad de 229 millones 758 mil pesos.
En el primer trimestre de 2016 reportó un gasto por 108 millones 898 mil pesos y en un movimiento contable inverosímil al final del año únicamente reportó un gasto de 28 millones 486 mil pesos en este rubro. Todo parece indicar que Gallardo decidió manipular estos datos después de que Astrolabio Diario Digital y Proyecto Tábano dieron conocer la gran cantidad de recursos que el alcalde ─ahora con licencia─, destinó a dádivas en el primer tercio de ese año, y para evitar que la opinión pública pudiera cuestionarlo por gastar tanto dinero en un renglón del presupuesto que, como se sospechaba, le beneficiaría electoralmente a futuro.
La compra y coacción del voto es una de las prácticas más antidemocráticas e indignantes que se realizan elección tras elección y a nadie parece importarle. ¿Dónde están el INE, el Congreso de la Unión, la Fepade, el Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, la nueva Fiscalía Especial para Delitos Electorales del estado y el Congreso local para combatir este flagelo, para sancionar a quienes incurren en estas acciones deleznables ─tanto autores materiales como intelectuales─, para promover nuevos mecanismos de control presupuestario y procedimientos para la efectiva rendición de cuentas y normas jurídicas que ataquen de raíz este inmoral intercambio que fomentan y patrocinan, con recursos públicos, justamente quienes han generado la pobreza en este país, para luego aprovechase de los pobres entregándoles dádivas pagadas con el dinero de los propios ciudadanos, en un círculo vicioso que al parecer nadie está dispuesto a detener?
Si queremos realmente alcanzar algún día un régimen democrático, cuyo punto de partida sea precisamente el verdadero voto libre y secreto para elegir a nuestros representantes, más allá del discurso y de la demagogia, tenemos que cambiar este perverso estado de cosas… y la responsabilidad es de todos, incluidos los ciudadanos.
