Por Victoriano Martínez
Todo acontecimiento, de la naturaleza que sea, suele exhibir a los personajes que de uno u otro modo tienen alguna relación con él o artificiosamente lo aprovechan. La variedad de hechos en el contexto público abre la opción de reacciones selectivas conforme a intereses específicos… y se vuelve una autodefinición ante la población objetivo.
En el servicio público habrá quién reaccione conforme a una estrategia claramente preestablecida, así sea con fines de apariencia y mera proyección de imagen, y otros que simplemente aprovechen de manera pedestre los hechos para mantenerse en la comodidad de su zona de confort: ganar bien y trabajar lo menos posible.
Esta semana arrancó con dos acontecimientos altamente atractivos para la atención del público y, por tanto, muy propicios para adoptar una postura pública que posicione a cualquier figura gubernamental.
Uno. El feminicidio de Chuyita en Villa de Arista, que se sumó a los más de 150 casos en los últimos siete años y que genera indignación entre la población.
Después de 13 feminicidios en los primeros diez meses del sexenio, más los que se reporten en agosto y lo que va de septiembre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reacciona directamente ante un caso, a cuatro días de haber ofendido el Memorial por Mujeres Víctimas de Feminicidio en la Plaza de Armas, previo a la ceremonia del Grito de Independencia.
Gallardo Cardona aseguró que “estamos mandando una iniciativa al Congreso local donde vamos a exigir no a pedir (…) que capemos a todos los violadores” y que se aplique pena de muerte para quienes además de violar matan a sus víctimas.
“(A) los animalitos garañones se les capa y dejan de hacerlo, en el caso de los humanos, que pareciera que también son animales porque no se saben comportar, estar violando a niñas, niños, eso en San Luis Potosí no se va a permitir, se tiene que castigar de una manera muy distinta, por eso es necesario capar a los violadores”, explicó.
Advirtió que no le preocupa la reacción de los organismos de derechos humanos porque “si quieren seguir protegiendo violadores allá ellos”, además de que aseguró que, si la pena de muerte no se puede determinar localmente por estar prohibida en la Constitución federal, capar a los violadores sí puede incorporarse al Código Penal del Estado.
Leyó o le leyeron mal el artículo 22 constitucional, o mal interpretó su contenido. Dice: Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie… Capar, de acuerdo con el diccionario de la RAE, es “extirpar o inutilizar los órganos genitales a una persona o a un animal”, es decir, mutilar.
Pero si es posible o no la propuesta es lo de menos. Lo importante es reaccionar ante un acontecimiento que despierta tal interés en la gente que lo mejor es identificarse con esa indignación y qué mejor manera que con un gesto de empatía que lo conecta con la población indignada, así sea de dientes para afuera sólo para encubrir agravios recientes.
Ahora que, si efectivamente pretende demostrar lo convencido que está de su propuesta, podría hacer una primera demostración con el caso de Alejandro N., acusado por violar a un menor de edad cuando ocupó un alto cargo en el DIF estatal, cuyo juicio se acerca a su término con muchos rumores sobre presiones para liberarlo.
Podría quedar libre pero capado, conforme a su propuesta. O si no se quiere llegar a ser tan agresivo, se le podría aplicar una castración química como se contempla en siete estados de la Unión Americana o lo ha propuesto el presidente de Perú, Pedro Castillo, como medida contra los violadores en su país.
Dos. El otro acontecimiento que llamó la atención general fue el temblor de magnitud 7.7 grados, a 63 kilómetros al sur de Coalcomán, Michoacán, que como nunca se sintió en la ciudad y provocó el asombro especialmente en oficinas públicas.
La tercera coincidencia de un temblor un 19 de septiembre, fecha en que se conmemora el Día Nacional de Protección Civil, provocó que el sismo en sí mismo exhibiera las deficiencias en la prevención que existen en el Estado, conforme a los datos oficiales del INEGI.
Si bien Gallardo Cardona se hizo presente en el tema con un recuento de los sitios donde se percibió el temblor, los lugares desalojados y las acciones de Protección Civil, no hizo referencia a contrarrestar la falta de medidas preventivas, porque eso no cabe en su estrategia de proyectar una imagen cercana a la población.
Quienes exhibieron que sólo necesitan el más mínimo pretexto para no trabajar fueron los tres integrantes de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), quienes prácticamente a la velocidad de la luz determinaron en pleno suspender actividades, cuando en la resolución de los recursos de revisión violan todos los plazos legales, de por sí muy largos.
Mientras el gobernador se proyecta como alguien que puede representar y encabezar las inquietudes justicieras de la población, así sea con propuestas que sabe improcedentes, en el servicio público hay de todo, hasta especímenes que sorprenden por su candidez para exhibirse como vaquetones.
