Alejandro Rubín de Celis
Una preocupación latente durante décadas a causa de la corrupción que se desprende de ineficientes ─y presumiblemente diseñados para tal efecto─ procesos de fiscalización de los recursos públicos, se condensa en una pregunta: ¿quién vigila al vigilante? Pues el Congreso del Estado de San Luis Potosí ya tiene quién vigile a su vigilante, que es la Auditoría Superior del Estado (ASE). Se trata de la nueva instancia legal denominada Unidad de Evaluación y Control (UEC), dependiente de la Comisión de Vigilancia, cuyo titular es nada menos que el contador, Héctor Mayorga Delgado, principal encubridor de irregularidades del exgobernador Marcelo de los Santos Fraga.
Mayorga ya fue auditor del estado de 2007 a 2014. En los primeros años del mandato de Marcelo de los Santos, Mayorga fue director de Ingresos del Gobierno del Estado; era pues, su subordinado y a él le debía la chamba. A finales de su gestión, el ex gobernador solicitó un crédito por mil 500 millones de pesos presuntamente para destinarlos a inversión pública productiva, el cual le fue aprobado por el Congreso. El préstamo de marras fue cuestionado por grupos de la sociedad civil y posteriormente por la nueva administración estatal encabezada por Fernando Toranzo Fernández.
La plena claridad sobre el destino final de ese crédito quedó en el limbo entre acusaciones de ambos gobiernos ─no obstante que en 2010, el ex secretario de Finanzas, Joel Azuara admitió que parte de esos recursos fueron desviados para cubrir otros gastos─ y Héctor Mayorga operó para que la información de la Cuenta Pública 2009 del gobierno de Marcelo de los Santos, que debía ser pública por ley, se clasificara como reservada.
La reserva fue motivo de litigio por espacio de dos años y medio ante la solicitud del ciudadano, Eduardo Martínez Benavente para obtener esa información, tiempo durante el cual el titular de la ASE presentó un amparo y desatendió resoluciones de la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública (CEGAIP) para que hiciera entrega de los documentos, lo que le valió una amonestación del órgano garante, hasta que finalmente, presionado por un emplazamiento de la justicia federal, Mayorga entregó la información, aunque incompleta.
¿Será posible confiar en el nuevo titular de la Unidad de Evaluación y Control que defendió a capa y espada a un exgobernador al cual, por el contrario, debió vigilar con lupa y sancionar en caso de haber incurrido en irregularidades, como era su deber?
El nombramiento de Héctor Mayorga Delgado ─que ya había abortado en una ocasión por presiones de grupos políticos y sociales que conocen de sus maniobras políticas, legales y contables─, se da en el contexto de la conclusión de la que es considerada por muchos como la peor legislatura de la historia de San Luis Potosí, marcada principalmente por actos de corrupción como la red de sobornos a presidentes municipales revelada por el ex diputado Enrique Flores y que es conocida como la Ecuación Corrupta, y por el uso de empresas fantasma, documentos falsos y firmas apócrifas a cargo de buena parte de los legisladores.
¿Por qué los diputados salientes tuvieron que haber elegido a este cuestionado personaje como titular de UEC, una nueva instancia que verificará la actuación de la que es la vigilante de los entes públicos que están obligados a rendir cuentas, entre ellos el propio Poder Legislativo? ¿Por qué Héctor Mayorga si tenían una amplia baraja de donde escoger entre quienes fueron aspirantes hace apenas unos meses a ocupar la titularidad de la ASE o, mejor aún, de buscar a un candidato independiente surgido de la sociedad civil, sin compromisos políticos ni las mañas adquiridas por varios ex funcionarios públicos?
Sería de suponerse que tener un nuevo órgano de la Comisión de Vigilancia que revise la actuación de la ASE ─más allá de la pesada carga financiera y burocrática que representa─ vendría a combatir la corrupción y las malas prácticas que se dan en el órgano fiscalizador del estado, pero con un personaje como Mayorga Delgado al frente de ella es lógico pensar que más bien llega para proteger figuras políticas y para reproducir esquemas de corrupción e impunidad en torno a los cuales tiene una vasta experiencia.
¿Eso quiere decir entonces que ahora los ciudadanos necesitan un vigilante que vigile al vigilante? o, si no, ¿quién podrá defenderlos de las redes de corrupción que se han tejido a lo largo de los años en el Congreso del Estado y que este contador público puede contribuir a mantener?
La nueva legislatura, que entrará en funciones el mes próximo, y que por su composición y los compromisos asumidos en campaña y ahora como diputados electos por varios de sus integrantes, de dignificar el papel de los legisladores, tendrá la alta responsabilidad y a la vez el desafío de evitar que Héctor Mayorga Delgado se convierta en encubridor de políticos y funcionarios ─entre ellos los propios diputados salientes─, y cómplice de actos indebidos que han sucedido y que puedan suscitarse en la Auditoría Superior del Estado y eventualmente involucrar a integrantes de la nueva legislatura y de la que le sigue, pues permanecerá en el cargo hasta el 12 de agosto de 2022.
Desde luego otro de sus vigilantes, no sólo de Mayorga sino de ASE y de los propios diputados, tiene que ser la sociedad potosina, una sociedad que está llamada a ser más participativa y demandante de que el Poder Legislativo le rinda cuentas, porque está en todo su derecho de hacerlo ─y también en su deber─, para que no se vuelva a repetir una Ecuación Corrupta, el fraude con empresas fantasma ni otros muchos escándalos y hechos de corrupción que han protagonizado varias de las legislaturas en la historia reciente de San Luis Potosí.
