Antonio González Vázquez
Ayer se cumplió un mes de la tragedia ocurrida en la Plaza Alttus y el tufo a impunidad resulta insoportable. No hay indicios de que funcionarios del ayuntamiento capitalino ni del gobierno estatal, se encuentren bajo investigación.
Hacia la medianoche del 7 de junio cientos de jóvenes había llegado a ese lugar para asistir a un concierto del cantante de corridos tumbados, Kevin Moreno en el antro Rich, situado en el tercer nivel de esa plaza comercial.
El tumulto provocó el colapso de un barandal de la terraza y un puñado de jóvenes cayó al vacío. El saldo, dos muertos y 15 heridos.
Cuando ocurrió el mortal accidente, funcionarios municipales celebraban la reelección de su jefe, Enrique Francisco Galindo Ceballos quien, a su vez, estaba por iniciar unas vacaciones que se extendieron hasta el 1 de julio.
Un mes después, ningún funcionario de su administración ha sido llamado a cuentas por su probable responsabilidad en ese suceso que le costó la vida a Manuel Alejandro y Rodrigo de 21 y 17 años respectivamente.
Un día después del incidente mortal, el alcalde con licencia se limitó a expresar sus condolencias a los deudos al tiempo de prometer que “las autoridades municipales trabajarán de manera coordinada con la autoridad estatal para facilitar toda la información necesaria para dar con los responsables”.
Ha pasado un mes y no se han deslindado responsabilidades entre los funcionarios de Comercio y Protección Civil Municipal.
No, no hay nada.
Con todo y el peso de la muerte de los jóvenes, Galindo Ceballos se tomó tres semanas de descanso tras su “agotadora” campaña electoral.
Debió haber regresado de inmediato para hacerse cargo de una exhaustiva investigación entre sus colaboradores, pero no lo hizo.
En lugar de explicar lo ocurrido en torno a la sospecha de que pudieron existir omisiones y negligencia de sus funcionarios, el priista puso tierra de por medio en literal huida. El caso por demás indignante lo empezó a sepultar él mismo al no enfrentarlo como ameritaba.
Peor aún, regresó al gobierno municipal y no se ha ocupado del tema pese a la duda razonable existente en cuanto a lo que dejaron en su ausencia.
Limitarse a afirmar que se investigaría a fondo es hasta ahora simple palabrería.
“De verdad, mi compromiso con ellos de que debe sancionarse a fondo, no debe quedar impune; si hubo negligencia, malos manejos o una convocatoria extraordinaria, lo que haya sido”, había expresado 48 horas después del suceso.
Como ya se iba de vacaciones, prometió que a su regreso podría dar detalle respecto de si hubo o no negligencia en las áreas de Comercio y Protección Civil. “A mí no me toca meterme en eso” atajó al planteamiento de la probable responsabilidad.
Lo dijo Galindo a su regreso a palacio municipal: “sigo en mi postura de no impunidad, sea lo que sea y sea quien sea”.
De esas frases domingueras está empedrado el camino de la impunidad.
“No vamos a contribuir a tapar nada, vamos a trabajar de fondo; cero impunidad”, completó con otra frase para enmarcar por su poderío publicitario.
Aunque también ofreció “transparencia total” en el caso, la Contraloría Municipal no ha informado nada sobre el expediente de investigación iniciado, de manera que se desconoce de que algún funcionario haya sido llamado a rendir cuentas.
Por el lado del gobierno estatal, tampoco se ve nada claro.
La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación de cuyas indagatorias, se deprendió la detención de tres personas: el dueño, la administradora y un empleado del antro. Su proceso está encaminado.
Hasta el momento, no parece haber en la mira de la Fiscalía a ningún funcionario sea municipal o estatal.
El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona se jactó de que con esas aprehensiones se demuestra que en San Luis “hay cero impunidad”, lo cual no deja de ser un supuesto.
La Unidad Estatal de Protección Civil y la Dirección de Gobernación también tendrían algo que decir, sobre todo, luego de que la primera reconoció que desde el mes de marzo el antro “no cumplía con las medidas de seguridad adecuadas”.
Pero esa es solo una parte, pues el accidente ocurrió en la plaza y no al interior del antro, el barandal colapsado fue el del inmueble, no del establecimiento, lo que supone que la infraestructura del centro comercial presentaría las mismas deficiencias.
En los hechos, más allá del discurso oficialista, lo que hay es impunidad.
Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos declaró a la revista Proceso que el caso va en camino de la impunidad para “quedar diluido en el olvido, creo que es a lo que le apuestan las autoridades, tanto las estatales como las municipales”.
En su edición de ayer, el semanario publicó un reportaje sobre el hecho trágico, en el que el padre dolido, lamenta el “tortuguismo” de la Fiscalía en las investigaciones y alertó lo que está a la vista de la opinión pública: “falta investigar la responsabilidad de los funcionarios, así como a los propietarios de la plaza”.
La inacción de las autoridades de ambos niveles de gobierno es por demás preocupante y lamentable. Lo sucedido no debe quedarse archivado como otros casos que se han presentado durante los años recientes.
Tanto el edil como el mandatario estatal, tienen la responsabilidad de hacer justicia.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha sido docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación durante 25 años. Además, durante 30 años se ha desempeñado como periodista en medios como El Heraldo, El Mañana de Ciudad Valles, Pulso, Milenio San Luis, Diario Digital San Luis, Librevía, La Jornada, Global Media y actualmente en Astrolabio Diario Digital y Periodismo Político.com. También ha sido corresponsal de medios nacionales como Agencia de noticias Notimex, La Jornada y Milenio.
