Por Victoriano Martínez
La combinación entre la instancia gubernamental de procuración de justicia, el sistema judicial del Estado y el poder económico a favor de quien haya cometido un crimen ha dejado en San Luis Potosí una estela de impunidad de larga historia a la que hoy es posible que se sume un nuevo capítulo: el caso de Alejandro N., ex funcionario acusado por la violación a un menor de edad.
Alejandro N., ex titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social (PDPAM), tenía a su cargo el albergue donde se encontraba su víctima, y desde su aprehensión el 23 de octubre de 2019 ha sido vinculado a proceso en dos ocasiones, es decir, el juez consideró dos veces que había elementos para juzgarlo y someterlo a prisión preventiva.
Aunque José Luis Ruiz Contreras, fiscal General del Estado, ha dicho que hay elementos para que sea condenado, los indicios que deja ver un apresuramiento en la programación del juicio oral adviertes sobre la posibilidad de que Alejandro N. sea puesto en libertad.
Una posibilidad que, de concretarse, vuelve a poner en entredicho la actuación de la instancia de procuración de justicia, hoy Fiscalía General del Estado, y al Poder Judicial, pero también la protección que, desde un grupo económico, puede ejercer para torcer la justicia, como ha ocurrido desde hace décadas.
Oscar G. Chávez describe cuatro casos emblemáticos de los últimos 80 años.
El asesinato del comerciante Salomón Blanck Stein, polaco de origen judío, a manos de Baldomero Pérez Romo, a quien apoyaron los principales comerciantes e industriales potosinos que en desplegados prevenían contra una amenaza sionista sobre la ciudad. Una vez liberado, Pérez Romo fue llevado en hombros al Santuario, mientras la comunidad judía salía de la ciudad.
El homicidio del ex presidente municipal Juan Antonio Ledezma Zavala, del que fue copartícipe su esposa María de la Luz Adrián Madrazo, cuyo vínculo con importantes familias potosinas contribuyó a que fuera liberada.
El tercer caso que relata Oscar G. Chávez es el del homicidio de Salvador Valle Rodríguez, en febrero de 1995, cuando se habló sobre la forma en que la currada potosina se volcó a la defensa de Carlos Lavin Hinojosa, al extremo de que el entonces gobernador Horacio Sánchez Unzueta aceptó públicamente haber detenido la acción penal.
“El gobernador reconoció la madrugada del sábado, ante un grupo de familiares y amigos de Carlos Lavin que “prácticamente por amistades comunes y por apelaciones con respecto a la inocencia del señor Lavin, muy cercanas, que están absolutamente dentro de mi credibilidad, por esta razón y probablemente faltando a mi responsabilidad, haciendo un caso de excepción, detuve el ejercicio de la acción penal””, relató Oscar A. Martínez, en la edición del 21 de mayo de 1995 del periódico El Ciudadano. Los alcances de la presión de los grupos económicos.
El cuarto caso se refiere al ocurrido el 15 de junio del 2000, cuando Tania Lucero de la Garza Cárdenas fue asesinada por FEBG a quien, a pesar de todas las evidencias en su contra, se le impuso una pena de 12 años de cárcel que se redujo a ocho al aplicarle de manera retroactiva una ley para menores de edad que se sospecha que se decretó para favorecerlo.
Una serie de casos que dan cuenta de la forma en que se puede someter la justicia a los intereses económicos, pero en la que –además– los medios de comunicación han jugado un papel favorable a los inculpados. En el Caso Lavín, por ejemplo, la existencia de El Ciudadano dejó testimonios que no fueron reseñados en otros diarios.
Hoy, una muestra de esa protección adicional que se suele dar desde la prensa también está presente en el caso de Alejandro N.: entre enero de 2018 y octubre de 2019, mes de su aprehensión, el periódico Pulso publicó al menos 20 notas sobre el ex funcionario. Ocho notas sobre su labor como funcionario y 12 sobre su boda, que se realizó en 2018.
Tras su aprehensión, el diario ya no publicó información sobre Alejandro, pero sí otras 49 notas sobre seis personajes con sus mismos apellidos: Javier, Clare, Juan Antonio, Renata y Luis Fernando, quien aparece en el directorio del periódico como subdirector general. Un silencio en el caso que en su propia propaganda Pulso calificaría: callar es mentir.
Un panorama que hoy pone a prueba al Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado y al actual gobierno –que ha dado muestras de no respetar la autonomía de la FGE– porque, en caso de facilitar la liberación de Alejandro N., mostrarían ser iguales a todos sus antecesores y que simplemente se suman a reproducir los mismos efectos de la herencia maldita que aseguran combatir.
