La reciente condena de cinco integrantes de una banda dedicada a secuestrar, prostituir y asesinar a mujeres jóvenes en Ciudad Juárez es considerada un gran paso en la impartición de justicia y castigo del feminicidio en una urbe mexicana conocida por los cientos de crímenes perpetrados allí contra mujeres.
Si bien la sentencia fue elogiada, madres de las víctimas coincidieron en señalar que nada repara el daño causado a las familias.
“No me siento contenta porque yo hubiera querido que esto nunca pasara. Qué bueno que los condenaron para que otros hombres y mujeres que quieran hacer lo mismo vean lo que les puede pasar”, dijo Norma Laguna, madre de Idaly Juache, desaparecida en 2010.
El lunes el Tribunal de Juicio Oral condenó a José Antonio Contreras, Jesús Hernández Martínez, César Romero Esparza, Edgar Regalado Villa y Manuel Vital Anguiano a purgar una condena de 697 años de prisión cada uno y al pago conjunto de 839.274 pesos (unos 54.146 dólares) para reparar el daño a las familias afectadas.
Los sentenciados fueron hallados culpables de prostituir y asesinar a 11 mujeres desaparecidas entre 2009 y 2010, cuyos cuerpos fueron encontrados luego en el arroyo El Navajo, ubicado en el suroeste de Ciudad Juárez, limítrofe con Estados Unidos.
“Esta sentencia condenatoria es una pena ejemplar”, consideró en declaraciones a dpa Santiago González, abogado coadyuvante de la Fiscalía de Atención a Víctimas de Delito por Razones de Género. “Fueron encontrados culpables de la trata de personas y feminicidios y se logra la acumulación de penas por los delitos que cometieron”, destacó.
González precisó que la vinculación se inició en 2013 pero que todos lo detenidos recurrieron a amparos hasta que finalmente se logró acreditar su participación en los delitos contra las 11 jóvenes.
Algunas de las madres de las víctimas participaron como testigos en el juicio, que tuvo una duración de tres meses. A ellas la condena les resulta un alivio, pero las atormenta haber conocido a detalle el sufrimiento que padecieron sus hijas.
“Es un dolor muy fuerte en el alma, en el corazón, saber lo que les hicieron a nuestras hijas. A veces, en las noches, estoy pensando en ella, me pregunto si pensaba en mí cuando la tenían. Quizá pensaba que ya nunca vería a su mamá… de pensar en lo que le hicieron y cómo la trajeron me quiero volver loca, me tapo la boca para no gritar y despertar a todos”, dice María del Carmen Castillo, madre de una de las víctimas.
Para Susana Montes, madre de otra de las jóvenes, el fin de este juicio le da cierta tranquilidad por cumplir con una promesa que hizo en el altar de la iglesia donde el cuerpo de su hija era velado.
“Yo le prometí a mi hija que iba a buscar justicia, que no iba a quitar el dedo del renglón hasta saber qué y quién le había hecho eso”, contó a dpa.
Pese al alivio que manifiestan porque se logró probar la culpabilidad de los acusados, las madres coinciden en que nada puede reparar el daño causado, porque consideran que los sentenciados son sólo la parte más baja de una red delictiva en la que están involucradas personas de poder.
“Ellos no son los únicos, faltan más. Éstos son los que no tienen el poder de comprar. No puede ser que a nuestras hijas nadie las vio, como si se las hubiera tragado la tierra. Hay cómplices, hay gente con dinero detrás de ellos”, afirman.
La participación de organizaciones civiles como coadyuvantes del fiscal Ernesto Jáuregui en la acusación contra los procesados ayudó a sacar adelante el juicio. Las madres consideran que fortalecieron las pruebas presentadas y permitieron la transparencia y ventilación del caso.
“Hoy existe el principio de la publicidad que permite observancia y transparencia. La confianza en las autoridades se gana. Antes todo era discreto, ahora se usó la coadyuvancia y se tuvieron elementos y pruebas suficientes”, explicó Imelda Marrufo, directora de la “Red Mesa de Mujeres” que, junto a “Justicia para Nuestras Hijas”, colaboraron en el caso.
“Es un paso muy importante el que se ha dado. Estamos conscientes de que esta sentencia no regresa a las hijas. La deuda es mayor por el impacto en la vida de las madres y las familias. Pese a eso, es un precedente histórico”, agregó la activista.
En 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia contra el Estado mexicano por incumplir su deber de investigar uno de los casos más famosos de feminicidio en Ciudad Juárez, conocido como Campo Algodonero, en el que una joven de 15 años fue secuestrada, abusada y asesinada ocho años antes.
Organizaciones civiles e internacionales estiman que en la fronteriza ciudad existen unos 700 casos de feminicidio desde 1993, en lo que se conoce como “Las muertas de Juárez”. Los cuerpos de las víctimas, varias menores de edad, suelen ser encontrados en parajes desiertos de la ciudad con señales de abuso sexual y tortura.
Vanguardia
