Por Victoriano Martínez
Tres Legislaturas después, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) contará por primera vez con su Consejo Consultivo Ciudadano… a menos que no haya candidatos suficientes para ocupar un cargo honorífico.
De acuerdo con la Ley de Transparencia, el Consejo debe estar integrado por cinco consejeros honoríficos que durarán en su encargo cinco años, y debió ser nombrado por el Congreso del Estado por primera vez antes del 7 de mayo de 2017.
Las dos Legislaturas anteriores incumplieron la Ley y la actual se percató de la omisión hasta ahora que ha comenzado su tercer y último año de ejercicio legal. En la sesión ordinaria del 27 de septiembre aprobaron la convocatoria para elegir a los cinco consejeros, y este viernes 13 cierra el plazo para que, quien esté interesado, se registre como aspirante.
Podrán decir que no es que no reconozcan la importancia de crear un organismo contemplado en la Ley de Transparencia para que funcione como vigilante ciudadano del funcionamiento de la CEGAIP, cuya acreditada inutilidad ya es legendaria, sino que ante tantas obligaciones que tienen como diputados se les pasó porque ignoraban que les correspondía.
Puede ser, pero la ignorancia no exime del cumplimiento de la Ley y menos a quienes las emiten y están rodeados de asesores. Prolongaron la violación a la Ley de Transparencia por más de dos años.
Una desatención al contenido de la Ley de Transparencia a la que sólo recurren para ver que ocurrencia le pueden añadir, sea idea propia o porque alguien se las sembró, pero si son incapaces de leerla para cumplirla mucho menos lo harán para mantenerla en concordancia con el marco jurídico vigente.
Tal es el caso de otro órgano que por prácticamente nueve años estuvo acéfalo en la CEGAIP hasta que finalmente se acordó el pasado 3 de octubre borrarlo de la Constitución Política del Estado. En la sesión de ese día se aprobó derogar el párrafo cuarto del artículo 17 fracción III, con lo que queda eliminado el Sistema Estatal de Documentación y Archivos (SEDA).
Se trataba del organismo que, de acuerdo con el párrafo eliminado en la Constitución, era el “responsable de aplicar las regulaciones que se establezcan en materia de administración y sistematización de la documentación e información, en posesión de las entidades públicas”. Se eliminó para armonizar la Constitución local con la Ley Genera de Archivos.
Quizá sea porque no leyeron la Ley de Transparencia y la Ley de Archivos estatal o porque, simuladores como son, tengan contemplado incrementar su número de iniciativas para completar esa armonización-homologación, ya que en esas dos leyes (al menos las versiones publicadas en el sitio Web del Congreso del Estado), el SEDA no ha desaparecido por completo.
El artículo primero de la Ley de Archivos establece los objetivos de esa norma en cuya enumeración termina con “así como determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Documentación y Archivos”. Es la única mención en esa Ley, pero aún sigue ahí.
En el caso de la Ley de Transparencia, el SEDA cuenta con una sección, la quinta, dentro del Capítulo I, sobre la CEGAIP, del Título Segundo, sobre los responsables en materia de transparencia y acceso a la información, con un solo artículo, el 50.
También aparece “SEDA” definido en la fracción XXXII del artículo 3º, además de que en el artículo 34, como atribuciones de la CEGAIP se señala que debe nombrar al responsable del Sistema Estatal de Documentación y Archivos, recibir su informe anual.
“Las unidades de transparencia establecerán mecanismos de coordinación permanente entre sí, en el marco del Sistema Estatal de Documentación y Archivos y en los términos establecidos por la Ley General, por esta Ley, por la CEGAIP, y por las leyes orgánicas y acuerdos de creación de las entidades correspondientes”, también se menciona en el artículo 57 de la Ley de Transparencia.
Una homologación que responde a la sentencia que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la acción de inconstitucional 219/2020 el 3 de mayo de 2022, que parece irse cubriendo en abonos… como para ver a cuántos diputados les alcanza para sumar iniciativas aprobadas.
