Fernanda Durán
Con el inicio de las campañas este martes 29 de abril, San Luis Potosí vivirá una etapa inédita en su historia democrática, al someter a votación popular la elección de cargos en el Poder Judicial local. Un total de 201 aspirantes competirán para cubrir quince magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tres magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y 69 cargos de juezas y jueces de Primera Instancia.
De acuerdo con lo aprobado por la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) este lunes, el proceso contará con una lista nominal de 2 millones 218 mil 712 ciudadanas y ciudadanos habilitados para votar, lo que representa una cobertura del 99.84 por ciento respecto del padrón electoral, que ascendió a 2 millones 222 mil 357 personas.
Para este proceso extraordinario, las campañas tendrán una duración de 30 días naturales, del 29 de abril al 28 de mayo, concluyendo justo antes de la jornada electoral. Los topes de gastos de campaña fueron fijados en 258 mil 518.79 pesos para quienes contiendan por cargos de elección estatal, como las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, además de jueces especializados en materia laboral y de oralidad penal. En el ámbito distrital, las candidaturas a jueces de Primera Instancia tendrán un límite de 146 mil 119.32 pesos.
El proceso contempla reglas estrictas de difusión. Las y los candidatos no podrán contratar espacios en radio o televisión, ni utilizar espectaculares o realizar mítines públicos. Únicamente podrán promover sus perfiles a través de redes sociales y mediante la plataforma oficial “Conóceles”, habilitada también a partir de este martes, donde la ciudadanía podrá consultar la información de quienes participan en la contienda.
La elección abarcará 13 y uno de ellos con subdistritos, distribuidos en las cuatro zonas del estado. En cada distrito se asignaron entre 12 y 13 cargos de jueces, abarcando materias de carácter laboral, civil, penal, familiar y mercantil, con criterios de paridad de género y limitación de especialidades para evitar boletas saturadas.
En cuanto a los cargos en juego, el Supremo Tribunal de Justicia contará con 15 magistraturas encargadas de revisar y resolver inconformidades en segunda instancia sobre asuntos penales, civiles, familiares y mercantiles, derivados de las resoluciones de los juzgados de primera instancia.
Por su parte, los 69 juzgados de Primera Instancia se distribuyen en diversas especialidades: 12 en materia familiar, donde se atienden asuntos como divorcios, patria potestad, guarda y custodia de menores y pensiones alimenticias; 7 en materia civil quienes resuelven controversias entre particulares sobre propiedad, contratos y sucesiones; 2 en oralidad mercantil; 2 en oralidad civil y familiar; y 4 en materia mercantil tradicional.
Además, se contará con 9 juzgados mixtos, que atenderán de manera integral asuntos civiles, familiares, mercantiles y penales tradicionales.
En el área penal, 23 cargos se destinarán a tribunales de oralidad para juzgar delitos como robo, homicidio, violación y fraude, mientras que 2 cargos estarán enfocados en el sistema de justicia penal para adolescentes. También habrá 4 cargos para tribunales laborales, 1 para penal tradicional, y 3 para juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, encargados de dar seguimiento a las sentencias dictadas.
Finalmente, el Tribunal de Disciplina Judicial, con tres magistraturas en disputa, será el órgano responsable de investigar y sancionar las conductas irregulares de las personas juzgadoras, en aras de preservar la integridad y eficacia del Poder Judicial en el estado.
Mientras tanto, continúan las campañas de las y los aspirantes a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF), mismas que comenzaron desde el 30 de marzo y quienes también buscan el voto ciudadano para el próximo domingo 1 de junio.
El arranque de campañas marca así un momento clave en el proceso electoral extraordinario de San Luis Potosí, donde la ciudadanía tendrá por primera vez la oportunidad de participar directamente en la conformación de uno de los poderes fundamentales del Estado.
