Por Victoriano Martínez
“¡Gracias señor presidente por la forma tan rápida con que resolvió la escasez de papel!”, le dijo el 7 de junio de 1951 José García Valseca, dueño de la cadena de los “Soles”, al presidente Miguel Alemán Valdez, por salvar de la quiebra a muchos diarios del país al dotarlos de papel periódico vía importaciones.
Para el año siguiente, los dueños de los diarios acumulaban motivos de gratitud para con el presidente, y fue Martín Luis Guzmán, director del semanario Tiempo, el encargado de redactar la invitación a la segunda comida de agradecimiento, que se distribuyó a 128 directores de medios de la capital y de los estados, en estos términos:
“La prensa mexicana, integrada por todos los diarios, semanarios, y revistas serios y de carácter informativo, se halla en deuda con el presidente de la República, licenciado Miguel Alemán. Durante los cuatro años y medio ya transcurridos dentro de su periodo ha sido él constante y escrupuloso mantenedor de la libertad de prensa, así como la de pensamiento y palabra”.
“Proponemos hoy a la nación mexicana que este 7 de junio sea, año con año, de consagración de los periodistas al ideal de la libertad de prensa que usted, señor presidente, ha enaltecido con respeto, como parte fundamental de nuestra nacionalidad”, fueron las palabras con la que García Valseca consumó el establecimiento del Día de la Libertad de Prensa en México.
Con ese antecedente, que hoy se emitan felicitaciones a los periodistas y trabajadores de los medios de prensa es como recordarles esos bochornosos actos en los que la prensa se postró a los pies de los gobernantes en turno… y dar pábulo a la siempre complicada relación prensa-gobierno, que históricamente atenta contra el derecho de la sociedad a la información.
Que desde la autoridad se mantenga la inercia de las felicitaciones y los festejos para congraciarse con la prensa, con pronunciamientos a favor de la libertad de expresión, es señal inequívoca de que poco ha cambiado esa viciada convivencia que originó la conmemoración y que hoy tiene manifestaciones de mayor simulación con el mismos efecto: una sociedad mal informada.
La simulación ha sido llevada al extremo de que se cuenta con una Ley de Comunicación en el Estado que reproduce la General que se bautizó como Ley Chayote, porque legaliza la discrecionalidad con la que se asignan pautas publicitarias a los medios de comunicación, que si bien no mata a periodistas, sí mata al Periodismo.
Una simulación que incorpora la también copiada Ley para la Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que crea un Mecanismo Estatal de Protección, cuyo funcionamiento resulta prácticamente nulo, que no sólo deja en la indefensión a periodistas sino también a defensores de derechos humanos.
Una simulación que da para proyección de imagen por lo que los diputados no dudaron en crear su propia Comisión Especial de Atención a Periodistas, a pesar de que saben que su utilidad se limitará a justificar viáticos y gastos de representación para agasajar a los representantes de los medios en todas las regiones del Estado, lo que es una vía más que atenta contra el ejercicio del Periodismo.
Son muchas las deudas que desde las instancias gubernamentales se tienen con el ejercicio del periodismo y atrás de cada una de ellas se encuentra el incumplimiento de disposiciones legales tan fundamentales como el octavo párrafo del artículo 134 constitucional, en cuya violación existe complicidad por parte de los propietarios de los medios.
Si violan la Carta Magna, para el incumplimiento de las demás leyes recurren a organismos y actos de simulación que son verdaderas trampas (o espacios de complicidad) para que, voluntaria o involuntariamente, los periodistas se vuelvan comparsas de tan buena relación con el poder, que son beneficiarios de actos que presuntamente estimulan un mejor ejercicio periodístico.
En los próximos días se entregarán los premios estatales de periodismo que, lejos de promover la excelencia periodística, incentivan de tal manera la mediocridad, que los periodistas deben postrarse ante un jurado para que los califique, a pesar de que exhiba una preocupante confusión en los géneros a premiar.
Tan se le ve como un mero concurso para ganar un poco de dinero extra, que cuando menos cuatro de los 42 trabajos que obtuvieron reconocimiento se publicaron después de emitida la convocatoria.
Destaca el caso del segundo lugar en fotografía porque, publicado en Facebook dos días antes del cierre de la convocatoria el 2 de mayo, comienza con la frase “El pasado 3 de agosto de 2021 ocurrió un fuerte incendio…”. Una publicación con indicios de obedecer más al interés de presentar las fotografías al concurso que a la responsabilidad periodística de informar oportunamente.
Un panorama en el que el gobierno incumple su obligación de no obstruir el ejercicio del periodismo, y a la vez pervierte su deber de promover que la sociedad pueda tener acceso a gozar de su derecho a la información con variedad de voces y no una sola replicada en cientos de medios sumisos.
Un panorama de la relación prensa-gobierno que se distingue del que dio origen al ofensivo festejo por una simulación con el mismo efecto: que la sociedad sea bombardeada con la versión interesada de los servidores públicos que se le presenta como noticia, cuando se trata de propaganda. Un engaño con costo al erario, es decir, contribuyentes que pagan impuestos para que los engañen.
