Abelardo Medellín Pérez
Una universidad pública que tiene más excusas que razones cuando una crisis pone en riesgo los beneficios de los que gozan sus estudiantes, es una institución que, obligadamente, requiere ser intervenida, criticada y reencaminada a los propósitos que podría ignorar.
Desde finales de la semana pasada, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) fue objeto de diversas denuncias que señalaban la forma unilateral en que, en orquestación con los intereses de la división de vinculación, se anunció el desmantelamiento del Centro de Información en Investigación y Posgrado (CIIP).
Comunicados enviados por los integrantes de este centro, enteraron a la sociedad y a los universitarios de las intenciones que la oficina de vinculación tenía: retirar del edificio que ocupa ahora el acervo bibliográfico del centro y utilizar este espacio para aumentar el tamaño del Centro de Emprendimiento e Innovación Potosino, que la universidad instaló en el área de posgrados como respuesta a un convenio firmado con la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) Estatal, a cargo de Juan Carlos Valladares Eichelmann, del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.
Luego de denunciar públicamente este intento de desmantelamiento, la UASLP emitió un comunicado sucinto en el cual, más que desenredar malentendidos, confirmó dos cosas: se tiene la intención de retirar la biblioteca del CIIP y esto se hará en beneficio del Centro de Emprendimiento.
Cuatro días después de este comunicado, esta semana, la universidad se reunió con estudiantes y académicos del edificio de posgrados para explicar el tema de este desmantelamiento.
Muchas fueron las promesas confusas de la rectoría hacia el posgrado: se tiene la intención de mover el CIIP, pero no se sabe cómo; hay una poderosa razón para hacerlo, pero no parece urgir; se escuchará al cuerpo académico, pero la rectoría no asistirá a la asamblea citada con estudiantes el próximo viernes.
Entre todas las precisiones, la más sorpresiva y sospechosa emitida por la universidad durante la reunión con la comunidad universitaria, fue la que alude a la supuesta verdadera razón de todo este movimiento: motivos de seguridad estructural.
De acuerdo con lo que reveló sobre la reunión Alejandro Rosillo Martínez, maestro investigador del Posgrado en Derecho Humanos, el rector habría informado que la biblioteca y acervo del posgrado no podrían ocupar el tercer piso del CIIP, debido a cuestiones de seguridad estructural.
De hecho, el rector, en entrevista con los medios incluso señaló sobre el caso que ni los archivos ni bibliotecas deben estar ubicados en pisos superiores por seguridad estructural de los edificios.
La precisión hecha por el rector ante la queja de los alumnos y la comunidad universitaria huele mal y convenenciera.
Si la razón primera y única de la propuesta de mover la biblioteca es por motivos de seguridad, ¿por qué no se dijo eso en el comunicado del 2 de junio en el que solo aludieron al destino que tendría este recinto? El hecho de que exprese esta razón superior hasta ahora, alude a un motivo tardío que pareciera solo responder a que, ahora sí, hay voces que se levantan en contra de esta propuesta.
Quién sabe, quizá si nadie se hubiera quejado la propuesta seguiría siendo para apoyar al centro de emprendedores y no una solución urgente ante un problema de seguridad.
Otra cuestión preocupante del dicho del rector Alejandro Zermeño Guerra es la mentira implícita.
El rector afirmó en entrevista que ninguna biblioteca o acervo podría estar en plantas altas. ¡Ah caray!, habrá olvidado el rector que ¡la Biblioteca Pública Universitaria está en un segundo piso! Ah, ¿es que esa es una estructura antigua y sempiterna?, ¿entonces cómo explica el rector las instalaciones del Centro Integral de Aprendizaje de Matehuala (CIAM) ubicado en la Coordinación Académica Región Altiplano (COARA), que también tiene acervo e instalaciones en el segundo e incluso tercer piso?
Entonces para la rectoría no se pueden tener bibliotecas en segundos pisos, pero al mismo tiempo sí se tienen. ¿A caso es el edificio del CIIP otro fiasco estructural como el del edificio de ciencias del Pedregal, pero de este no quieren decir nada?, ¿o es acaso que las únicas bibliotecas que son susceptibles de ser movidas son aquellas cuyos espacios benefician a espacios promovidos por el gobierno del estado?
Las explicaciones del rector Zermeño Guerra y sus comunicados parecen quedarse cortas y dejar más dudas que respuestas.
¿Cuál sería la única explicación plausible con lo que ha ocurrido hasta ahora?
Dos son las posibilidades: o de manera unilateral la rectoría busca beneficiar un proyecto realizado en conjunto con la SEDECO del gobierno gallardista por razones desconocidas, o la oficina de vinculación de la universidad actuó sin avisar a la rectoría y decidió de forma sincrética desplazar a la comunidad de los posgrados para mejorar las relaciones con este centro de emprendedores.
La primera explicación, sería, por decir poco, ilógica. ¿Qué razón podría tener el rector Zermeño Guerra de quedar bien ante el gobierno cuando actualmente la administración estatal le adeuda 132 millones 477 mil 350 pesos a la UASLP? Ese dinero, que debe el gobierno aún ya que en mayo no pagó ni un quinto, podría resolver el tema de proyectos de infraestructura que tiene la universidad. Por tanto, a menos que el rector piense que se atraen más moscas con miel, no parece ser que el “quedar bien” a costa de la comunidad universitaria sea el motivo.
Entonces solo queda una explicación: la dirección de vinculación de la universidad parece tener una intención (ahora expresa) de crecer los dominios de su centro e invadir con la presencia de empresas privadas la división de posgrados.
Aunque esto no necesariamente le disgusta al rector; en entrevista esta semana, el propio Zermeño Guerra aceptó que la instalación de este centro de emprendimientos con empresas privadas en el CIIP, les genera un beneficio a los estudiantes, sí, pero también le genera un ingreso económico a la universidad.
“No vamos a tener una escuela privada ni mucho menos, los espacios que se les dan a esa gente que buscan el emprendedurismo, generan un ingreso para la universidad, como cualquier espacio que se renta”, dijo el rector.
Entonces, ¿ya salió el peine?, ¿será que la rectoría está dispuesta a retirar toda una biblioteca a cambio de tener más terreno que rentar y así conseguir más ingresos con empresas privadas?
¿Qué pensarán los estudiantes del posgrado si supieran que todo el fondo del asunto es expropiar su espacio de estudio e investigación con tal de extraer dinero del sector privado? Si tanta es la necesidad de dinero, ¿no sería mejor cobrarle al gobierno lo que se les debe?
Mientras la universidad resuelve en favor de sus intereses o el de los estudiantes, queda claro que la versión oficial y sus posturas sobre este tema no son suficientes para el grueso de los estudiantes del posgrado que temen por el destino de este centro y que han hecho sentir como víctimas de un abuso de poder más.
La universidad tiene la obligación de dejar sus inflexibles procesos de “crecimiento y desarrollo” y poner atención a lo siguiente: la mejor decisión de una universidad pública para crecer su historia es proteger y promover el conocimiento, no su bolsillo; si le ponen un “pero” a este principio, que se replanteen su trabajo y comiencen a redactar las cartas de renuncia.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
