Abelardo Medellín Pérez
Ser el benefactor (¿el Santa Claus, quizá?) de la población es altamente redituable cuando puedes presumirlo, cuando cada dádiva parece ser un favor, un rescate, algo que nadie había hecho antes; lo que no es igual de redituable, mucho menos satisfactorio, es cuando tu obligación de proveer y tu deber de ayudar se orientan a salvar instituciones impopulares para la población y poco aprovechables para tus fines políticos.
Esta semana, el gobernador sorprendió de forma muy disimulada, al revelar que su administración (de inicio) realizó un préstamo de 80 millones de pesos al Poder Judicial del Estado, para que este atendiera obligaciones laborales y pagara sus pendientes de cara al final del año.
El anuncio de este préstamo, se hizo de tal manera, que cualquiera podría argumentar que no le interesaba darlo a conocer: se hizo en la noche de fin de semana, lo informó la Secretaría de Finanzas a través de un insulso comunicado, dicho comunicado no incluía ningún dato del préstamo y en suma dicha información iba orientada a responsabilizar al Poder Judicial por haberse acabado su dinero.
No fue hasta el lunes de esta semana, que el gobernador reveló que el monto prestado al Poder Judicial fue de 80 millones, pero no solo reveló eso; en su declaración de este lunes, Gallardo Cardona reveló, con extrema imprecisión, que su gobierno ha solicitado cientos de millones de pesos para poder cubrir los préstamos que les han solicitado.
“Nosotros tuvimos que sacar prestamos quirografarios para pagar, no tengo la cantidad exacta; estuvimos pidiendo primero 100 [millones de pesos] y luego 100 y luego 200 para estarle haciendo frente a los problemas de todas las demás dependencias”, dijo entonces.
De igual manera, el gobernador aprovechó dichas entrevistas para criticar, sin haber sido cuestionado al respecto, los préstamos, igual de desconocidos, que extendió al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), el Colegio de Bachilleres (Cobach) y Telesecundarias.
Gallardo Cardona se ha limitado a decir que los entes acreedores de estos préstamos han sido irresponsables, los ha tildado de onerosos, el secretario general incluso llegó a señalar gastos ilegales, pero ninguno ha ahondado en el riesgo que significará que esta situación se repita el próximo año.
De acuerdo con los dichos desde el gobierno, el problema con las entidades que agotaron sus recursos, es que gastaban en cosas ocultas, reprochables, dudosas y moralmente criticables; sin embargo, parece que, aunque estén muy molestos con esos “gastos ocultos”, dichos gastos al final fueron cubiertos, porque al final terminó por dar más dinero.
¿Qué pasará el próximo año?, ¿qué pasará con el Poder Judicial, que simplemente se le terminó el dinero y para el 2023 tiene, virtualmente, el mismo presupuesto?, ¿no sería lógico pensar que ocurrirá lo mismo?, ¿qué pasará con sistemas como el de Telesecundaria, que el gobierno confía que será absorbido por la federación, pero no tiene certeza hasta ahora de que así sea?, ¿se arriesgará la administración a hacer recortes, abandonar asuntos en la cancha federal, negar aumentos solicitados y esperar a que el próximo año las dependencias no necesiten más recursos?
Este año, el primer año fiscal del gobernador, los entes a su cargo y un poder solo dependiente presupuestalmente, demostraron que la austeridad y el gasto concentrado en infraestructura, no son tan buenas ideas cuando no tienen planeado cómo sostener lo ya establecido. Puedes querer ahorrar tanto como puedas, pero si una parte de tu ahorro ya está reclamada en otro lado, no salvas nada, solo terminas por deber algo. Esa es la situación actual del gobernador Gallardo Cardona.
Creyó que el gasto público se podía manejar con voluntad y buenas intenciones, pero la realidad de administrar las instituciones de un entramado complejo, siempre termina por imponerse, tarde o temprano. Agradezcamos que fue más temprano que tarde.
Hoy el gobernador endeuda al estado día con día (cosa dicha por él), todo con la finalidad de cubrir pendientes relegados que los entes habrían solventado de haber obtenido los presupuestos adecuados cuando fueron solicitados, hace un año.
Como un punto a nuestro favor, cabría mencionar que esta apertura de otorgar recursos extraordinarios, es buena señal para el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), quien para 2023 tuvo un presupuesto 80 por ciento menor a lo esperado y al mismo tiempo tiene en puerta el inicio del proceso electoral 2024.
Por ahora, más allá de los pagos, el gran pendiente es saber de cuánto fue el golpe y a cuánto ascendió la sumatoria de todos los préstamos quirografarios solicitados por el gobierno; quizá dentro de seis u ocho meses, luego de que haya pagado los créditos, Gallardo Cardona descubra que gobernar no es tener a la menor cantidad de gente disgustada, sino tener la menor cantidad de gente necesitada.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
