Abelardo Medellín Pérez
Tener la intención de atender un problema y proponer una solución, solo es útil cuando se ataca al problema de forma integral, profunda y vertical; actuar para cubrir una parte parcial de la cuestión, es lo mismo que deshojar la hierba mala y dejar que su tallo crezca.
Este martes, el secretario general del Gobierno de San Luis Potosí anunció que, derivado del enfrentamiento armado entre criminales e integrantes de la Guardia Civil Estatal (GCE) del que resultó un oficial muerto, llegarían a la entidad potosina 200 efectivos del ejercito mexicano para apoyar en las actividades de seguridad en la carretera 57, entre los municipios de Villa de Arista y Guadalcázar.
Es comprensible que el gobierno busque resguardar a Guadalcázar, justo el municipio donde se registró el enfrentamiento, donde 4 días antes se detuvo a seis sujetos con armas de alto calibre y que, incluso, hace un par de meses registró una serie de balaceras sin saldo mortal.
Es entendible igualmente que el gobierno estatal pretenda fortalecer los operativos en Villa de Arista donde hace a penas unos días se detuvo a un grupo de sujetos que suplantaban a oficiales de la Policía Municipal, vistiendo uniformes y trasladándose en un vehículo identificado con los escudos de la extinta Policía Federal.
Lo verdaderamente inconcebible, es que la administración estatal, atienda estas dos demarcaciones e ignore que, durante su sexenio, el Altiplano se ha convertido en una zona de decenas de focos rojos que no se han volteado a ver.
Hoy el gobierno envía ayuda a esta zona, pero ser omiso en responder a los problemas del Altiplano profundo, convirtió al norte del estado en un suelo fértil para sembrar los grupos delictivos involucrados con los enfrenamientos que hoy cosecha la administración de Ricardo Gallardo Cardona.
Esta semana el secretario general de Gobierno condena la permisibilidad con que sujetos armados patrullaban Villa de Arista a bordo de lo que parecía ser una patrulla, reprueba que hombres perturben la paz del municipio de Guadalcázar y advierte que será necesario blindar las carreteras.
Sin embargo, a inicios de 2022, en el municipio de Matehuala se registró algo más que un simple grupo de hombres armados a bordo de una patrulla apócrifa; en esta demarcación, pobladores documentaron en video y de forma anecdótica a un grupo de hombres montados en una patrulla de la “Policía Metropolitana” que amagaron a golpes a un hombre, atacaron hasta la inconciencia a otro sujeto y abusaron sexualmente a una joven embarazada que terminó perdiendo a su bebé.
Tres eventos en menos de un mes, todos con evidencia documental y una secuela amarga para los matehualenses. ¿Qué hizo el gobierno ante tal situación? Nada. No hubo operativo especial, no se informó de ninguna investigación al respecto, no se explicó qué hacía una patrulla Metropolitana en aquella demarcación, ni siquiera se le pidieron explicaciones al alcalde matehualense Iván Estrada Guzmán, quien se limitó a cambiar el mando de la policía municipal y no volvió a tocar el tema.
Eventos similares se han registrado en el municipio de Cedral, donde jóvenes de los municipios circundantes saben que no pueden hacer viajes entre municipios por las noches de fin de semana, ya que corren el riesgo de encontrarse con retenes de hombres armados que “no son precisamente policías”, según relatan.
Hoy la solución para los municipios más cercanos a la capital es sumar elementos a los operativos de seguridad, aunque curiosamente hasta ahora nadie se ha atrevido a decir que el problema es falta de personal; de hecho, el propio secretario despotricó contra la justicia federal durante la entrevista que ofreció este martes y afirmó que el enfrentamiento de Guadalcázar se debió a que un juez de control liberó a seis integrantes del grupo delictivo vinculado con la delincuencia organizada.
Es cierto, atrapar a un criminal y que luego lo libere la justicia federal es un problema, ¿pero saben qué cosa es un riesgo latente aún mayor? El tener una zona del estado donde no se detiene a nadie y en consecuencia se les entrega el territorio.
Y no solo los criminales han aprovechado la ausencia de la intervención estatal en el Altiplano. El pasado 17 de octubre, un elemento de la Guardia Nacional que radicaba en Matehuala, le quitó la vida en un accidente al joven Leonardo Jacobo. Tras lo ocurrido, familiares denunciaron que el caso no fue tratado de forma adecuada por la Fiscalía General del Estado y dijeron temer por la impunidad en que quedaría el responsable de la muerte del joven.
Si bien es loable el proyecto de reforzar la seguridad del Altiplano en algunos de sus municipios recientemente más problemáticos, sin embargo, parecería ser poco equitativo el atender a los más mediáticos de inmediato y relegar al resto de las demarcaciones con el argumento de “los alcaldes deben ocuparse de ello”.
Esta semana, una parte del Altiplano obtendrá un bono de efectivos para resguardar su territorio; mientras tanto, el resto del Altiplano continuará como hasta ahora: violento y olvidado.
Del efecto cucaracha loca, ni hablar.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
