Abelardo Medellín Pérez
“Lo que no se nombra, no existe”, dice un viejo dogma filosófico sobre la importancia de poner en palabras aquellas cosas que, sin el sustrato que da la oración, no tendría consecuencias ni implicaciones.
El no nombrar las cosas, sin embargo, no las desaparece, ni las hace humo. Uno puede no darle nombre al agua que cae del cielo (lluvia) y de todas formas mojarse. Uno puede negarle el título a la luz que desprende la leña (fuego) y aún así quemarse. Uno, pese a todas las buenas intenciones, puede negarse a decirle homicidio al homicidio y aún así vivir en un estado violento, como lo es el de San Luis Potosí.
El actual gobierno de San Luis Potosí, liderado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, es un experto en las oscuras alquimias de la palabra y sus deformaciones.
En el actual régimen gallardista, lo que convencionalmente es llamado “despensa” y significa “dádiva”, es conocido como “beca alimenticia” y refiere a un “programa social” con alcances milagrosos. En este gobierno, lo que técnicamente es un adorno costoso e inútil, es calificado como un “puente colgante” que hace a los autos más veloces (no lo digo yo, lo dijo el propio gobernador). La administración estatal de San Luis Potosí, tiene tanto poder con su palabra que un día las obras por la construcción de la Arena Potosí no son obras en realidad, pero al día siguiente (cuando el jefe concede) resulta ser que sí hay obras y llevan meses realizándose.
De ese tamaño los artificios cabalísticos del gobierno de San Luis Potosí; pero ahí no paran.
Una cosa es trasmutar el verdadero nombre de la cosa pública, pero otra muy distinta, es negarla para que no te afecte. Y la desaparición u ocultamiento de lo factual, parece convertirse en la solución predilecta de este gobierno ante las crisis ineludibles.
Este martes 16 de mayo, se reportó la desaparición de un autobús tripulado por 50 migrantes y dos choferes de origen mexicano en algún punto de la carretera entre Matehuala y Saltillo. Horas después, se reportó por igual el hallazgo de 9 de los tripulantes de dicha unidad, quienes confirmaron haber sido plagiados.
El hecho es preocupante; esta es la segunda ocasión en este año que se registra un secuestro masivo de personas en situación de migración en la carretera 57 y en las inmediaciones del municipio de Matehuala.
Lo que es peor; los casos de secuestro de migrantes en el altiplano potosino llevan ocurriendo desde hace al menos tres años de forma grupal, pero la solución de las autoridades hasta ahora ha sido prometer más patrullajes y atiborrar de retenes una carretera que es imposible de blindar.
Así como los casos de privación de la libertad de migrantes, la actitud indiferente de la autoridad ha sido sostenida durante esta administración.
En el caso de desaparición de migrantes de abril pasado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona pidió a su gabinete de seguridad que ofreciera una rueda de prensa en la cual no se pudo explicar lo ocurrido y la cual utilizó para intentar eludir el tema.
El gobernador decidió salir, de forma dolosa, del lugar donde se ofreció la rueda de prensa por aquel caso. Quizá el gobernador de San Luis Potosí es mejor para ofrecer espectáculos innecesarios que para dar malas noticias; o quizá esa era su manera de negarlo todo.
El caso se repite ahora. Mientras que todas las autoridades en materia de seguridad del estado de Nuevo León concuerdan en que el secuestro de los migrantes ocurrió en territorio potosino, la Fiscalía General del Estado, a cargo de José Luis Ruíz Contreras, decidió no mencionar en sus dos boletines girados a medios el importante detalle de que los secuestros ocurrieron, según la versión oficial, en territorio potosino.
El ejercicio de ocultamiento y omisión de información fue más allá; el gobierno del estado, convirtió al Fiscal en un vocero de la situación de seguridad y circuló en sus grupos de difusión la entrevista que el fiscal Ruíz Contreras dio a una cadena nacional, como para asentar la versión oficial del gobierno potosino: “estamos enterados de todo, estamos en plena disposición de ayudar… pero no reconocemos la comisión de ningún delito en territorio potosino”.
Tan alto y indolente es el cinismo de la autoridad, que la FGE se atrevió a disculpar al territorio potosino de todo ilícito con el párrafo que en su boletín versa:
“Aunque el suceso ocurrió en Nuevo León, hoy las diversas corporaciones potosinas están al pendiente para brindar información y el apoyo que sea necesario”.
¿Por qué la imperiosa necesidad de omitir que el principal hecho delictivo ocurrió en San Luis Potosí?, ¿qué necesidad hay de ignorar información que fuentes, igual de oficiales, ya confirmaron?, ¿cómo se sentirán seguros los ciudadanos potosinos al saber que delitos tan graves como el plagio de migrantes, ocurren y luego son negados por quienes deberían atenderlos?
Imaginemos que mañana aconteciera una calamidad terrible en San Luis Potosí, pero la única autoridad obligada y facultada para intervenir decide borrar todo reconocimiento del hecho. Un feminicidio, el agravio contra un menor, un desastre natural que cobre varias vidas, un enfrentamiento que deje múltiples víctimas colaterales… todas son tragedias que podrían ocurrir en cualquier momento y que podrían ser omitidas de la historia con tal de no manchar el “mundo feliz” que intenta inventarse el gobierno del estado.
Mañana tú, que lees esto, podrías ser una víctima o alguien cercano a ti podría serlo y, ¿adivina que? La administración del auto nombrado “padrino”, preferiría negar lo que te pasó, antes de reconocerlo, atenderlo y ayudarte.
No solo eso. La incapacidad de la autoridad por darle nombre a “la cosa”, trae un riesgo mayor a largo plazo: el no tener antecedentes para nuevas políticas preventivas y reactivas.
Si las autoridades en materia de seguridad no aceptan que hay un problema (además tan grave como el reiterado secuestro de migrantes), significa que sus políticas públicas para atender esa situación, podrían ser negligentes, insuficientes y no tener ningún interés real detrás de ellas.
En consecuencia, sin interés real y sin antecedentes claros, toda estrategia en materia de seguridad del actual gobierno, que pretenda evitar que ocurran casos como los que han acontecido, se convierte en una simulación burda.
El gobierno no lo nombra y en automático debe ser problema de alguien más. Pues no. Los secuestros ahí están, las bandas delictivas dedicadas a estos plagios (reconocidas afirmativamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador) ahí están, los múltiples migrantes víctimas de delitos varios ahí están… todo está ahí, aquí, en San Luis Potosí. Existen, aunque el gobierno no las reconozca, sin embargo, esa ignorancia cómoda solo augura dos cosas: los secuestros volverán a ocurrir ante la falta de atención seria y el ejecutivo estatal mantendrá su insistencia por tener problemas innombrables.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
