Abelardo Medellín Pérez
En vísperas de la conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (este viernes 25 de noviembre), la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se revela a sí misma como una institución que no sabe o no quiere, atender sus muy dolosos pendientes con la reparación del daño de sus víctimas y la sanción contra los agresores que ha cobijado.
Este 23 de noviembre, la UASLP difundió un comunicado en el que ventila la existencia de un documento, fechado al 20 de septiembre del 2022, a través del cual la universidad declaró la “no aceptación” de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alusiva a un caso de agresión sexual que ocurrió en un auditorio de esta casa de estudios. La agresión, perpetrada por quien fuera entonces el chofer particular del ex director de la Facultad de Derecho; la víctima, una docente de la misma Facultad cuyo proceso para buscar justicia se ha convertido en un largo calvario sostenido por la indolencia de la universidad.
La recomendación 160/2022 que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la universidad, apunta a que la máxima casa de estudios potosina dio un “cumplimiento insatisfactorio” de dos de los puntos contenidos dentro de la recomendación 7/2020 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
De forma muy sintética, y siendo poco justos con la complejidad del problema, podemos resumir las precisiones de la recomendación en lo siguiente: la universidad no cumplió con lo referente a la reparación integral del daño, puesto que no ayudó a la reintegración adecuada de la docente a sus labores frente al aula, y por otro lado no cumplió con lo referente a la investigación interna de lo ocurrido, dado que hasta ahora, los rectores y autoridades encargadas se limitaron dolosamente a solo “girar órdenes” vacías que poco aportaron a esclarecer el tema o sancionar al agresor.
Tales fueron las omisiones durante más de cuatro años, que la CNDH incluso apunta en uno de los puntos recomendatorios, que emprenderá una denuncia, en coordinación con la Contraloría General del Estado contra una serie de autoridades involucradas en el caso y en las omisiones, entre las que aparecen figuras como el actual rector, Alejandro Zermeño Guerra.
Con todo esto, con las pruebas, con todo y el incumplimiento, con las omisiones, con todo y la amarga experiencia personal que ha tenido la víctima con el entramado burocrático de la universidad, con todo eso a cuestas, la universidad se tomó la liberta de “no aceptar” la recomendación, decir que la CNDH fue arbitraria e incluso asegurar que la Comisión rayaba en la ilegalidad y actuaba fuera del protocolo.
¿Cómo hizo la universidad para llegar a tal punto?, fácil, valiéndose de la apática táctica de los tecnicismos.
La universidad no niega el haber sido omisa en restituir su puesto a la víctima, solo justifica su corto actuar al decir que siempre se protegieron sus derechos laborales, aunque fue cambiada de labores mientras se investigaba el tema. La universidad afirma que las razones de la CNDH están infundadas, que su normativa no les da la razón para tratar la impugnación que motivó la recomendación, sin embargo, no niegan las deficiencias en el proceso de la investigación interna del caso que terminó por dejar impune al trabajador responsable de una agresión sexual.
En su documento, la universidad acusa que la CNDH incumple con los extremos dispuestos con preceptos como los dispuestos en el artículo segundo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el artículo 159 de la Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin embargo, pasa por alto que, justo en el contenido integro de esos artículos, hay precisiones normativas que permiten a la comisión, efectivamente, actuar en este asunto que la universidad desestima.
Algunos dirían que es un apego estricto a la ley, pero otros podrían aludir a que esto parece más una argumentación selectiva y convenientemente miope.
Actualmente, tal como informa en su comunicado la propia universidad, solo después de que la CNDH revise el oficio de “no aceptación” formulado por la universidad se sabrá a quién asiste la razón en este caso. Mientras tanto debemos insistir en esto: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, prefiere poner en duda una recomendación nacional en materia de derechos humanos y decide desestimar el mejor interés de una mujer víctima de violencia sexual, antes que hacer una revisión introspectiva de su actuar.
Esta negativa a atender la recomendación nacional, o por lo menos hacer un esfuerzo criticable por evitarla, contrasta de forma triste con las promesas que hizo Zermeño Guerra (actual rector) en lo referente a la eliminación de violencia hacia las mujeres.
En febrero de 2020, cuando Zermeño Guerra apenas era postulante para la rectoría de la universidad, en entrevista con Astrolabio Diario Digital afirmó que uno de los problemas principales que identificaba eran los casos de hostigamiento y acoso hacia las mujeres al interior de la autónoma.
En ese entonces, el hoy rector aseguró que buscaba que, en casos de acoso, se aplicara “un reglamento serio, formal y fuerte”. Hoy, en perspectiva, al ver en lo que ha degenerado esa promesa, valdría la pena agregar algunos calificativos.
Sí, serio, formal y fuerte, ¿pero qué tal humano, qué tal con perspectiva de derechos humanos, qué tal con aplicación del principio pro persona?, ¿qué tal si dejamos de proteger formas y comenzamos a considerar mínimamente el interés de las víctimas?, ¿qué tal si protegemos a quienes han sido vejados pensando en sus condiciones y no en nuestra circunstancia?
¿Es mucho pedir?, porque bastaría con informar a los alumnos lo que ha ocurrido en este caso para luego preguntarles si les sorprende. Si se sienten seguros.
Una mujer agredida sexualmente al interior de la UASLP pide justicia, la justicia tarda, no se reparan los daños, va a otra instancia, la universidad no responde, busca otra más, la universidad continúa igual, la víctima termina por recurrir a instancias nacionales y la universidad responde con un serio, formal y fuerte tapar de oídos y cerrar de ojos.
Esa es la experiencia institucional para tratar casos de violencia hacia la mujer con la que, la UASLP, llega al 25 de noviembre. Antes técnica, renuente y dura, que humana.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
