Abelardo Medellín Pérez
Cuando un gobierno es la suma de sus individuos, el resultado es un gobernante con legitimidad, que se comunica efectivamente, que decide en favor del bienestar general y por igual se consigue una sociedad participativa, que es escuchada y cuyos derechos son protegidos por la autoridad; cuando el gobierno, en cambio, es visto como una maquina de generar bienestar, su gasolina es la indolencia y su producto solo beneficia a quienes operan desde arriba.
La última semana el gobierno del Estado de San Luis Potosí tuvo la inigualable oportunidad de, habiendo superado la feria, el regreso a clases y las giras internacionales, resolver de fondo el tema de los despidos que la administración de Ricardo Gallardo Cardona emprendió contra los trabajadores sindicalizados del poder ejecutivo.
Primero, trabajadores del Sistema DIF Estatal se manifestaron en las oficinas de la dependencia donde exigían que se les reintegrara a su trabajo y se cumplieran los acuerdo pactados; luego, tras el regreso del gobernador al país el lunes pasado, trabajadores agremiados al SITTGE se manifestaron en cada uno de los eventos públicos a los que asistió el gobernador, para exigir solución y diálogo en favor de aquellos que fueron cesados de sus trabajos.
El gobierno, como otros antes que él, se confronta ahora con las nada comprensibles fuerzas sindicales del ejecutivo que, con instrumentos anticuados como la manifestación y la ocupación, buscan que la administración devuelva a los trabajadores los puestos de trabajo que perdieron.
Ante las movilizaciones, los desplegados y los plantones, ¿cuál fue la salida que eligió el gobierno? La más usual de todas: la llana carencia de empatía.
Gallardo Cardona permite (imaginando que hasta en eso puede dar concesión) que manifestantes entren a sus eventos y luego dice que los trabajadores de gobierno “no tienen la culpa”, para después etiquetar a los liderazgos sindicales de ser los malos en una historia que tiene malas intenciones por todos lados. El gobernador elige culpar a los liderazgos y enaltecer a los trabajadores, porque cree que puede evitar confrontaciones con quien bloquee calles y al mismo tiempo evitarse los diálogos con quien toma las decisiones al interior del sindicato.
La presidenta del Sistema DIF, Ruth González Silva, no se queda atrás; al preguntarle llanamente sobre las novedades en el caso del plantón de ex trabajadores del DIF que ocuparon la calle frente a sus oficinas, la presidenta se limitó a decir que “ahí siguen”, como si ese grupo de personas preocupadas por la vulneración de su derecho a laborar, se hubieran convertido en un elemento inerte del paisaje que es reconocido como adorno y ya no tanto como una incomodidad. Por si la frase no fuera suficiente, la presidenta afirmó que, como titular del DIF, ha decidido no reunirse con los trabajadores que la dependencia retiró, sino hasta que tenga oportunidad de reunirse primero con la lideresa sindical, ¡como si la afectada fuera la lideresa y no la gente que espera por respuestas afuera del edificio!
En un sentido similar, el gobernador expresó este mismo martes 13 de septiembre que no tenía conocimiento de la ocupación de las Oficinas de Finanzas en Palacio de Gobierno en las que un grupo de ex trabajadores decidieron pernoctar con todas las complicaciones que eso suponía; sobre el caso, Gallardo Cardona solo comentó que los trabajadores ya sabían que serían despedidos y aprovechó para justificar los despidos diciendo que antes la gente emprendía practicas ilegales como el coyotaje, cosa que es un problema gravísimo para el gobernador… cuando la gente que lo hace no es su gente.
El gobernador presumió el desconocimiento de una exigencia sindical que por fuerza debía ser de su interés; ordenó al oficial mayor de gobierno para que mandara un boletín donde reprobaba la manifestación y llamaba a la ocupación pacífica; ignoró que la seguridad de Palacio evitó que los manifestantes pudieran recibir alimento y agua, y pese a todo ello, el jefe del Ejecutivo solo ratifica la actitud que hasta ahora ha sostenido con las organizaciones: ignorar el problema, esperar que estalle, intentar calmarlo y repetir.
Este tipo de declaraciones allende de sorpresivas, son comunes en el argot del gobierno estatal. A inicios de este año, luego de que se revelara un video donde un trabajador de la Oficialía Mayor acudió a las oficinas del Archivo Histórico para notificar a trabajadores despedidos, el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que ese video era “una opinión” y negó que los despidos se hubieran dado como se aseguraba. Hoy ya no ocultan tras la excusa la obviedad de estos ceses, sino que los justifican tras la máscara de la optimización de las dependencias.
Este profundo desinterés por los trabajadores que han sido removidos de sus puestos debe ser por mucho la política pública más constante del actual gobierno; una decena de dependencias sufrieron recortes que dieron pasos a plazas frescas, una gran parte de los despedidos fueron sindicalizados, se justificaron los despidos con la “reestructuración” de todas las áreas, se contrataron nuevos trabajadores en estos puestos libres y, como toda política del actual gobierno, las consecuencias no figuraron en el balance de resultados.
La completa apatía que este gobierno ha utilizado para abordar la problemática de los trabajadores cesados, hace pensar que sería casi nulo el respeto que podrían tener contra cualquier otro grupo social que no les sea políticamente conveniente. Y el problema de cuando se agota el respeto, es que la única alternativa es la violencia y justo por eso es que la noche de este martes un grupo de manifestantes terminaron por forcejear con elementos de la Guardia Civil del Estado en un intento por tirar la barricada que rodea Palacio de Gobierno.
Indolencia. Esa es la bandera con la que ha navegado hasta ahora la actual administración, entre la tormenta de conflictos sindicales en la que se embarcó el día que decidieron abrir el botín de la nómina a punta de despidos; hoy, la tormenta y el botín, parecen más chicos, pero a la distancia y con cada declaración y amenaza, la indolencia se hace más grande.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
