Abelardo Medellín Pérez
Un viejo dicho de estatistas afirma que la política es el arte de sortear inconvenientes, tragar sapos, tener a todos enojados, pero no al mismo tiempo; justo por eso, quien sea que llegue a un cargo público debe tener, o la piel muy gruesa y el coraje bien acomodado, o un plan B para deslindarse de responsabilidades. Esta semana el gobernador de San Luis Potosí demostró que solo carga consigo lo segundo.
La semana pasada, San Luis Potosí se volvió nota nacional al ser el epicentro de una decena trágica de delitos como secuestro, extorsión, robo y trata de indocumentados, cometidos contra connacionales y un grupo (según la versión oficial) de más de 50 migrantes, en su mayoría venezolanos.
A estas alturas, con los rescates concretados y muchos de los migrantes ya en estado de tránsito libre nuevamente, solo queda mencionar sobre aquel operativo que fue peligrosamente desaseado y desorganizado en lo que refiere a informar puntualmente sobre lo ocurrido. Tanto medios nacionales como estatales publicaron cifras confusas que ni la versión oficial pudo aclarar y hasta el día de hoy, todavía se pone en tela de juicio la numeralia que ha revelado la Fiscalía General del Estado.
Para el gobernador de San Luis Potosí, todas las crisis se atienden igual: quitándose del camino y dejando el asunto, si no en manos más capaces, al menos en otras que no sean las suyas.
El mismo día en que se anunció a nivel nacional la desaparición de una camioneta con pasajeros que salió de Guanajuato, fue el último día que Ricardo Gallardo Cardona apareció públicamente. El gobernador, no volvió a aparecer públicamente hasta cuatro días después, cuando las víctimas ya habían aparecido.
Desde antes de que el gobernador volviera de su desaparición conveniente, la FGE de San Luis Potosí ya había preparado el terreno y se había adelantado con aquella actividad que el gobernador tanto disfruta y con la que siempre inicia sus acciones de gobierno: repartir culpas para afuera.
En el boletín oficial de la Fiscalía General del Estado, sin siquiera tomarse la molestia de explicar más allá de cualquier duda lo que habría ocurrido en suelo potosino, se tomaron la molestia de agregar un claro deslinde en el que señalaban que los delincuentes que habrían perpetrado los secuestros y delitos registrados la primera semana de vacaciones, eran de Dr. Arroyo, Nuevo León, pero no de San Luis Potosí. La fiscalía, disculpó al territorio potosino de responsabilidad; como si su trabajo fuera ablandar la versión oficial para las autoridades potosinas y no investigar lo que realmente pasó.
Sí, la Fiscalía hizo un trabajo maravilloso al planchar el terreno y prestar una excusa, pero todavía faltaba escuchar la versión de palacio.
Del amplio repertorio de argucias y artificios políticos que existen para evitar que una crisis cimbre tu credibilidad y tu gobierno, el más socorrido (quizá por simplón) en la actual administración es el muy popular y siempre útil “chivo expiatorio”.
En la tradición semítica, se le conocía como chivo expiatorio al, literal, chivato sobre el cual el pueblo judío descargaba sus propias culpas y así transitaban sin el pesar de sus pecados.
En la tradición política, el chivo expiatorio es el personaje de relevancia y responsabilidad públicas, que pueda ser objeto de inculpación, con la finalidad de disculpar a los verdaderos responsables.
El actual gobernador de San Luis Potosí, ha demostrado ser un excelente ganadero al momento de elegir chivos expiatorios de primera calidad. El gobernador potosino sabe, como buen ganadero caprino, que un buen chivo expiatorio debe ser: en primera, alguien que se deje; en segunda, que no sea relevante para tu proyecto político; en tercera, que su sacrificio beneficie a tu proyecto político; en cuarta, que sea tan lejano a ti que su desangramiento no te salpique; en quinta, que su capacidad política no le permita levantarse de lo que estás a punto de hacerle.
¿Y a quién eligió Gallardo Cardona como chivo canalizador de los pecados del gobierno del estado?, ¿eligió acaso al nuevo delegado de la Fiscalía de la República dado que los delitos cometidos son de su jurisdicción? Claro que no, incluso lo justificó y defendió al decir que, como el delegado federal es nuevo, lo agarraron en mal momento, no pudo ser su culpa, él acaba de llegar. ¿Acaso señaló y sacrificó a las autoridades de las fuerzas castrenses de la Guardia Nacional que tienen responsabilidad y jurisdicción en la carretera donde ocurrieron los delitos? Pues claro que no, Gallardo Cardona prefirió defender también a las fuerzas federales y aceptar que han acudido a ellos cuando tienen necesidad.
No. Pese a toda apariencia, el gobernador no es tonto, él conoce bien el resultado de intentar escupir a los de arriba. ¿Qué dice la lógica más elemental entonces? Busca un chivo expiatorio entre el ganado de más abajo.
En lugar de criticar y hacer un llamado necesario a las autoridades federales con responsabilidades en este desastre migratorio, el gobernador prefirió, en su primera entrevista luego de la crisis, señalar que el blanco de las responsabilidades sería el alcalde de Matehuala, Iván Estrada Guzmán.
¿Por qué Iván Estrada? Pues el gobernador afirmó que el alcalde sería investigado por sus omisiones y así lo secundó el fiscal general, José Luis Ruíz Contreras, cuando afirmó en rueda de prensa este lunes 10 de abril que las omisiones de la autoridad municipal serían una línea de investigación en la carpeta por los hechos de la semana pasada.
Sí, claro, omisiones, pero ¿qué fue en realidad? Resulta que Iván y su gobierno municipal cumplen con todas las características de un buen chivo expiatorio en engorda. Uno, es alguien que se va a dejar, no tiene presencia política para hacerle frente al gobierno estatal. Dos, no figura en el proyecto del gobierno estatal, todo lo contrario, es un alcalde del PAN, no del PVEM; en consecuencia, se cumple la tres, sacrificar la carrera política de Iván Estrada cargándole la culpa por lo ocurrido, hace más probable que el Partido Verde y el gobernador puedan poner al próximo alcalde en este municipio. Cuatro, Matehuala es un proyecto tan lejano y por el que el gobernador ha metido tan poco las manos, que sacrificar la estabilidad de su ayuntamiento nunca sería visto como un fracaso del gobierno estatal, sino una consecuencia trágica de los malos manejos del gobierno municipal (aunque no sea cierto). Quinto, con amenazas de investigación, acusaciones de colusión, denuncias de omisión y rayando en señalamientos de corrupción, cualquier alcalde preferiría replegarse antes de defenderse.
Iván hizo la movida lógica: pidió clemencia. Un día después del inicio de la “fiesta del chivo expiatorio” de parte del gobernador, Iván Estrada lanzó un comunicado en el que, sí le volvió a jurar lealtad al gobierno estatal, pero también aprovechó para decirles una verdad que el gobernador intenta hacer pasar desapercibida: Matehuala, pese a ser uno de los 5 municipios más grandes del estado, no tiene la capacidad técnica ni logística para atender delitos como la trata de migrantes o el plagio en carreteras que, de paso, son delitos del fuero federal.
¿Cómo es posible que el comandante de la Guardia Nacional en San Luis Potosí diga el lunes que los migrantes “simplemente se les escaparon” entre los retenes y el gobernador el martes lo defienda, pero si el alcalde de un municipio afirma que no tenía capacidad para atender esos delitos se le condene por omiso y por no haber hecho lo suficiente?, ¿el gobernador entonces es más comprensible con la Guardia Nacional que con el estado enclenque de fuerza que pueda acumular un municipio?
Claro que lo es, porque el gobernador no busca quien se la pague, sino a quién echarle toda la culpa posible. Gallardo Cardona no puede señalar a los verdaderos omisos (GN y ejercito) porque sería lo mismo que criticar a las dos fuerzas preferidas del presidente de México y, como ya dijimos, no es tonto.
Tampoco quiere reconocer que, en su territorio, especialmente en el olvidado altiplano, durante años se han cocinado a fuego lento bandas dedicadas al secuestro y extorsión de migrantes, porque ningún gobernador en su sano (y sucio) juicio aceptaría tener un potencial riesgo hacia los migrantes en su territorio, menos después de lo que ocurrió hace unas semanas en Ciudad Juárez, donde 39 migrantes perdieron la vida y al menos 29 resultaron lesionados tras un incendio en un centro de detención.
No, el gobernador no estaba dispuesto a acusar con verdad o reconocer con pesar, él prefirió culpar con dolo y saña.
Sin embargo, este caso no concluyó, como otros, con la repartición de culpas. La seriedad de un revelador operativo que desnudó el descuido en que se tiene al altiplano, exigió que el gobierno comenzara a hacer rodar cabezas.
Claro que hubo detenidos, pero estos figuraron tan poco que no eran material para presumir acciones concretas. Claro, había una “línea de investigación” contra las omisiones de la autoridad municipal, pero así como el gobernador no es tonto, el fiscal Ruíz Contreras no carece de profesionalismo; esa línea de investigación tardaría un poco más de lo necesario.
El gobernador Gallardo Cardona decidió entonces que era hora de ensayar un golpe de estado suave en Matehuala. Ya tenía sitiado y amenazado al alcalde, ahora había que cortar una cabeza; pero ir por la del alcalde sería un movimiento aparatoso, injustificado y altamente ilegal. Había que emprender un cercenamiento que se sintiera como necesario, justificado y potencialmente alabado.
El gobernador (y así lo aceptó en una entrevista posterior) ordenó una revisión a la comandancia de Matehuala luego de lo ocurrido con los migrantes. Dicha inspección derivó en la detención del director de Seguridad Pública matehualense Francisco Eduardo Moreno Rosales y tres elementos más de la corporación, por la supuesta posesión de lo que parecía ser droga.
Dos cosas resultan sospechosas de este hecho: si bien hay registro de otras inspecciones en comandancias de municipios que resultaron en detenciones de policías (Mexquitic de Carmona y Tierra Nueva, como ejemplos) en esos casos el problema era la falta de certificación de los policías o irregularidades en las comandancias. En el caso de Matehuala, el propio Vocero de Seguridad aceptó que, entre la centena de elementos, no hubo ninguno que estuviera fuera de regla o no cumpliera con lo indispensable, por lo que resulta sospechoso que en una comandancia que se reporta como adecuada después de la revisión haya saltado tan de repente la posesión de droga.
En segundo lugar, resulta igual de preocupante que en pasadas revisiones, incluso en aquellas que derivaron en detenciones, las autoridades municipales no recibieron quejas como las que sí expresaron un grupo de 25 policías matehualenses, quienes, ante la cuarta visitaduría de la Comisión Estatal de Derecho Humanos (CEDH), denunciaron que los elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) les apuntaron con armas de fuego durante la inspección e incluso les retiraron sus celulares.
Para el ojo impresionable, la avanzada contra el municipio de Matehuala reveló omisiones, colusiones y la irresponsabilidad de los funcionarios públicos de este municipio, pero esta visión ignora las imprevistas y arbitrarias actuaciones de la administración que parece tener más intereses por achacarle la responsabilidad a un tercero y sofocar el tema con un simulado combate a los inculpados.
Esta crisis ha revelado que el gobernador, aparentemente plenipotenciario, sangra culpas y exuda miedo cuando corre riesgo su imagen pública. Hoy, queda al descubierto que el animal político conocido como “el pollo”, cuando está bajo asedio, no picotea, sino que cacarea: “no fui yo, fue el chivo”.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
