Abelardo Medellín Pérez
Los comentarios y críticas de quienes integran los gobiernos que nos representan, suelen ser piedras angulares de las decisiones que guían un estado y muchas veces influencian (cuando tienen suficiente atención) la opinión pública; las opiniones informadas, construyen ciudadanía, pero las calumnias ocurrentes atentan contra la estabilidad de todos los estratos.
Esta semana el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, sumó un nuevo elemento a la narrativa de la “herencia maldita”. Según el gobernador, Banorte habría otorgado a los gobiernos anteriores el beneficio malicioso de contratar y colocar en puestos directivos a los hijos de ex secretarios de Finanzas (de todos los secretarios).
Tras el anuncio respecto a que el gobierno buscaría rescindir la relación entre la administración estatal y Banorte, este lunes el gobernador aseguró que buscarían diversificar las cuentas y aprovechó para acusar que los gobernadores anteriores, habrían privilegiado la contratación de los servicios de esta institución bancaria, a cambio de que fueran beneficiados los hijos de ex titulares de la SEFIN.
La acusación por si sola levanta alarmas y un par de cejas, pero las pruebas que presentó provocan lo contrario. Porque, como quien trae a colación un chisme o trascendido, el gobernador amparó estos señalamientos sobre su llana palabra y no pudo ni precisar cuáles eran los hijos de ex funcionarios que habrían sido beneficiados.
Lo que es más sospechoso: el gobernador, segundos después de haber acusado a un banco de participar en un claro conflicto de intereses con el gobierno, dio dos pasos atrás, pensó mejor lo que acababa de decir y remató sus críticas con un: “Yo he respetado mucho las decisiones que ha tomado Banorte […] no nos vamos a meter nunca en el tema de cómo manejan los temas del banco”.
Horas después de las declaraciones del gobernador, Daniel Pedroza Gaitán, ex secretario de finanzas en los tiempos de Juan Manuel Carreras, salió a dar una explicación sobria y directa sobre dónde están y qué han hecho sus hijos los últimos años. Las pruebas que pesan detrás de los hijos de Pedroza Gaitán los respaldan. ¿Será que respaldan a todos?, ¿y si en realidad sí hay uno o dos hijos de la “herencia maldita” que se han beneficiado laboralmente de los cargos de sus padres en el gobierno?, ¿sería esto nuevo?, ¿era motivo suficiente para rescindir la relación con ese banco?, ¿qué no todo esto era porque Banorte había retenido participaciones federales?, ¿cuándo se volvió esto un problema de hijos, padres y nepotismo?
Solo el gobierno en turno podrá, a futuro, mostrar el por qué decidieron sostener estas acusaciones, cómo probarlas y con qué solucionarlas. Lo interesante en el fondo del asunto es lo revelador de una movida como esta.
La crítica contra (supuestos) hijos de ex secretarios beneficiados por el banco, revela un importante modus operandi detrás del cómo se gobierna actualmente el estado.
El gobierno de Gallardo Cardona, no se basta a sí mismo. Al gobierno actual, no le basta el respaldo que obtuvo con los 458 mil 156 votos que obtuvo en la elección del 2021, ni confía en un proyecto que, según el propio gobernador, se ampara en el espíritu del progreso y la construcción de un nuevo San Luis Potosí; no, el gobernador y su gente (que no tienen de otra más que seguirlo) necesitan justificar cada acción bajo la excusa simplona de que el anterior lo hizo mal e incluso lo hizo ilegal.
Dejando por fuera aquellos temas que han ameritado justas investigaciones y que llevan su curso actualmente, una gran parte de los señalamientos que el gobernador suele sostener en la arena pública, con el tiempo y ya a la distancia, pierden su peso, su credibilidad, se tiznan por falta de seriedad y terminan por perderse en la leyenda negra de la “herencia maldita”.
El problema con esta campaña de sembrar difamaciones para cosechar justificaciones, es que el gobernador cree que todo descontento es manejable… pero no lo es cuando el pueblo pone su resentimiento como catalizador de sus exigencias.
En un estado funcional, los ciudadanos exigen que se les otorguen beneficios gubernamentales, porque comprenden de forma bidireccional la relación entre las obligaciones de la administración pública y las responsabilidades y derechos de los que goza cada individuo. Sin embargo, si se les educa para creer que los errores de los gobernantes y los consecuentes descontentos sociales son el motor que cumple los deseos de la cosa pública, entonces siempre buscarán a un sujeto de su odio que pague por lo que les hicieron y por lo que no; y el problema de iniciar con una cacería de brujas que genera rendimiento, es que cuando se acaben las brujas que quemar, la multitud no dudará en quemar al verdugo.
Esta no es una advertencia, es una promesa firmada en el contrato social que adquirimos todos cuando nos volvemos ciudadanos: si nuestros representantes convierten a la ciudadanía en un hervidero de enojos que solo consigue resultados cuando toman preso a un chivo expiatorio, esa misma ciudadanía no dudará en convertir a quien sea en ese chivo expiatorio.
Si el gobierno cree que con un par de parques, eventos y regalos se compra el control sobre la gente, quizá eso baste para unos cuantos meses, pero no bastará cuando la balanza de prioridades se ponga en su contra y el dinero ya no alcance.
En este gobierno no se entrega una despensa, sin mencionar el abandono. No se pavimenta una calle, sin evocar los ex funcionarios que evitaron el progreso. No se visita una comunidad, sin antes repasar los años que otros gobernadores no visitaban el lugar. No se emprende una campaña social, sin dejar en claro lo caritativo que es el gobierno al hacerlo. No se invierte en seguridad, sin explicar que la inseguridad de hoy, es por culpa de los gobiernos de ayer. La administración gallardista, entonces, no da paso sin calumnia.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
