Abelardo Medellín
El gobierno del Estado de San Luis Potosí ha aceptado durante los últimos dos días su incapacidad de combatir el problema de inseguridad en el estado y, sin ocultar su intento de deslinde, se ha mostrado dispuesto a inyectar en las calles un poderoso catalizador para aumentar la violencia a cambio de parecer activamente interesados: más fuerzas armadas.
Durante la última semana, y especialmente el fin de semana del primero de octubre, se presentaron en la capital potosina todo tipo de eventos violentos que revelaron el claro deterioro que cargan consigo las estrategias convencionales de seguridad; ejecutados, secuestros, toma de represalias contra ciudadanos, hallazgos de cuerpos, enfrentamientos, narco videos y recientemente quema de vehículos.
Tantos hechos y de tan diversas índoles, obligaron a la autoridad estatal a aceptar que efectivamente existen grupos delictivos en territorio potosino e incluso se informó que le norte de la capital es un “punto caliente” que concentra una disputa de cárteles.
Ante las muertes y la flagrante presencia de grupos criminales que se dicen dueños de uno u otro pedazo del territorio, el gobierno no podía quedarse impávido; puede dejarse ver incompetente o indolente, pero nunca inmóvil.
Y, justo la misma semana que se discute la presencia de fuerzas armadas en las calles en el Senado de la República, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y su gabinete de seguridad celebraron la llegada de 350 elementos de la Guardia Nacional al territorio potosino el lunes 3 de octubre.
El “refuerzo” no terminó ahí, pues este martes, el gobierno estatal anunció la llegada de otros 490 elementos de las fuerzas federales este mismo día.
La respuesta del gobierno estatal ante el azote de grupos criminales que se ha presentado en la entidad, es entregar la calle a las fuerzas castrenses a cambio de que el territorio no se convierta en “un campo de batalla”.
Sin embargo, parece que el gobierno del estado no midió con detenimiento las implicaciones de meter dos grupos de fuerzas armadas (las oficiales y las criminales) en un costal territorial y ponerlas a confrontarse.
En el informe Las Dos Guerras elaborado por la organización feminista “Intersecta”, se analizaron los enfrentamientos en que se vieron involucradas las Fuerzas Armadas de México durante más de una década en el periodo conocido como “la guerra contra las drogas”.
Las dos conclusiones fundamentales a las que llegó el análisis fueron dos: el despliegue de elementos militares no ha logrado, en ningún sexenio contener la violencia y, por el contrario, han exacerbado la violencia y aumentado el número de homicidios.
Algunos podrían argumentar que estos hechos pasaron en otros sexenios y no ahora cuando tenemos el moderno aparato militar conocido como Guardia Civil, que de civil solo tiene el nombre; pero justo ese es el problema, el actual modelo de Guardia Nacional (GN) es básicamente una fuerza de seguridad de corte militar.
Siempre tuvo mandos, armamento y entrenamiento militar. Según información de presidencia, el 80 por ciento de los efectivos de la GN eran efectivos de las Fuerzas Armadas en 2020, y ese mismo año se reportaron 209 quejas por violaciones de derechos humanos relacionadas con detenciones arbitrarias, intimidación y el trato cruel o degradante según lo reportado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La experiencia más reciente y los datos propios del gobierno parecen comprobar lo que el sentido común le dice a cualquier ciudadano (y que está expresado en la constitución): no se debe entregar la seguridad pública a las fuerzas militares, porque la principal herramienta de esta corporación es la fuerza, no las perspectivas ciudadanas de prevención y procuración de justicia.
Así, con esta información, el gobierno de San Luis Potosí ha abierto la puerta a la ocupación militar en las calles, muy prematuramente acepta la deficiencia de su Guardia Civil que solo costó 3 mil millones de pesos en equipo que ahora deberá ver cómo desfilan las unidades militares.
Ciertamente el refuerzo a la estrategia estatal era un mal necesario, pero cabe preguntarnos si es el mejor momento para aceptar apoyo de las fuerzas armadas, justo en la semana que se revela la forma en que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) vigilaba a activistas y colectivos feministas, así como a líderes sociales y movimientos de la huasteca.
¿Será acaso este relevo de control a lo que se refería Tácito cuando hablaba de los romanos diciendo “a la rapiña, el asesinato y el robo los llaman con nombre falso gobernar, y donde crean un desierto, lo llaman paz”? ¿Cuánto tiempo pasará antes de pagar el precio por entregar al estado como un cheque en blanco para enfrentamientos y violencia? ¿Cuánto tiempo tendremos al Ejército, esa corporación cuya presencia aumenta los homicidios, no reduce la violencia y espía a los ciudadanos en las calles de la capital potosina?
“Que se quede lo que tenga que quedarse”, ha dicho Gallardo Cardona sobre esta ocupación. Una desesperada sentencia que mucho se asemeja a una amenaza.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
