Por Victoriano Martínez
El sigilo con que se dio la entrega de los informes de auditoría a las cuentas públicas 2022 por parte del ahora Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), a cargo de Joaquín Lecourtois López desde hace 20 días, era previsible: sus escasos antecedentes como fiscalizador se caracterizaron por encubrir y obstaculizar el acceso a la información.
Como contralor interno del Ayuntamiento, con Ricardo Gallardo Juárez, liberó al ex alcalde de una sanción por el desvío de 13 millones 881 mil 278. 31 pesos y violaciones constitucionales por promoción personalizada, acreditados por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Desde ese mismo cargo, obstaculizó el flujo de información en la entrega-recepción de la administración municipal al alcalde electo Xavier Nava Palacios.
Difícilmente se podría esperar transparencia en su labor como titular del IFSE, y la forma en que se dio la entrega de los informes finales de auditoría lo confirman: conforme a las imágenes, aparentemente enviados con un mensajero, recibidos por una integrante de la Comisión de Vigilancia y dados a conocer en un comunicado de apenas 288 palabras.
Muy lejos queda la posibilidad de que esa entrega se realice en la forma en que se hacía cuando se intentaba cumplir con las formalidades establecidas en la hoy desaparecida Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Entonces esos informes se llegaron a entregar en una sesión de la Comisión de Vigilancia a la que se convocaba públicamente con anticipación, se invitaba a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y durante el acto de entrega se hacía una presentación pública de los principales resultados.
En aquella sesión pública, los asistentes podían observar un primer acercamiento a los resultados de las auditorías, además de que generalmente el mismo día, o al siguiente, los documentos podían ser consultados en el Sitio Web de la entonces Auditoría Superior del Estado.
Todavía en la entrega de los informes finales de auditoría hace un año, sobre las cuentas públicas de 2021, se realizó un acto protocolario con la asistencia de todos los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia, en el que se dieron a conocer algunos resultados, aunque no con la amplitud que se hacía antes.
Además, desde las cuentas públicas correspondientes al 2021 la actitud del órgano fiscalizador fue el ocultamiento de la información. Todavía es fecha que no se publican esas cuentas públicas, a pesar de que por ley lo deben hacer. En la misma página del sitio web es posible consultar las cuentas públicas de 2014 a 2020.
Hace un año, la ASE retrasó la publicación de los informes con el pretexto de que lo haría hasta que se hubiesen notificado a todos los entes fiscalizables.
Hoy ya no hubo acto protocolario para la entrega de los informes. Ni siquiera se consignó en la agenda de actividades de la Legislatura y ni como parte de la información que publica el Congreso del Estado en su sitio web. Fue un comunicado del IFSE y dos fotografías enviadas por ese organismo las que información que se cumplió con el plazo legal de la entrega.
Si la transparencia en el tema comenzó hace un año a alejarse cada vez más del principio constitucional de máxima publicidad para adaptarse a la opacidad característica del sexenio, hoy queda claro que la tendencia se encamina a lograr que esa opacidad se convierta en un encubridor ocultamiento total.
