María Ruiz
Los señalamientos realizados por el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, y el diputado Luis Fernando Gámez, sobre presuntas irregularidades financieras y administrativas en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, fueron calificados como una violación al procedimiento jurisdiccional.
Al respecto, el diputado Rubén Guajardo Barrera enfatizó la importancia de respetar principios fundamentales como la presunción de inocencia, la secrecía de las investigaciones y la legalidad de los procedimientos.
“Nadie puede ser considerado responsable de alguna irregularidad administrativa hasta que no exista una sentencia firme”, señaló.
Asimismo, subrayó que hacer públicas estas acusaciones antes de finalizar los procesos legales constituye un acto irresponsable.
“En un Estado de Derecho, las investigaciones deben conducirse con discreción y respeto a los procedimientos administrativos. Estas declaraciones no sólo violan la secrecía de los expedientes, sino que también generan juicios mediáticos sin sustento jurídico”, afirmó.
Además, recordó un caso previo en el que Lecourtois López habría declarado de manera incorrecta la inhabilitación de Marcelino Rivera Hernández, diputado del PAN, por sanciones derivadas de irregularidades observadas en su gestión como presidente municipal de San Martín Chalchicuautla de 2012 a 2015, lo que evidenciaría un patrón de declaraciones precipitadas.
“Quienes ocupamos cargos públicos debemos actuar con responsabilidad y cautela al dirigirnos a los medios, especialmente en temas tan delicados como las responsabilidades administrativas”, añadió.
Finalmente, reiteró que hasta el momento no existe resolución firme sobre las investigaciones en curso y que cualquier declaración previa a un fallo legal vulnera los derechos de los involucrados y los principios del debido proceso.
