Angélica Campillo
Los Obispos Católicos de México, representados en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), defendieron al Instituto Nacional Electoral (INE) tras la propuesta del Ejecutivo Federal incluida en la reforma electoral, en la que no se prevé su eliminación, sino una reestructura, según lo señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A través de un comunicado, los miembros del clero señalaron que el INE es una institución ciudadana que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos, y en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos, además de que ha permitido durante los últimos 25 años la realización de procesos electorales generales o locales justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica, para la renovación de los cargos de elección popular.
Apuntaron que, en la actualidad, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son el resultado de la lucha y compromiso de miles de mexicanos y mexicanas de la sociedad civil, así como de todos los signos partidistas, quienes lograron abrir caminos para la democracia real en México.
De acuerdo con los Obispos, desde su fundación, el principal fruto del INE fue que el Gobierno dejó de ser juez y parte en los comicios electorales, y comenzó la transición a la democracia con alternancia en las tareas de gobierno a nivel local y federal, además de dar paso a distintas opciones políticas, ya sea en los congresos de los estados, en las gubernaturas y municipios, junto a la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal y el Congreso Legislativo en su conjunto.
Indicaron que todas las instituciones y leyes son perfectibles, como sucedió con el Instituto Federal Electoral (IFE) de la primera etapa, y el INE actual, sin embargo, expresaron su “franca preocupación” por el impulso que se da a una reforma constitucional en materia electoral por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados.
Manifestaron que esta reforma, “por su orientación y motivos, es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del Gobierno Federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”.
Aseveraron que ningún ciudadano, y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y del TEPJF.
En ese sentido, exhortaron al Poder Ejecutivo y Legislativo a que asuma su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, al hacer a un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común, en un Estado de Derecho democrático como es México.
“Por ello decimos junto a millones de voces: no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”, finalizaron.
El documento también está firmado por el arzobispo potosino Jorge Alberto Cavazos Arizpe, quién se desempeña como tesorero del Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
