Fernanda Durán
Las embajadas de México en Chile, Barcelona y Madrid recibieron una carta que busca promover la sanción de la práctica de los vientres de alquiler. El documento fue enviado por integrantes de la Alianza Internacional Feminista de Mujeres (AIMF).
El 14 de noviembre la Cámara de Diputados dio a conocer que el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva acordó realizar un paquete de reformas legales a fin de detener la mercantilización humana de los vientres de alquiler en México, así como eliminar la facultad de regularlo en estados como Tabasco y Sinaloa.
Desde el mes de noviembre, la AIMF emitió un posicionamiento sobre la sanción a los vientres de alquiler en México, al que se han sumado diversas organizaciones y activistas. Incitan a las diputadas de las distintas fracciones parlamentarias a legislar para sancionar adecuadamente esta acción considerada como una forma de explotación y trata de personas.
En el documento enviado a las embajadas se señala lo alarmante de la explotación reproductiva de mujeres –o industria de vientres de alquiler– y su presentación como una decisión personal, fruto de la libertad de las mujeres más vulnerables de México. Lo anterior bajo la justificación de que las ciudadanas pueden decidir “de manera aparentemente no condicionada, ser inseminadas para procrear un hijo/a que, al final del proceso, les es arrebatado, todo ello en el marco de un contrato y con la mediación habitual de agencias privadas que se lucran del proceso”.
Asimismo, señalan:
“La experiencia internacional nos ha mostrado que, en demasiadas ocasiones, se configuran granjas de mujeres vulnerables que son destinadas a esta industria en entornos deshumanizados y de esclavitud, que violan el derecho internacional de los derechos humanos”.
