María Ruiz
A pesar de la constante promoción y construcción de obras hidráulicas como lo son presas, trasvases y pozos profundos, el Estado y los organismos operadores de agua como el Interapas, no han sido capaces de superar la desigualdad en el abasto de toda la zona urbana y periurbana de San Luis Potosí.
Para el antropólogo José David Tenorio Jiménez, investigador perteneciente al posgrado de Gestión Sustentable del Agua de El Colegio de San Luis, este es uno de los tantos factores que envuelven el tema del abastecimiento de agua en el estado.
“Se ha vuelto un negocio muy jugoso la construcción de obras hidráulicas con dinero público que al poco tiempo muestran su poca capacidad para solucionar los problemas de abasto. En ejemplos como estos se ve que primero está el negocio antes que el bienestar social”, recalcó.
El experto mencionó, además, que el abasto de agua está profusamente marcado por una desigualdad económica y política que afecta de manera constante a las personas más vulnerables.
“Es necesario reevaluar en otros términos y priorizar a quienes históricamente han padecido la fragilidad en el abasto. Considero injusto los aumentos, sin embargo, se ha vuelto una situación recurrente a la entrada de nuevas administraciones gubernamentales”, apuntó.
La escasez de agua que afecta a San Luis Potosí se ha convertido en un fenómeno sociocultural que ha influido de manera negativa en el derecho y acceso a este servicio básico, en el que hoy en día muchas familias lidian con un nivel de pobreza preponderante, sobre todo, después del inicio de la pandemia.
“¿Por qué todos tienen que pagar lo mismo, siendo que algunos no tienen el servicio por largas temporadas? El encarecimiento de la vida y de los servicios ha venido a la alta después de los estragos que nos ha dejado la pandemia por Covid-19. Muchas personas no han podido mantener sus trabajos, lo cual los sitúa en una vulnerabilidad más alta aún”, subrayó.
Es por ello que, el antropólogo abundó en que sería necesario un plan estratégico que sea capaz de reevaluar que no todos los consumos son iguales y que también las condiciones socioeconómicas de todos no son las mismas.
“Las instituciones encargadas del agua no han sido lo suficientemente claras tanto en las condiciones del abasto, como en los recursos que reciben, han invertido en obras de millones que no han significado beneficios. Esto nos hace dudar si darán un uso adecuado a las recaudaciones derivadas del aumento. Otra vez la responsabilidad recae en el ciudadano y poco nos preguntamos por las instituciones”, remarcó.
Desde el 2015, 30 colonias padecen desabasto del agua
Desde que, en el año 2015, inició el funcionamiento de la presa El Realito, más de 30 colonias de la capital potosina, se han quedado continuamente sin agua. Esto, debido a las constantes fallas que ha presentado el acueducto.
Este proyecto hídrico tuvo una inversión total de cuatro mil 551 millones de pesos y, según lo referido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), beneficiaría a 400 mil habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.
Sin embargo, desde que El Realito se utiliza, la tercera parte de esta población ha sido afectada por las fugas, filtraciones y reparaciones de sus ductos, de acuerdo con la información publicada por la Comisión Estatal de Agua (CEA). Por esta razón, el acueducto incumple con su función principal de proveer a la ciudadanía de un metro cúbico de agua (1000 litros) por segundo, a pesar de contar con tres plantas de bombeo.
Como resultado de esta problemática, durante el presente año se han llevado a cabo dos operativos de emergencia realizados por el Comité Nacional de Grandes Presas (CNGP). El primer operativo suministró un millón 170 mil litros de agua, en beneficio de 23 mil 400 habitantes a partir de la rotura del ducto que les abastecía; el segundo fue por 460 mil litros de agua en beneficio de 9 mil 200 habitantes, por el mismo problema.
Asimismo, el Interapas dio a conocer que en este año ha recibido un total de 100 quejas diarias a través de llamadas, debido a la escasez y desabasto por El Realito.
La falta de acceso al agua es una demanda que incrementa en la población y, muestra de ello, es el descontento por el nulo acceso a los recursos hídricos, y su preocupación por el posible aumento tarifario del agua en medio de un inadecuado abastecimiento.
En diciembre del año 2019, el Congreso del Estado aprobó el aumento a las tarifas del agua para la capital potosina, para el ejercicio fiscal 2020, donde solamente el costo del metro cúbico del líquido pasó de 5 a 5.50 pesos para el uso doméstico; al 75 por ciento de los usuarios de la zona metropolitana de San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro les correspondió está tarifa.
Un año después, el entonces diputado y presidente de la Comisión del Agua del Congreso, Mario Larraga Delgado, informó que debido a la difícil situación económica de la población en el marco de la pandemia por el Covid-19, se rechazarían las solicitudes de los organismos operadores del agua para aumentar sus tarifas.
Durante este año, la Conagua invirtió un total de 106 millones de pesos en la construcción de infraestructura para incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en diversas zonas y localidades, tanto urbanas como rurales, a través de programas de apoyo federales, debido al constante desabasto.
Aún en tiempos de pandemia y cuando la población apenas comienza a recuperarse de la crisis económica, el Interapas aprobó un incremento tarifario del agua, a pesar de los rezagos en servicios que presenta el organismo. Este proyecto será presentado ante el Congreso del Estado, que deberá analizar el proyecto y aprobarlo o rechazarlo. Esta solicitud es controversial por el creciente aumento de población precarizada.
