Por Victoriano Martínez
Si algo cada vez es más notorio en el sexenio que está a punto de cumplir diez meses son las contradicciones en las que suele caer la autoridad con cada vez más frecuencia, no sólo en el discurso, sino en las propias actitudes y sus actos, como algo no exclusivo del Poder Ejecutivo, sino que también emula el Poder Legislativo… finalmente sumiso a aquel.
El Congreso del Estado, integrado por 27 representantes populares que deben estar abiertos a escuchar a la ciudadanía a la que le dan voz en la máxima tribuna del Estado pretenden invertir hasta seis millones de pesos para contratar guardias de seguridad privados e instalar cámaras de vigilancia en sus edificios.
Un contrasentido en la medida en que un mecanismo de control de accesos a los edificios puede inhibir a la población a acercarse a sus diputados, de por sí desconocidos por la mayoría, además de todas las dudas que provoca la opacidad en la que se pretende hacer esa inversión.
Una combinación de establecer barreras al libre acceso a sus oficinas mediante un gasto que se pretende ejercer con la opacidad en la que el Consejo de Transparencia del propio Congreso del Estado, como testigo del actuar transparente de la institución, ya enfrentó los primeros obstáculos que, llegado el momento, también enfrentará el resto de la población.
A pesar de que el Consejo de Transparencia tiene, de acuerdo con la fracción XI del artículo 14 de su reglamento, derecho a recabar toda la información que requiera para cumplir su función, la Junta de Coordinación Política le ha negado copia del estudio o proyecto y justificación para contratar personal de seguridad y vigilancia y la instalación de las cámaras.
O la Junta de Coordinación Política violó esa disposición reglamentaria que tiene vigencia y les aplica desde noviembre de 2008, o en realidad optaron por una respuesta al Consejo de Transparencia con una explicación que abre más dudas porque no existe ni estudio, ni proyecto ni justificación para la pretendida inversión.
Un indicador más de que no existe tal proyecto se desprende del hecho de que la autoridad sólo puede hacer lo que las normas le permiten, y los controles tecnológicos de control de accesos y circuito cerrado, así como el despliegue de personal de seguridad en sus instalaciones tendría que regirse por un reglamento.
No se conoce iniciativa ni de reglamento, ni de acuerdo administrativo o cualquier otro documento que regule el uso de las instalaciones para que las medidas de seguridad que buscan sean las primeras que se sometan a un orden.
Sin dar a conocer el estudio, el proyecto y la justificación, acompañados de la regulación a la que se tendría que someter ese sistema de seguridad, la propuesta que hoy cuestiona el Consejo de Transparencia queda en una mera ocurrencia cuya opacidad abre la sospecha sobre actos de corrupción en la que el gasto dejará alguna utilidad a sus promotores.
Controlar y limitar el ingreso a edificios públicos no es nuevo y tanto el Palacio de Gobierno como la sede del Poder Legislativo en la Plaza de Armas tienen enfrente un monumento a la distancia que ponen frente a la ciudadanía: vallas metálicas para contener a la población.
Una práctica que se ha extendido a otras sedes de dependencias estatales como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, con contrataciones de servicios privados de vigilancia a cargo de la Oficialía Mayor y medidas de control que caen en el ridículo de obstruir los trámites que la población acude a realizar, al menos en la SEGE.
Un solicitante de información acudió a la SEGE para recoger la respuesta. En la puerta le pidieron dejar su credencial de elector para permitirle el acceso. En la Unidad de Transparencia, para poderle entregar los documentos solicitados, le pidieron… ¡su credencial de elector!
Argumentó que la credencial se quedó en la puerta y como prueba mostró el gafete de visitante que le proporcionaron y, sorpresa, era un gafete de la Secretaría de Salud.
Indicios de que lo que pretende hacer el Congreso del Estado es un lineamiento generalizado para las dependencias estatales y de que, en el caso del Poder Ejecutivo, se opera desde la Oficialía Mayor con tal descontrol, hasta en la distribución de los gafetes de acceso.
En el Congreso del Estado se ha mencionado una inversión de seis millones de pesos. ¿De cuánto podrá ser para todas las dependencias estatales? Una duda casi imposible de resolver ante el imperio de la opacidad en que se ha convertido el tema de adquisiciones en la administración pública.
