Eduardo Delgado
Un grupo de jueces y una magistrada entregaron este jueves una carta dirigida al gobernador, Juan Manuel Carreras López, y en ella confirman que el presidente del Poder Judicial del Estado y del Consejo de la Judicatura, Juan Paulo Almazán Cue, les dicta “línea jurídica para emitir sentencias”, por “cuestión de Estado”. Lo que, añadieron, les ha derivado en afectaciones laborales por no someterse a sus designios.
Firman la misiva Adriana Monter Guerrero, con estatus legal de magistrada que fue degradada al rango de archivista; Emilio Agustín Ortiz Monroy, con estatus legal de juez de primera instancia removido de la capital a Tamazunchale; los también removidos: Julián Ruiz Contreras y Juan Fernando Salazar Hernández, jueces de primera instancia y Javier Pérez Contreras, juez de oralidad removido a Ciudad Valles.
Los jueces aseguran ser perjudicados en su ejercicio por Almazán Cue, al ser victimas de acoso y hostigamiento laboral, removidos y otras cosas, por no acatar la “línea jurídica” que les ordena “para emitir sentencias en determinado sentido y en favor de determinada persona, por ser una ´cuestión de estado´, del cual Usted es titular”.
Se presentan: “Somos un grupo de magistrados y jueces que, dadas las insostenibles violaciones que se cometen al interior del Poder Judicial del Estado, hemos alzado la voz, para tratar de poner un alto a la violencia de género, acoso laboral y por supuesto a la inestabilidad en la impartición de la justicia”.
Le aseguran al mandatario estatal que “existen muchos otros funcionarios judiciales cansados de la opresión a la que nos ha sometido el citado JUAN PAULO ALMAZÁN CUE, pero no se atreven a manifestarlo abiertamente, por miedo a ser afectados”.
Exponen que la independencia y autonomía del Poder Judicial del Estado, “es una de las principales garantías sociales, que da seguridad y estabilidad social” y los jueces “deben tener certeza que su dependencia solo debe ser la ley”, añadieron.
Le advierten que cuando “ello se ve mermado” se daña no solo a los impartidores de justicia, “sino principalmente” a la sociedad, porque esa condición “quebranta el estado de derecho y por ende la gobernabilidad del Estado”. El “lamentable proceder” de Almazán Cue, abundan, daña “no solo a los funcionarios judiciales, sino a la ciudadanía potosina”.
Por tanto, “le solicitamos nos conceda una breve entrevista para expresarle de viva voz, la situación real que se vive al interior del Tribunal y la razón del porque no existen contrapesos entre los órganos colegiados que no solo impiden, sino que incluso, toleran y avalan las violaciones a nuestros derechos”.
Almazán Cue, remarcan en el escrito, “ha quebrantado” la estabilidad social “por su desmedido interés en incursionar en la política” y eso “lo ha llevado a cometer actos falaces, arbitrarios, injustos e ilegales”, para lo que afirma “tener su apoyo absoluto”, señalan.
