Abelardo Medellín
“Como pasa mucho en este gobierno [federal], primero hacen sus ocurrencias y luego llaman al diálogo”, dijo en rueda de prensa el senador por San Luis Potosí de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) Francisco Javier Salazar Saénz, sobre la reciente iniciativa de ley emitida por el jefe del Ejecutivo nacional, Andrés Manuel López Obrador, que plantea modificaciones y sanciones más severas que, a mediano plazo, acaben con la práctica laboral de la subcontratación, también conocida como outsourcing.
El senador estimó que esta iniciativa es “impresentable”, puesto que fija sanciones exageradas para las empresas que utilizan este modelo: “se criminaliza a quienes están haciendo esto; en el Partido Acción Nacional creemos que se deben castigar, pero conforme a la ley, hacer que cumplan y respeten el derecho de los trabajadores”, añadió.
Asimismo, insistió en que “no porque un grupo de personas violen la ley, se debe castigar a una figura que está reconocida internacionalmente”, e incluso enumeró algunas de las organizaciones internacionales que contemplan el outsourcing como un modelo laboral adecuado para una economía competitiva, entre ellas la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Advirtió, además, que eliminar esta figura podría provocar que se pierdan más de tres millones de empleos: “el presidente López Obrador no se ha dado cuenta que el principal usuario de este modelo es el Gobierno Federal, los gobiernos locales, los Servicios de Salud, la Marina, el Ejército, todos ellos utilizan una figura similar […] por eso qué vergüenza que se mande una iniciativa así”, remarcó.
Javier Salazar aseguró que es probable que esta iniciativa llegue al Senado este jueves luego de ser aprobada en la Cámara de Diputados, sin embargo entregarla este 10 de diciembre le daría a los senadores sólo un día para discutirla: “como siempre, entregada a las carreras”.
Otra posibilidad, expuso, es que esta iniciativa sea tratada hasta febrero de 2021, lo cual permitiría que el Gobierno creara una figura que actualmente no existe: “esta es el Registro Nacional de Empresas de Tercerización, porque si no está este registro, ¿cómo van a mandar una ley que obliga a las empresas a registrarse sin saber dónde deben hacerlo?”.
La propuesta para la regulación del outsourcing hecha por el Ejecutivo federal consiste en tres acciones específicas:
1.- Subcontratación de personal: el proceso que consiste en que una persona física o moral proporcione trabajadores propios en beneficios de otra institución será prohibido, es decir, no podrá haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros.
2.- Servicios especializados y obras especializadas: en este caso, se permitirá y regularán servicios especializados, que no formen parte del objeto social ni actividad económica de la beneficiaria de los mismos, pero deberán contar con autorización por parte de la STPS y formarán parte de un padrón público para cualquier ciudadano (el Registro Nacional de Empresas de Tercerización, comentado por Salazar Saénz).
3.- Agencias de colocación: podrán intervenir en el proceso de reclutamiento, selección, entre otros, pero en ningún caso el intermediario se considerará patrón ni podrá contratar en sustitución.
De la misma manera, se considera aumentar las penas y sanciones, catalogar las infracciones del outsourcing al nivel de la defraudación fiscal, no podrán deducir impuestos y se les emitirían multas especializadas.
La reforma presentada por el Gobierno de López Obrador a la Cámara de Diputados, prevé modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, al Código Fiscal, la Ley del ISR y la Ley del IVA.