Fernanda Durán
El doctor Fernando Díaz Barriga Martínez, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), señaló que el objetivo de los impuestos ambientales como el “impuesto verde” contemplado en el proyecto de Ley de Ingresos 2024, deben funcionar para evitar la contaminación y no para recaudar dinero de las fuentes contaminantes.
El doctor indicó que se tiene que invertir en una red de monitoreo y verificación para que se dejen de emitir gases, en el caso de este impuesto, a la atmósfera, e incluso promover la educación, ya que cobrar un impuesto a las empresas que realizan emisiones contaminantes no tiene fines recaudatorios ni invertir los recursos en actividades sociales, tienen el objetivo de visibilizar el problema para eliminarlo.
“No se trata de que el que contamine lo siga haciendo pagando un impuesto”.
Lo anterior durante el foro con diputadas y diputados, estudiantes y académicos, donde presentó la Propuesta Ambiental San Luis, que busca que instituciones identifiquen las prioridades ambientales.
También celebró el anuncio del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre la implementación del programa de verificación vehicular como parte de las medidas para mejorar el medio ambiente.
De acuerdo con el especialista, ambos impuestos pueden ayudar a contrarrestar las afectaciones por el cambio climático si las autoridades las aplican correctamente.
Indicó que apoya a la aplicación del impuesto, pues hay ejecuciones “buenas y malas”, por ejemplo, el caso contra las bolsas de plástico que ha servido para que la gente deje de usarlas.
“Hay muchos lugares donde se han levantado impuestos a diferentes fuentes contaminantes y que no han servido para que la fuente contaminante deje de hacer”.
Aclaró que no toda la industria contamina y no toda lo hace de la misma forma, debido a que algunas afectan el aire, otros el suelo y otros el agua, pues según el ramo es la amenaza, por lo que insistió en la necesidad de invertir en monitoreo y en otras medidas, como el apoyo a quienes corren riesgos por vivir cerca de una ladrillera y si resulta afectada, ejercer sus derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano.
