Por Victoriano Martínez
Están por cumplirse tres meses de la vigencia de la Ley de Ingresos de este año, y el alcalde Enrique Galindo Ceballos aún no parece tener clara la forma de atender las demandas de los empresarios inmobiliarios por lo desproporcionadas que resultan las tarifas del impuesto sobre traslado de dominio, producto de las irracionales tablas progresivas que presentó como gran innovación.
En 78 días de vigencia de la Ley de Ingresos, Galindo Ceballos ha pasado desde firmar convenios con CANACO, CANADEVI y AMPI hasta humillar a los diputados con un acuerdo administrativo que, en los hechos, representó una reforma legislativa que no le corresponde.
Mejor los ayuntamientos de Villa Hidalgo, Tancanhuitz y Tampamolón tuvieron más tino para seguir el cauce legal para corregir tarifas que detectaron con incrementos poco acordes a la situación de sus municipios: presentaron sendas iniciativas al Congreso del Estado para reformar sus leyes de ingresos. A Villa Hidalgo se la aprobaron el 10 de marzo, las otras siguen en trámite.
El 18 de febrero, Galindo Ceballos se saltó al Poder Legislativo y publicó en el Periódico Oficial del Estado (POE) el Acuerdo Administrativo por el que se autoriza el Otorgamiento de Estímulos Fiscales, con el que respaldó el convenio que firmó con los empresarios del sector inmobiliario.
El convenio con los empresarios, que el propio presidente de la CANACO, Juan Servando Branca, anunció, no ha sido publicado por el Ayuntamiento, con lo que viola la fracción XL del artículo 84 de la Ley de Transparencia.
Tampoco la dirigencia de la CANACO, que se caracteriza por exigir transparencia al sector gubernamental, ha hecho público el documento. No tiene obligación legal, pero sí moral. No obstante, ni a los propios socios del organismo se los han compartido.
Un convenio que, según el comunicado de prensa, contiene como compromisos con los empresarios los estímulos fiscales y exenciones decretados en el Acuerdo publicado en el POE el 18 de febrero.
El sábado 19 de marzo, un mes y un día después del Acuerdo publicado que respaldó el convenio, Galindo Ceballos lo vuelve a hacer: se vuelve a saltar al Congreso del Estado y publicó en el POE un nuevo acuerdo con el que deroga el anterior, lo que podría redundar en una burla adicional para los empresarios con quienes firmó el convenio que, convenientemente, nadie ha hecho público.
“Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas para el otorgamiento de apoyos en materia de adquisición de inmuebles y sobre servicios de planeación y desarrollo urbano”, es el nombre del nuevo acuerdo. Ya no fueron estímulos. Ahora se trata de apoyos.
Eduardo Martínez Benavente, notario público número 1, consideró ilegales por no estar permitidos por la ley, e injustos porque establece cuatro requisitos que grupos vulnerables y empobrecidos no podrían acreditar para resultar beneficiados.
“Más bien este ‘acuerdo’ está destinado a favorecer a los promotores de desarrollos inmobiliarios, pues tengo la seguridad que con el ‘apoyo’ económico que otorgue el municipio de la capital, tendrán un mayor margen para incrementar el precio de sus mercancías, y consecuentemente crecerán sus utilidades”, opinó.
Una injusticia que se agrava por los errores matemáticos de la novedosa progresividad en los impuestos, por la fórmula mal copiada de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Querétaro. Martínez Benavente describe un ejemplo con la aplicación del “apoyo social equivalente al 95% del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles” que aparece en el artículo primero del nuevo acuerdo:
Si la vivienda tiene un valor de operación declarado en la escritura de $1,800,000.00, sin importar el valor que reporte el avalúo catastral, le correspondería pagar un impuesto de $3,373.00… pero si el inmueble tiene un valor de operación de $1,801,000.00, estaría obligado a cubrir a la hacienda municipal la suma de $67,515.52.
Diferencias mínimas en los valores de las operaciones inmobiliarias que la novedosa y mal copiada progresividad provoca diferencias estratosféricas e injustas en la tarifa final aplicable.
Los “apoyos” tienen vigencia a partir del 20 de marzo (un día después de publicado el nuevo acuerdo), lo que deja a quienes hayan realizado operaciones antes de esa fecha sin derecho a reclamar la devolución de la parte que ahora se subsidia.
Lejos de una corrección de fondo y apegada a la legalidad por la vía de una reforma a la Ley de Ingresos, Galindo Ceballos optó por saltarse otra vez al Congreso del Estado, ahora con la asesoría principal de José Mario de la Garza Marroquín. Total, si ya los humilló antes, lo puede volver a hacer.
Por cierto, de la Garza Marroquín como promotor de Congreso Calificado, publicó este lunes la segunda evaluación a los actuales diputados: la calificación promedio de todos es de 2.56 sobre 10. Sólo seis tienen una calificación arriba de cinco (la más alta es 7.23) y siete tienen calificaciones por abajo del cero (la más baja es de menos 2.85).
