Por Victoriano Martínez
De las muchas denuncias, van siete.
Este jueves se cumplieron seis meses de que, en rueda de prensa, el alcalde Xavier Nava Palacios, anunció que sería “la primera de muchas”: la denuncia contra el Cabildo anterior por la aprobación ilegal del cambio de uso de suelo de un predio dentro de la reserva ecológica del Paseo Camino a la Presa.
La denuncia que supuestamente se presentó por el caso Sandra Sánchez Ruiz el 23 de noviembre de 2018 por parte del síndico Víctor Ángel Saldaña ante la Fiscalía General de Estado no contó, pues sólo fue un escrito de adhesión a la presentada por el Frente Ciudadano Anticorrupción, sin ningún efecto: la FGE no anexó ese escrito al expediente que turnó a la Fiscalía General de la República.
El 18 de febrero se informó de la primera denuncia y fue hasta el 1 de abril cuando se reportó la segunda por el caso de la obra pagada y no realizada en Fray Diego de la Magdalena en El Saucito.
Dos casos en los que la federación jugó un papel impulsor: en el primero una juez federal determinó la violación a un amparo y ordenó revocar el cambio de uso de suelo; en el segundo, requerimientos de aclaraciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
El 11 de abril se informa con lujo de detalle la forma en que operó un mecanismo bastante creativo para sacar de la tesorería más de 53 millones de pesos en un esquema que fue bautizado como la nómina maestra.
La cuarta denuncia se reportó el 7 de mayo en contra del ex tesorero Jesús Emmanuel Ramos Hernández, hoy diputado local y dirigente estatal del PVEM, por haber omitido el pago de más de 179 millones de pesos de impuestos retenidos a los trabajadores municipales y no haberlos reportado al SAT.
Una semana después, el 15 de mayo se reportó la quinta denuncia, una vez más contra el ex tesorero por haber realizado pagos por más de 4 millones 700 mil pesos a una empresa fantasma.
El 12 de junio se repitió la denuncia por la violación al amparo pero en esta ocasión se hizo ante la Fiscalía General del Estado, con lo que el caso quedó presentado en las dos instancias, la estatal y la federal.
Este jueves llegó la séptima denuncia, presentada ante la Fiscalía General del Estado por la compra de 40 mil ollas de cocina por 13 millones 500 mil pesos, de los cuales ocho millones provenían del programa para el Fortalecimiento en Seguridad Pública (Fortaseg) de 2018.
Por tratarse de fondos federales, seguramente en una semanas está denuncia se repetirá ante la Fiscalía General de la República, a menos de que tengan pensado esperar a conmemorar el primer aniversario para que la FGE les de como regalo el anuncio de que la turnó a su similar federal.
En seis meses, las muchas denuncias han sido siete, con aspectos muy variados y hasta juegos de fantasía, como la nómina maestra. Una variedad consistente con las mil 843 observaciones anunciadas en noviembre del año pasado, pero una cantidad muy por debajo de la expectativa que la lucha contra la impunidad de la anterior administración generó.
Seis meses de denuncias en casi diez meses de administración… y la impunidad gallardista sigue intocada.
Desde el 1 de octubre el tiempo comenzó a correr en contra del combate a la impunidad gallardista y, a diez meses, sigue sin notarse que hagan todo lo posible para que las tantas tropelías que dijeron haber encontrado sean sancionadas.
