Angélica Campillo
Este jueves 6 de junio se inauguró la planta automotriz BMW Group, localizada en el Parque Industrial Logistic II, en el municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, luego de cinco años del anuncio de su establecimiento en la entidad.
El evento comenzó alrededor de las 12 del día y en él estuvieron presentes Alfonso Romo Garza, enviado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su representación; el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López; la presidenta municipal de Villa de Reyes, Érika Briones Pérez; el alcalde de la capital potosina, Xavier Nava Palacios; el embajador de Alemania en México, Peter Tempel; Hermann Bohrer, CEO de BMW en la entidad potosina; Oliver Zipse, miembro del Consejo de Administración de BMW AG para producción; Milagros Caiña-Andree, miembro del Consejo de Administración de BMW AG y responsable de Recursos Humanos, entre otros.
Durante la ceremonia se llevó a cabo una danza representativa de pueblos originarios del estado potosino, además de la presentación del modelo serie 3, séptima generación, el cual se continuará produciendo en San Luis Potosí.
Cabe recordar que, en febrero de 2014, Harald Krüger, director del Consejo de Administración de BMW, dio a conocer que San Luis Potosí había sido el estado elegido para construir su nueva planta automotriz, debido a su ubicación estratégica, y en marzo de 2016 se colocó la primera piedra. La armadora alemana está localizada en una superficie de 300 hectáreas, para lo cual se han invertido más de mil millones de dólares.
Se dio a conocer que en la actualidad se han generado dos mil 500 empleos directos, y la planta tendrá una capacidad de producción de hasta 175 mil unidades al año cuando se complete la fase de arranque.
En conferencia de prensa previa a la inauguración oficial de la planta, Oliver Zipse, miembro del Consejo de Administración de BMW, aseguró que no cambiarán sus planes de producción en San Luis Potosí, a pesar del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la aplicación de un cinco por ciento en aranceles a todos los productos mexicanos, si México no frena la migración hacia el país vecino.
Dijo que en la actualidad cien por ciento de los vehículos producidos en la planta de San Luis Potosí va hacia Estados Unidos, sin embargo en los siguientes meses se ampliará el mercado y el objetivo es tener presencia en 40 países. No obstante, sostuvo que no hay razón para cambiar de planes, ya que el anuncio de Trump, por ahora, es mera especulación, y refirió que es un hecho que en el país donde se aplican aranceles, los clientes serán los que pagarán.
Se requiere empleo bien pagado en San Luis Potosí
Por su parte, el abogado Guillermo Luévano Bustamante manifestó que la principal crítica que se ha formulado tras el anuncio de la apertura de la planta de BMW en San Luis Potosí es que desde hace unos años se tuvo conocimiento de que cuenta con un contrato, que en los análisis y estudios laborales, se le conoce como de protección patronal, el cual se refiere a que, lejos de procurar el beneficio de los trabajadores, está diseñado para asegurar, por un lado, los intereses de la empresa y, por otro, asegurar intereses gubernamentales en la medida en que los titulares de dichos contratos comprometen con el gobierno estatal o federal la estabilidad laboral a costa de la precarización salarial.
Dijo que normalmente, como debe funcionar, según la ley, es que una empresa recluta a su personal, estos trabajadores se organizan, constituyen un sindicato, eligen a sus representantes sindicales, y entonces emplazan a la empresa para la firma bilateral del contrato colectivo de trabajo, en el cual deben plasmarse las condiciones que han negociado los empleados que se organizaron, y emplazan la firma del documento mencionado.
Indicó que, en el caso del contrato de protección patronal, sucede lo contrario: llega una empresa que ya tiene negociado su contrato colectivo y su sindicato, de manera que primero hay contrato, luego se forma el sindicato y al final reclutan a los trabajadores.
En ese sentido, refirió que, más allá de la poca representación o ilegitimidad que tienen este tipo de contratos, significa que los trabajadores tienen escasas o nulas posibilidades de negociación frente a la empresa en cuestión de sus condiciones laborales, donde suele haber salarios mucho más bajos que los que se pagan estas empresas internacionales en otras entidades o incluso en otros países.
Luévano Bustamante agregó que también significa que está siendo un negocio para una representación espuria, que por lo común son los sindicatos de la CTM, lo cual habla de una intromisión indebida del gobierno estatal o cuando menos de una muy laxa vigilancia en la revisión y el otorgamiento de las tomas de nota a los sindicatos.
Apuntó que normalmente el Gobierno del Estado ofrece a cambio a las empresas la donación de predios, la exención fiscal o contribuciones de pagos de derechos estatales, además de señalar que habrá inversión y crecimiento económico en el estado, “es probable que sí se generan nuevas inversiones, uno pensaría que este tipo de industria asegurará, por el trabajo calificado, salarios bien remunerados y buenas condiciones laborales, y lo que vemos en el análisis de este contrato colectivo de trabajo es que las condiciones son precarias y apenas superiores a las mínimas de ley”.
Aseveró que, más allá que se haga o no inversión, es importante que no se sacrifiquen los derechos laborales, porque parte del crecimiento del estado tiene que ver con la mejora en los salarios en los contratos colectivos de trabajo y la democratización de los propios sindicatos les conviene a todos, “entonces estos sindicatos poco representativos aseguran beneficios a la empresa y beneficios a los intereses gubernamentales, pero muy pocos beneficios para la clase trabajadora en la entidad, que lo requiere urgentemente. No sólo se requiere empleo, se requiere empleo bien pagado que contribuya al mejoramiento de la economía y a la competitividad de la región”.
