Por Victoriano Martínez
A cinco años del gran incendio de 2019 en la Sierra de San Miguelito, la ahora Área Natural Protegida volvió a estar en la atención de los potosinos, desde la acción heroica de ejidatarios y comuneros para abatir un incendio que duró cinco días, hasta ciudadanos e instituciones educativas que buscaron a los Guardianes de la Sierra para conocer más sobre el ANP.
Lo importantes es que, si el incendio despertó el interés y preocupación por lo que ocurre en la Sierra, quienes acudieron al jardín de San Miguelito el miércoles 10 y quienes estuvieron el viernes 12 en el módulo informativo en la Plaza de Armas no sólo mostraron inquietud por los incendios, sino también por los embates judiciales para anular el decreto de ANP.
Se tienen identificados al menos 46 juicios de amparo en contra del decreto del 13 de diciembre de 2021. Los Guardianes de la Sierra ha identificado que existe coordinación para la promoción de esos juicios entre los despachos de Gustavo Barrera, José Mario de la Garza, Cd. Maderas, Francisco de la Rosa y Diego Fernández de Ceballos.
Los juicios de amparo tienen como objetivo particular habilitar al menos 7 mil 150 hectáreas para desarrollos inmobiliarios, pero también lograr echar abajo el decreto y dejar sin esa protección a toda la Sierra de San Miguelito. El argumento principal es que esas superficies ya cuentan con autorizaciones previas al decreto para urbanizar.
Los datos con que cuentan los Guardianes son que en el Ejido San Juan de Guadalupe pretenden urbanizar mil 200 hectáreas, en Escalerillas 2 mil 500, en el Ejido Terrero 250, en Guadalupe Victoria mil, en el Ejido Calderón 500, en Suspiro Picacho otras mil 200, y en Emiliano Zapata/Jesús María otras 500 hectáreas.
No obstante, en ninguno de los casos se tiene registro de que exista alguna autorización para los desarrollos inmobiliarios, por lo que los desarrolladores difícilmente pueden acreditar la existencia de las autorizaciones antes de que se publicara el decreto.
Un caso muy representativo de esa maniobra fue el de la reunión que sostuvieron con comuneros de San Juan de Guadalupe dos socios del proyecto Las Cañadas (justo en el área donde ocurrieron los incendios la semana pasada) y su abogado, Gustavo Barrera, en la que, a pesar de que el proyecto abarca de mil 805 hectáreas, sólo mencionaron 527 hectáreas con una autorización de cambio de uso de suelo como parte del Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Pidieron a los comuneros, como estrategia, presentar escritos al Ayuntamiento para manifestar su interés en desarrollar proyectos de crecimiento urbano en esas 527 hectáreas.
“En el Programa dice esto es urbanizable como crecimiento urbano no programado todavía, bueno pues lo empezamos a programar, es decir, yo comunidad ya quiero desarrollar, y pueden en su momento desarrollar lo que tienen pactado con la empresa, y así no aparecemos a la empresa para no meternos ahorita en la bola de desincorporar la tierra agraria”, les explicó el abogado.
Si bien los programas de desarrollo urbano aprobados en la administración municipal de Xavier Nava Palacios cambiaron el uso de suelo a esa parte de la superficie contemplada para el proyecto Las Cañadas, no representa que automáticamente se autorizaron proyectos inmobiliarios.
Los programas de desarrollo urbano se publicaron en el Periódico Oficial del Estado el 27 de abril de 2021, el decreto de ANP se publicó el 13 de diciembre de 2021, y la estrategia de comunicar al Ayuntamiento la intención de realizar proyectos urbanos se planteó el 30 de junio de 2023. ¿Por qué se podrían considerar previas al decreto las autorizaciones si la mera intención de realizar los proyectos urbanos es muy posterior?
Se trata de 46 juicios de amparo promovidos por cinco grandes despachos de abogados con inversiones millonarias (en la reunión del 30 de junio de 2023 se mencionaron cientos de millones de pesos y un presupuesto para la última mitad de ese año de 20 millones de pesos) y entrevistas con magistrados del Poder Judicial Federal para lograr un “buen ánimo” para sus demandas.
Barrera dijo en aquella reunión a los comuneros que se entrevistó con dos de los tres magistrados de la Sala Especializada en materia ambiental. “Se saben en la Sala Especializada de memoria el expediente ya, y hay muy buen ánimo con ellos”, les aseguró.
Entonces preveían que a más tardar para el mes de octubre pasado el Juzgado Cuarto de Distrito resolvería a su favor el juicio de amparo contra el decreto de ANP y entre enero y febrero de este año ganarían la demanda por daños por 4 mil millones de pesos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ambas fechas han quedado atrás y las resoluciones no se han dado. El dato resulta relevante hoy que ha surgido un mayor interés entre la población sobre lo que pasa con la Sierra de San Miguelito.
Los Guardianes de la Sierra han abierto una agenda de reuniones con algunas asociaciones civiles y centros educativos a los que los han convocado para dar pláticas sobre el panorama de la Sierra de San Miguelito como Área de Protección de Flora y Fauna, y los aspectos a los que tienen que poner atención, más allá de los incendios que tanto impactan por sus humaredas.
Desde el año pasado se realizó una colecta de firmas para solicitar a la Presidencia de la República declarar a la Sierra de San Miguelito como zona de seguridad nacional. Otro de los saldos es que se abre la posibilidad de que López Obrador emita un decreto en ese sentido en poco más de dos meses, después del 2 de junio.
