Por Victoriano Martínez
El trabajo de fiscalización realizado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), desde su creación en 2007, nunca ha estado libre de la sospecha de favorecer a los fiscalizables por un presunto trabajo de “limpieza de las cuentas”, y este año no es la excepción con una agravante: un chispazo de transparencia con la publicación del informe general que reculó la tarde de este miércoles.
Desde la entrada en vigor de la actual Ley de Fiscalización de 2018, los informes finales de la ASE se publicaban en su sitio Web el mismo día que se entregan a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado. Esta vez no se han publicado, lo que en sentido estricto constituye una violación al principio de progresividad de los derechos adquiridos establecido en la Constitución.
Además, la Constitución Política del Estado establece que la reserva de las actuaciones y observaciones de la ASE se debe guardar “hasta que rinda los informes”, es decir, constitucionalmente desde el pasado 31 de octubre se trata de información pública.
El hecho de que en esta ocasión se haya considerado no publicar los informes sino hasta después de que se les hayan notificado a los entes fiscalizables constituye una doble violación constitucional, pero al mismo tiempo revive las sospechas bajo las que siempre se mira el trabajo realizado por la ASE.
A las 17:06 horas del pasado lunes fue posible descargar de la página de Internet de la ASE el informe general sobre la revisión a las cuentas públicas 2021 y todavía al mediodía de este miércoles el documento se encontraba disponible en el sitio Web. No obstante, al anochecer el acceso al documento desapareció en lugar de que se publicaran los informes individuales.
Un destello de transparencia que vuelve más notoria la opacidad con la que en el último año se ha manejado el proceso de fiscalización del ejercicio 2021: a ocho meses de que la ASE recibió las cuentas públicas de los 113 entes fiscalizables, tampoco las ha publicado.
Para este jueves se tiene previsto que la Comisión de Vigilancia apruebe los dictámenes relacionados con los informes de la ASE, dado que el límite para que sean desahogados en el Pleno es el próximo martes.
¿Acaso son los diputados quienes requieren que la población desconozca los informes de la ASE para poder dictaminarlos sin que alguna observación sobre su contenido les eche mosca? Hay que tener en cuenta que los últimos tres meses del ejercicio fiscal revisado corresponden a las nuevas autoridades en el Estado.
El informe general que se publicó de manera intermitente deja ver pocas señales sobre la variación en el trabajo de la ASE, además del incremento de un 28.84 por ciento en el monto observado que se mencionó durante la entrega de los documentos, y la reducción en la capacidad para lograr recuperaciones o resarcimientos.
Un comparativo entre lo observado en las Cuentas Públicas 2020 y las de 2021 muestra que la ASE vuelve a ser más estricta en las revisiones a los ayuntamientos, cuyas observaciones pasaron de 466 millones 457 mil 950 pesos a 870 millones 557 mil 598.58, un aumento del 86.63 por ciento. Aunque el incremento en términos absolutos fue el mayor, en términos relativos no.
Las entidades que tuvieron el mayor incremento porcentual de observaciones fueron los DIF municipales, con un 906.34 por ciento, le siguieron los organismos operadores de agua potable con un 628.71 por ciento (la mayor parte de lo observado concentrado en el Interapas), y enseguida los institutos de vivienda con un 523.01 por ciento.
Si el caso del Interapas podría tener cierta relación con temas de politiquería ventilados en los últimos días, también podría ser un indicio de las razones por las que se optó por no publicar los informes individuales y el retiro del informe general hasta supuestamente notificar a los entes –algo sin precedente–.
Por si la opacidad y dosificación con que se ha manejado la información sobre el trabajo de la ASE no fuera suficiente para las suspicacias, el diputado José Luis Fernández Martínez declara abiertamente:
“Confiamos plenamente en los perfiles que están en la ASE realizando su trabajo; estoy muy seguro que han realizado un buen trabajo, en virtud de que están como encargados de despacho y tienen una intención de participar, me imagino yo, en un proceso de selección para la titularidad de la institución”.
Poco le faltó para que dijera que la independencia para hacer un trabajo netamente técnico en la ASE no existe porque está condicionada por la intención de quedar bien con quien podría ratificarlos en el cargo y atienden primero a los intereses de quien pueda apadrinarlos para verse favorecidos en un proceso de selección en puerta.
Efectos de la opacidad y de los indicios sobre un manejo alejado del deber ser de la administración pública: sólo abonan a incrementar la sospecha antes que a eliminarla.
