Por Victoriano Martínez
Tras 332 días como encargada de Despacho de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, tuvo este lunes la prueba que podría definirla como candidata a permanecer al frente del organismo fiscalizador, o habrá de buscarse a otra persona para la sustitución formal y pendiente de Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, quien renunció el 3 de diciembre de 2021.
La entrega de los informes finales de las auditorías a los 113 entes fiscalizables del Estado a cargo de Muñoz Gutiérrez tuvo, por lo pronto, una de las principales características del sexenio: la opacidad.
Desde que la revisión de las cuentas públicas se realiza conforme a la Ley de Fiscalización que entró en vigor a partir de 2017, el mismo día que la ASE entregó los informes a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado los publicó en su Sitio Web, salvo en esta ocasión.
Hasta esta madrugada, no sólo no se habían publicado los informes finales de las auditorías, sino que tampoco aparecían en el portal de la ASE las Cuentas Públicas 2021, que deberían aparecer desde el pasado mes de marzo.
Los escasos datos dados a conocer en el comunicado del Congreso del Estado sobre el contenido de los informes que le presentó la ASE ofrecen muy pocos elementos para evaluar qué tanto contraste se da entre lo detectado por la entidad fiscalizadora local y la federal, y su condición de hallazgos que pudieran confirmar el nivel de corrupción en el último año de la herencia maldita.
Por tratarse de datos globales y muy generales, a lo más que se puede llegar es a establecer que el trabajo de la ASE no se distingue mucho del que realizaron quienes estuvieron al frente en años pasados.
El monto de los recursos que se consideran aplicados con alguna irregularidad (sea por pliego de observación o solicitud de aclaración) aumentó en 460 millones 864 mil 666 pesos, un significativo 28.84 por ciento, pero su relevancia se deriva más del reconocimiento de que entes son los más señalados, lo que se mantiene en la opacidad.
En cambio, lo que resalta es que, aunque señale un monto mayor por irregularidades, el posible mayor rigor en las auditorías no se refleja en un incremento en la capacidad para lograr recuperaciones de los montos mal aplicados.
Las recuperaciones van en caída franca desde hace tres años, cuando se lograron resarcimientos por 3 millones 57 mil 529 pesos, que cayeron a 2 millones 909 mil 702 pesos, para ubicarse este año en el nivel más bajo con apenas un millón 92 mil 613 pesos.
En tanto se trate de pliegos de observaciones o de solicitudes de aclaración, los montos que señale la ASE a los entes fiscalizados mantienen abierta la posibilidad de solventación, así sea muchos años después. En tanto, no existe ninguna consecuencia para los servidores públicos a quienes se le señalar situaciones irregulares.
En tal sentido, las recuperaciones son la única medida en la que efectivamente el trabajo de la ASE tiene un resultado concreto a favor de recuperar fondos del erario desviados o mal utilizados, por lo que el hecho de que en los últimos tres años la ASE haya pasado de recuperar 33 centavos de cada cien pesos a sólo 5 centavos por cada cien pesos tiene características alarmantes.
Si se observa desde la perspectiva del costo que tiene la recuperación de cada peso, el panorama empeora: en 2018, la ASE gastó 89.54 pesos para recuperar uno; en 2019, 93.68 pesos; en 2020, 110.68 pesos, y en 2021 la recuperación de cada peso costó 294.74 pesos.
El mayor problema no es el costo de la recuperación, sino los montos inmensos que se dejan de recuperar. Si todo lo observado debiera recuperarse, en 2018 se habrían quedado si recuperación mil 85 millones 783 mil 741 pesos; en 2019, 925 millones 546 mil 766 pesos, en 2020, mil 594 millones 898 mil 272 pesos, y en 2021 2 mil 57 millones 580 mil 27 pesos.
Nada nuevo en la presentación de los informes finales de la ASE sobre las cuentas públicas de 2021, salvo la opacidad que aplaza la posibilidad de conocer los detalles por ente fiscalizado y, en consecuencia, los indicios sobre los servicios prestados a los actores políticos siempre interesados en el rigor contra unas cuentas y el blanqueo para otras.
