Eduardo Delgado
En el Juzgado Quinto del Ramo Penal siguen trabajando los autores del robo de billetes de depósito por más de un millón de pesos. “Eso es un peligro porque lo van a volver hacer”, alertó Liliana Guadalupe Mejía Elizondo, inhabilitada para laborar en el servicio público durante una década porque en 10 días como secretaria de Acuerdos no se percató de la estafa, cuyos autores falsificaron su firma y la del juez para cobrarlos.
Astrolabio Diario Digital publicó el pasado 12 de junio que la magistrada Adriana Monter Guerrero y un grupo de jueces le pidieron información al presidente del Poder Judicial del Estado y del Consejo de la Judicatura, Juan Paulo Almazán Cue, acerca de las acciones realizadas para recuperar el dinero. Desde aquel día Liliana Mejía anticipó la resolución adversa.
Angustiada porque se quedó sin trabajo ni ingreso para sostener a dos hijos universitarios, pero con su conciencia tranquila -porque durante 27 años en el servicio público nunca le fue imputada ninguna otra anomalía-, Liliana Mejía calificó de “injustas, arbitrarias y desproporcionadas” las sanciones impuestas a sus compañeros y a ella.
Trabajó 23 años como ministerio público y llevaba cuatro años en el Poder Judicial del Estado, a donde ingresó tras aprobar un examen de oposición del que resultó entre los mejor calificados. A la fecha del desfalco tenía 11 meses como secretaria de Acuerdos.
Notificada de la sentencia del Consejo de la Judicatura, en entrevista desmintió la versión “extraoficial” que exhibe a los sancionados como autores del desfalco. “Eso es mentira. Personas que trabajan en el juzgado cometieron el delito”, aseveró tajante.
“No sólo en agravio de los dueños de las fianzas y del Poder Judicial, sino también de sus compañeros, en este caso de sus superiores como el subsecretario administrativo, secretarios de acuerdos y jueces”, añadió.
“Tenían acceso a los billetes de depósito. De manera clandestina los tomaban, falsificaban firmas de jueces y secretarios para canjearlos en la Dirección de Recursos Financieros del Poder Judicial, donde les expedían los cheques para cobrarlos en los bancos”, explicó.
En su caso no fue penalizada por el hurto sino “por no haber tenido cuidado de esos valores que estaban a la vista y alcance de todos”. Documentos carentes de valor sin rubricas de juez y secretario de Acuerdos.
Las fianzas son depositadas en juzgados por personas encarceladas para ser liberados de manera provisional, hasta en tanto se resuelve en definitiva si son o no culpables. Los absueltos tienen derecho a recobrar su dinero.
Luego de dos semanas en el Juzgado, Liliana Mejía salió de vacaciones, y al término de estas fue asignada a otro. “En 10 días hábiles era humanamente imposible darme cuenta que se estaba cometiendo un delito”, aseveró.
Además, el titular del Juzgado le pidió primero ordenar lo jurídico mientras a su vez el subsecretario, Ulises Bertrand, regresaba de su periodo vacacional.
Al revisar expedientes se percató de que no podía seguir ahí porque por muchos años fungió como ministerio público adscrito en ese juzgado. “Fui al Consejo de la Judicatura a decirles esa anomalía e inmediatamente me cambiaron”, comentó.
“El atraso en el juzgado era mayúsculo. Había procesos activos en los que había sido fiscal”, agregó.
Incluso, destacó, ella “destapó” el saqueo tiempo después, cuando desde un Juzgado de Ejecución solicitó billetes al Juzgado Quinto para devolver fianzas y se descubrió que “ya estaban cobrados”.
De haber sido parte de la estafa habría tramitado documentos sin cobrar, señaló. Del fraude “me di cuenta hasta que el Consejo me notificó el procedimiento administrativo instaurado en mi contra”, aseguró.
El cargo de secretaria de Acuerdos en el Juzgado Quinto lo asumió el 1 de marzo de 2016 y al siguiente día fueron sustraídos los dos primeros billetes de más de 50. Otros cuatro durante los escasos días que permaneció ahí. El saqueo fue perpetrado durante año y medio.
La sentencia del Poder Judicial, a través del Consejo de la Judicatura, “es injusta de por sí, arbitraria, y en mi caso es totalmente absurda”, reiteró. “Me robaron seis billetes y me inhabilitan 10 años… por una conducta que no puede calificarse dolosa, culposa ni negligente, porque estamos frente a la comisión de un delito que aún no se investiga”, remarcó.
Pero, sobre todo, porque perdió su trabajo y “ellos siguen trabajando; no sabemos exactamente quiénes son porque no hay una investigación penal. Se abrió una carpeta de la cual a la fecha no tengo conocimiento que sucedió con ella”, dijo.
“Personal administrativo, secretarios, escribientes, mozos… siguen trabajando, mientras el juez, en este caso (Miguel Ángel) Sauceda fue suspendido; el subsecretario (Ulises Bertrand); el licenciado (Francisco Javier) Leija, que es el otro secretario y yo fuimos inhabilitados”.
“Lejos de sancionarnos”, opinó, el Consejo de la Judicatura “debió investigar primero y proteger a los superiores de la gente que se robó el dinero”.
Dijo ignorar la razón por la que los billetes estaban a la mano del personal. “Yo iba llegando y para mí me fue imposible, en 10 días, poner orden en el juzgado”.
“Eso no lo puede hacer nadie. Si el licenciado Leija, que es un secretario con experiencia de muchos años, ya jubilado, no se dio cuenta de la estafa durante año y medio, cuanto más yo que llevaba apenas 10 días”, recalcó.
Es ilegal, admitió, que los billetes no estuvieran resguardados, “porque deben estar en la caja de valores, pero no se hacía así”.
Sin embargo, “las firmas (en los documentos cobrables) no las estampamos nosotros… los peritajes dicen que no son nuestras firmas”, enfatizó con un dejo de impotencia.
En su sentencia los consejeros le imputaron que por su conducta fue perpetrada una falta “gravísima”, asentaron en la resolución del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 67/2017. Además, la catalogaron de incapaz y sin calidad para volver a trabajar en el servicio público.
La Fiscalía General del Estado, encabezada por Federico Arturo Garza Herrera, abrió una carpeta de investigación tras la denuncia del desfalco. En enero de 2018 ella acudió como testigo; un año siete meses después ignora el estatus de la indagatoria.
Con la sentencia del Consejo de la Judicatura, Liliana Mejía acudió a la Fiscalía a denunciar la falsificación de sus firmas, “porque yo tengo interés en que se sepa la verdad”.
SENTENCIA COPIA Y PEGA
La sentencia fue aprobada por unanimidad en el Consejo de la Judicatura por su presidente, Juan Paulo Almazán Cue, y los otros tres integrantes: Jesús Javier Delgado Sam; Diana Isela Soria Hernández y Carlos Alejandro Ponce Rodríguez. Este último remplazado por Huitzilihuitl Ortega Pérez el pasado sábado.
Liliana Mejia sostiene que la sentencia “a todas luces y para todos es injusta, excepto con los absueltos”.
Durante el año y medio de la estafa hubo dos jueces: Miguel Ángel Sauceda fue multado por 504 mil 135.92 pesos y suspendido por 90 días naturales. Jesús María Ponce de León fue absuelto.
En el mismo lapso dos secretarios de acuerdos: Francisco Javier Leija fue sancionado económicamente por la cantidad de 320 mil 934.78 pesos e inhabilitado 10 años, aunque en su caso ya está jubilado. Liliana Mejía deberá pagar multa de 41 mil 700 pesos y fue suspendida también una década.
El subsecretario Administrativo sólo fue inhabilitado 10 años para desempeñar empleos en el servicio público. Otros dos funcionarios fueron absueltos.
El copiado y pegado en la sentencia se constata en el apartado 10.4, en el que refiere la individualización de la sanción decretada para Liliana Mejía. En el primer párrafo se le menciona a ella y en el segundo a Francisco Leija.
La afectada expuso que las características personales y laborales entre ambos son completamente distintas, porque él está jubilado y “no había otra sanción que imponerle”.
“Yo en activo, mantengo dos hijos y no es posible que me sancionen a la par… no hay un argumento lógico, no hay congruencia legal ni jurídica ni en cuanto a derechos humanos ni en perspectiva de género para sancionarme exactamente igual”, abundó.
A su parecer su omisión no fue delicada, pero el Consejo, “con un criterio que no sé de dónde lo sacaron, dice que sí. Tan grave que no me permite trabajar, cuando a lo que me he dedicado toda mi vida es al servicio público. Jamás le he robado un quinto a nadie ni he hecho algo de lo que pueda avergonzarme”, enfatizó.
Su repuesta es tajante a la interrogante de si considera que su inhabilitación fue una represalia: “No, porque nunca le hecho nada a nadie. Yo no tengo nada en contra de nadie”.
“Lo que sí pienso es que como hay jueces que están molestos con su circunstancia laboral exigieron que se resolviera esto, pero no midieron las consecuencias, porque se dictó una sentencia tremendamente injusta, fuera de la ley, y por eso acudí a la protección de la justicia federal”, ahondó.
A diferencia del juez Sauceda, a ella no le fue concedida la suspensión de la sanción y debe esperar la resolución definitiva. Es decir, de fondo, lo que se puede llevar meses. En tanto se quedó en “estado de indefensión…, sin poder mantener a mi familia”.
Consideró incongruente que ahora es calificada “de lo peor”, porque “el juzgado de Venado, que era un problema, lo saqué adelante. Me pasan al sexto y meses después me cambian al de ejecución. Siendo eminentemente penalista el Consejo me pasa a un juzgado familiar en Matehuala”, recordó.
Ajena al aspecto familiar dedicó tardes y mañanas al encargo que ocupó hasta hace unos días. “El titular me apoyó y me enseñó; gracia a ello saqué mi trabajo en Matehuala”, añadió.
- ¿Por seis billetes la inhabilitaron diez años?
- Mi sanción económica es un poco más al monto de los seis billetes, pero no sé de dónde viene la inhabilitación. La sentencia dice que merezco un castigo ejemplar porque por mi conducta se robaron los billetes.
Deploró: “Es muy lamentable que me hayan aplicado un castigo ‘ejemplar’ sin razonamiento lógico, sin valorar pruebas, sin juzgar bajo el imperativo de respeto a los Derechos Humanos”.
En el Juzgado Quinto del Ramo Penal, acotó, “como en muchos más, existe un total desorden, en muchos aspectos y en 10 días es, insisto, humanamente imposible poner orden o darme cuenta de alguna anomalía”.
Dijo haber acatado a cabalidad la orden del Titular del Juzgado en el sentido de poner orden en lo jurídico, mientras el subsecretario Administrativo regresaba de vacaciones, y quien “se encargaba equivocadamente de los billetes de depósito por disposición superior”.
Gracias a la suspensión obtenida por el juez Sauceda él “ya se encuentra trabajando; el secretario jubilado recibe su pensión y yo sin la posibilidad de trabajar y sostener a mi familia como lo he hecho toda mi vida”, resumió.
Guadalupe Mejía sostuvo que al imponer las penas se debe tomar en cuenta a cada persona en lo individual.
El copiado y pegado en la resolución, insistió, confirma que en su caso la sentencia es un “error garrafal”, porque ni siquiera hubo un análisis respecto a cómo sucedieron las cosas ni por qué.
Confió que el juez federal haga un análisis profundo del caso y se sepa la verdad. Es decir, que un grupo de amigos del juez y del subsecretario, abusaron de la confianza de ambos.
Reconoció que los valores deben estar en la caja fuerte, “pero en ese juzgado no estaban así”.
- ¿Había caja fuerte?
- Sí. Pero para mí era imposible llegar y darme cuenta. El primer día te presentan. El segundo el juez le autorizó sus vacaciones y me ordenó dedicarme a lo jurídico. Demostré a través de testimoniales de lo que yo hice esos días.
“Lejos de favorecerme con esas pruebas” el Consejo las utilizó, dijo, en su contra. El órgano colegiado adujo que sus testigos avalaron que descuidó los valores.
- ¿Le voltearon la tortilla?
- Yo demostré mi conducta con testigos del Poder Judicial, de la Procuraduría, jefes y titulares de la Procuraduría, pero lejos de valorarlo se tomó en mi contra.
“Ahora tengo el temor fundado de que el Consejo vaya con mi sentencia a la Fiscalía y diga que por mi omisión me ponga cierto grado de participación en esa conducta. O sea ¿hasta dónde puede llegar a afectarme esta circunstancia?”, cuestionó angustiada.
Sabe que a pesar de que muchos de sus compañeros creen en su inocencia, “nadie sabe exactamente qué pasó”, razón por la que “yo quiero que se sepa la verdad”, remarcó.
