Angélica Campillo
Luego de las agresiones de las que fueron víctimas habitantes de La Noria de San José hace más de tres años por parte de funcionarios de la administración de Juan Manuel Carreras López, la Contraloría General del Estado inhabilitó por 10 años a Julio César García Meléndez, ex director jurídico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
En rueda de prensa, Griselda Haro Dávila, una de las afectadas, recordó que el 14 de junio de 2016, se presentó en la Noria de San José quien en ese entonces se desempeñaba como director jurídico de la CEEAV en San Luis Potosí, Julio César García Meléndez, haciéndose pasar por actuario judicial, quien, en compañía de otros funcionarios, llevó a cabo un despojo ilegal, sin orden ni mandato alguno, de las propiedades de los habitantes de esa comunidad.
Manifestó que el día de los hechos se registraron conductas de abuso de autoridad, usurpación de funciones y tráfico de influencias, y esta situación le sirvió para corromper a las autoridades policiacas, además de cometer delitos como lesiones y despojo en contra de habitantes de la Noria de San José.
Se dio a conocer que, además de laborar en la CEEAV, García Meléndez también era abogado de la inmobiliaria American Industries, propiedad del empresario Luis Lara Armendáriz, “lo que presume serios actos de corrupción”.
Haro Dávila refirió que, ante ello, se presentó ante la Contraloría Estatal una queja que quedó registrada bajo el expediente PRA-103/2016, y tres años después, el 7, 8, y 9 de septiembre de este año, mediante edictos publicados en un diario de circulación local, la mencionada instancia gubernamental anunció que se sancionará a Julio César García Meléndez con 10 años de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones del servicio público.
Aseveró que la inhabilitación de esta persona debe servir como ejemplo para otros que otros funcionarios de cualquier nivel de gobierno eviten actos de corrupción, “ya que es por demás aberrante que las instituciones encargadas de atender a víctimas del delito sean quienes las revictimizan”. Agregó que se deben revisar minuciosamente los perfiles de quienes ocupan los diferentes puestos públicos a fin de que no se repitan hechos como el ocurrido hace tres años.
Griselda Haro apuntó que, además, se ordenó por parte del Estado la reparación del daño a las víctimas, por lo que la administración estatal “tendrá que responder por las actuaciones de los funcionarios públicos corruptos, y esto es en perjuicio de toda la ciudadanía, ya que las fechorías de estos funcionarios se pagan con nuestros impuestos”.
Sin embargo, refirió que todavía falta que la Contraloría Estatal resuelva las quejas iniciadas en contra de otras autoridades y diversos funcionarios involucrados, y emita las sanciones correspondientes, entre los que se encuentran: el fiscal general del estado, Federico Garza Herrera; el director de la entonces Policía Ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino, y el ex titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Óscar Candelas Reyes: “esperamos que no tengan que pasar otros tres años para que se haga justicia y se sancione a los funcionarios mencionados”, a gregó.
Dijo conocer el peligro que corren al enfrentarse a autoridades y empresarios, por lo que hacen responsables de los perjuicios que pudieran ocurrirles en su integridad, la de sus familias y la de sus defensores, al gobernador Juan Manuel Carreras López y al empresario Luis Lara Armendáriz, ya que han sido objeto de amenazas y hostigamiento, “y desde aquí le decimos a nuestros agresores: ¡No les tenemos Miedo!”
Cabe recordar que la empresa American Industries se ha ido apoderando de varios terrenos ubicados en La Noria de San José, perteneciente a la delegación La Pila, usando su poder e influencias y ha llegado a invadir a los pobladores, quienes se han mantenido en resistencia.
