José de Jesús Ortiz
Este lunes inicia la etapa del juicio oral en el proceso penal en contra de Miguel Ángel Lutzow Steiner, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Salud en el Estado en el primer semestre de 2021, recluido en el Centro de Reinserción Social de La Pila desde el 3 de mayo de 2021 por el delito de uso abusivo de funciones durante la etapa en que fue director de Salud Pública.
La Fiscalía General del Estado lo señala por probable participación, como coautor, en la compra simulada en 2021 de un plaguicida a la empresa Public Health Supply and Equipment de México S.A, que se utilizaría para combatir el dengue en la época, lo cual, de acuerdo con la Fiscalía, supuso una afectación al erario fue por más de 32 millones de pesos. Por ello, fue vinculado a proceso el 9 de mayo de 2022, imputado por los delitos de uso abusivo de funciones y asociación delictuosa, aunque este último fue retirado luego de un amparo que obtuvo su defensa.
Médico cirujano y homeópata egresado del Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en epidemiología por la UNAM y maestría en Administración Pública y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Lutzow Steiner llegó a San Luis Potosí en 2019 procedente de la Ciudad de México donde había hecho ya una carrera profesional a nivel federal en el campo de la salud desde más de una década atrás. Entre otros cargos —en esencia de carácter técnico—, se desempeñó como coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (2014 a 2018) y subdirector de Prevención de Cólera en el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (2007-2009).
En agosto de 2019 se incorporó de tiempo completo a la Secretaría de Salud como director de Salud Pública, hasta febrero de 2021 cuando fue designado titular de la dependencia luego de la renuncia de Rangel Martínez para iniciar su aventura fallida como candidata a la gubernatura del estado.
Según la FGE, Lutzow Steiner participó en diversas reuniones en las que se acordó la compra simulada de 193 tambos de 208 litros de “mosquiticida”, un plaguicida para combatir el dengue, sabiendo que dicho producto no sería entregado por la citada empresa. El 13 de abril, a través del apoderado legal de la empresa Public Health Supply and Equipment de México S.A, se firmó el contrato por 32 millones 732 mil 800 pesos— para la entrega del producto establecida, que se realizaría el día 27. La transferencia bancaria se hizo ese día a través de Banorte, por parte de la subdirectora administrativa de la dependencia. Todo ello, en la versión de la FGE, fue una compra simulada pues ya había un acuerdo previo para no recibir el producto. Posteriormente, en mayo de ese año, se reintegró en efectivo dicha cantidad.
Una acusación que ha sido rechazada por Lutzow Steiner, “la Fiscalía se ha empeñado en mantenerme recluido a pesar de que no hay pruebas en mi contra, a pesar de que saben perfectamente que yo no cometí ese delito, ni ayude, ni firme, ni autoricé nada para que se cometiera”, como lo denunció en enero de este año.
Las diversas anomalías procesales registradas desde el mismo 3 de mayo de 2022 cuando fue detenido —vulnerado su derecho a una defensa jurídica adecuada, con la asistencia de una defensora pública que desconocía la carpeta de investigación—, originaron que el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito ordenara la reposición de la audiencia inicial y de la vinculación a proceso, sentencia ejecutoria cumplimentada la última semana de febrero de 2023.
El pasado 13 de marzo, a través de una carta de dos cuartillas entregada a la Presidencia de la República, el ex funcionario estatal resumió el caso por el cual se encuentra detenido y enumeró lo que considera diversas anomalías procesales y violaciones a derechos humanos que han afectado su salud física y emocional: “Me encuentro injustamente recluido en el Centro de Reinserción Social de La Pila, en San Luis Potosí, detenido y acusado por un delito que no cometí, en un proceso que ha sido violatorio de mis derechos humanos, sustentado en testimonios falsos, abusos y vejaciones en mi contra, así como múltiples artimañas del Gobierno actual en San Luis Potosí y el Poder Judicial del Estado. En el proceso penal en mi contra se ha utilizado todo el poder del Estado de San Luis Potosí para criminalizarme y justificar, por parte de la administración estatal, el supuesto combate a la corrupción”, señaló.
La audiencia inicial del juicio oral está prevista para las 9 de la mañana de este lunes 5 de agosto. El Tribunal de Juicio Oral quedó conformado de forma colegiada por tres jueces responsables de conducir el debate para determinar la culpabilidad o inocencia del ahora acusado. Los jueces designados son Fernando Zapata Guzmán, María Sara de la Luz Bernal Ramírez y Claudia Hernández Ibarra.
