Victoriano Martínez
El Juzgado Tercero de Distrito inició el trámite de cuatro juicios de amparo en contra de la resolución del Congreso del Estado con la que se inhabilitó al ex alcalde Xavier Nava Palacios, a la ex síndico Alicia Nayeli Vázquez Martínez, y a varios ex regidores, incluido Alfredo Lujambio Cataño, quien fue reelecto y destituido.
Nava Palacios y sus colaboradores en el Cabildo fueron inhabilitados el pasado 18 de diciembre en sesión secreta del Congreso del Estado por la presunta violación a una suspensión de amparo con la realización del puente elevado en el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Río Españita y la avenida Industrias.
La solicitud de amparo interpuesta por el ex alcalde, inhabilitado para ocupar cargos públicos por 18 años, se registró con el número 22/2022 y se programó audiencia incidental de suspensión para el 18 de enero a las 10:22 horas, en tanto que la audiencia constitucional está programada para las 10:02 horas del 10 de febrero.
En el caso de Lujambio Cataño, sancionado con inhabilitación de 12 años y destitución como regidor, su juicio de amparo quedó registrado con el número 20/2022 y se programó audiencia incidental de suspensión para el 18 de enero a las 9:50 horas, en tanto que la audiencia constitucional está programada para las 10:10 horas del 10 de febrero.
La solicitud de amparo de Vázquez Martínez, sancionada con inhabilitación de 12 años, quedó registrada con el número 23/2022 y se programó audiencia incidental de suspensión para el 18 de enero a las 10:23 horas, en tanto que la audiencia constitucional está programada para las 10:03 horas del 10 de febrero.
El cuarto amparo aparece en las listas de acuerdos como promovido por “María Verónica Campillo Salazar y Otros”, con el número de expediente 21/2022, en cuyo caso se programó audiencia incidental de suspensión para el 18 de enero a las 9:21 horas, en tanto que la audiencia constitucional está programada para las 10:11 horas del 10 de febrero.
Los regidores incluidos en este expediente fueron sancionados por el Congreso del Estado por cinco años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
