Por Victoriano Martínez
El proceso electoral 2024 inició formalmente en el Estado con un grave déficit de certeza que parece difícil de remontar, y que Juan Manuel Ramírez García, consejero electoral, resumió con la advertencia “la materialización de un proceso electoral de calidad el día de hoy se ve comprometida”.
Una sesión de Instalación Formal del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) para el Inicio del Proceso Electoral 2024 que se caracterizó por reacciones tardías a las primeras aberraciones politiqueras que ya marcaron los próximos comicios: el retraso del inicio del proceso y el recorte del 67.48 por ciento al presupuesto para las elecciones.
Un retraso en el inicio del proceso propiciado por la intención de incorporar a estas elecciones la del primer ayuntamiento del frustrado municipio 59 de Villa de Pozos, marcado por un plebiscito que ahora tiene tintes de un ejercicio precursor del menosprecio al que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona somete al CEEPAC.
Si para el primer plebiscito de la historia el CEEPAC estimó un costo de 55 millones 840 mil pesos y se vio obligado a represupuestarlo a un mínimo de 23 millones 901 mil 624.31 pesos porque con menos sería imposible de realizar y finalmente lo llevó a cabo con 20 millones de pesos impuestos por Gallardo Cardona, que hoy la elección constitucional siga la misma ruta no debe extrañar.
Los consejeros electorales ya le demostraron a Gallardo Cardona que pudieron realizar el plebiscito con el 35.52 por ciento de lo que requerían, ¿porqué no habrían de ser capaces de realizar las elecciones de diputados y de ayuntamientos con el 32.52 por ciento de lo que presupuestaron?
La calidad del plebiscito y la certeza de su resultado poco le importaban al gobernador, pues se trataba de cumplir un requisito para municipalizar la Delegación de Villa de Pozos. ¿Acaso en las elecciones del 2 de junio también le importa poco la calidad del proceso y sólo ve el cumplimiento de un requisito para legitimar la madriza electorera a la herencia maldita?
Con el plebiscito, Gallardo Cardona les tomó la medida a los consejeros electorales. Hoy simplemente se trata de confirmarla, y a casi tres semanas de que el Congreso del Estado avaló el recorte presupuestal al CEEPAC remontar la actitud sumisa plebiscitaria –ante la que los partidos políticos guardaron silencio– se ve difícil –así hoy los partidos alcen la voz y abandonen la sesión.
Con el antecedente del plebiscito, partidos y CEEPAC tienen el reto de contrarrestar que el presupuesto asignado para la realización de las elecciones no sea definido “a contentillo” de otra autoridad, como advirtió el PAN, y lograr que se asignen recursos públicos conforme a criterios técnicos que definen con claridad los costos de un proceso electoral.
“Solamente le pedimos al Consejo Estatal Electoral exija su independencia financiera, ponga en práctica su autonomía en acuerdos y decisiones, y los partidos políticos acompañaremos a nuestro CEEPAC en todas estas acciones”, dijo Lidia Argüello, representante del PAN, momentos antes de abandonar la sesión de instalación en protesta por el recorte presupuestal.
Advirtió que si acudieron a firmar el Pacto de Civilidad fue para mostrar que su partido no obstruye lo que favorece el ejercicio democrático, pero ahora es momento de levantar la voz porque con el recorte presupuestal no existen las condiciones mínimas para una elección de calidad.
Tanto el PRI como el PAN tienen la experiencia de procesos electorales desde la posición de ser gobierno y saben lo que implica el manejo presupuestal de los comicios, por lo que no resulta asunto menos la advertencia de Alberto Rojo Zavaleta, representante priísta, en el sentido de que la estrechez presupuestal es un mal augurio.
“Genera la percepción que desde el aparato estatal se busca ya el control del proceso y fundamentalmente de sus resultados”, dijo.
Un contexto en el que la afirmación de Liliana Margarita Hernández Carrera, representante del PVEM, de que “estamos seguros que este organismo electoral contará también con el respaldo presupuestario que sea necesario”, aparece como si se tratara de la advertencia de una dosificación de los recursos con fines poco claros. ¿Cuál es la necesidad?
“La integridad de nuestro proceso electoral depende de recursos suficientes y necesarios para realizar con efectividad cada una de las distintas etapas que aquí estamos desarrollando”, expresó Marco Iván Vargas Cuéllar, consejero electoral.
¿Qué tan comprometidos estarán los consejeros electorales –y cuánto respaldo podrán tener de los partidos políticos, y hasta donde estarán dispuestos a llegar para lograr esa integridad del proceso electoral? ¿Qué tan posible es que se repita un vergonzoso capítulo de sumisión como ocurrió con el plebiscito del 24 de septiembre?
La calidad del proceso electoral está hoy supeditada principalmente a la integridad con la que actúen los consejeros electorales y su capacidad para lograr su independencia financiera y actuar con una real autonomía.
