Por Victoriano Martínez
Hoy comienzan las comparecencias de los funcionarios ante el Congreso del Estado para dar explicaciones sobre el contenido del segundo informe de gobierno, y que los diputados les puedan “demandar explicaciones, justificar lo realizado, precisar datos, argumentar posiciones, aclarar equívocos, analizar la situación que guarda la institución pública a su cargo, y rendir cuentas”.
En esta primera ronda comparecerán los titulares de la Secretaría de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez; de la Secretaría de Desarrollo Económico, Juan Carlos Valladares Eichelmann, y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Isabel Leticia Vargas Tinajero.
Como el contrapeso que representa el Poder Legislativo, estas comparecencias son una oportunidad –no sólo para los diputados de partidos distintos a los del gobernador, sino para los de sus propias bancadas– de reivindicar su papel como representantes de la ciudadanía y aprovechar la oportunidad de demandar explicaciones, como lo establece el artículo 154 Bis de su reglamento.
Pero el proceso de comparecencias no se distingue en absoluto de los realizados hasta ahora: comparecencias pactadas en las que el pronóstico es que reciban cuestionamientos a modo, porque –de entrada– se evitó una vez más que el compareciente fuera, como establece la fracción XXIV del artículo 57 de la Constitución local, el gobernador, en este caso Ricardo Gallardo Cardona.
Desde que la Constitución establece la posibilidad de la comparecencia del mandatario para dar explicaciones sobre su informe, sólo en una ocasión se dio: el 12 de octubre de 2005, cuando Marcelo de los Santos Fraga fue llamado al Congreso del Estado con motivo de su informe. Después de eso, para no exponer al gobernador, éste manda a sus funcionarios. Todo igual, pues.
Después de aquella comparecencia en la que De los Santos Fraga salió bien librado por vergonzosas exhibiciones de zalamería entre las que destacó el ¡qué bien se ve, Señor Gobernador! del diputado priísta Manuel Medellín Milán, el gobernador panista no quiso volver a pasar por enfrentar las pocas preguntas incómodas que recibió.
El 6 de noviembre de 2018 se registró la comparecencia de otro gobernador ante el Congreso del Estado, pero esta vez no para dar explicaciones sobre su informe anual, sino para dar cuenta del trabajo realizado en torno al combate a la inseguridad. El compareciente fue Juan Manuel Carreras López.
El resultado: diputados timoratos en sus cuestionamientos y un mandatario sin ningún empacho para mentir. Una mera simulación de comparecencia.
Hoy comienzan esos mismos ejercicios de simulación con los titulares de tres secretarías. Tres altos funcionarios que deberían acudir, conforme al deber constitucional, a rendir cuentas, simularan respuestas, pero se mantendrán firmes en la característica del sexenio: hacer prevalecer la opacidad con la complicidad de los diputados.
De las tres comparecencias, por coyunturas de la vocación por el espectáculo del actual mandatario, la de la titular de SEDUVOP, Vargas Tinajero, puede considerarse la de más expectativa. El fracaso de la Arena Potosí y los gastos provocados por el cambio de sede del LXXIX Congreso y Campeonato Nacional Charro 2023 son sin duda algo que requiere de explicaciones.
¿Cuánto va a costar la habilitación del Estadio 20 de Noviembre para la actividad de charrería? Sobre todo, porque en la asamblea extraordinaria de la Federación Mexicana de Charros (FNCH) realizada el sábado 21 en Querétaro se afirmó que el gobierno estatal “ha volcado todos sus esfuerzos para ofrecer las condiciones más óptimas para recibir a toda la familia charra”.
En esa asamblea también se señaló la responsabilidad de atraso en las obras de la Arena “a la irresponsabilidad de una empresa constructora” y a pesar de eso el evento “será de la más alta calidad, digno del Congreso y Campeonato Nacional Charro, y que todos los visitantes se llevarán una grata sorpresa”.
“El comisario de la Federación, Rafael Osornio Sánchez, exhortó respetuosamente a difundir información sobre la habilitación del estadio de béisbol y la instalación del lienzo, su techado y sus áreas operativas”, señala la reseña en el sitio Web de la FNCH.
La mención del techado dio paso a la aclaración de que “se informó que la techumbre no será una velaria sino un domo profesional, que deberá quedar instalado el jueves de la próxima semana, y de cuyos avances en la habilitación del estadio se dará cuenta públicamente a la charrería”.
A esos gastos habrá que sumar 6 millones de pesos que pagará el gobierno como apoyo económico que presuntamente entregará a “escaramuzas y equipos, especialmente de la categoría “AA”, en función de su lejanía con la ciudad de San Luis Potosí… como parte de resarcimiento y que demuestra también el compromiso del gobernador Ricardo Gallardo con la charrería y el certamen”.
Un resarcimiento que muestra que el compromiso de Gallardo Cardona está más con rendirle cuentas a la FMCH que a los potosinos, quienes ante sus demandas de información reciben acuerdos de reserva que violan la Ley de Transparencia con la complacencia de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.
Un magno evento con un magno costo que representa un magno ejemplo de la opacidad que caracteriza a la actual administración y que, como parte del gobernar con espectáculos, habrá de dejar claro el grado de simulación de las comparecencias que comienzan este lunes 23 de octubre.
