Estela Ambriz Delgado
El Congreso del Estado inició este lunes con las entrevistas de las personas que aspiran a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así como para integrar el consejo ciudadano, proceso que arrancó con irregularidades como la falta de acceso público a los currículos y otros documentos que comprueben su especialización en la materia, además de un tiempo limitado de cinco minutos para demostrar sus conocimientos, experiencia y propuestas.
El proceso a cargo de la comisión legislativa de Derechos Humanos ha generado suspicacias entre algunos de los participantes, como la actual consejera suplente Claudia Espinosa Almaguer, debido a diversas irregularidades que se presentaron en el proceso anterior que dejaron al descubierto que la idoneidad de algunos de los que fueron elegidos obedeció en realidad a intereses económicos e influencias, además de que actualmente se presentan otras irregularidades.
Entre estas se encuentran la omisión en el acceso público de los currículums con documentos que comprueben su especialización en temas de derechos humanos, el escrito en el que se expongan los motivos y las razones por las cuales considera ser la persona idónea para ocupar el cargo al que aspiran; y en el caso de quienes participan para la presidencia de la comisión, el escrito que contenga una exposición breve de su proyecto de trabajo en caso de ser electa, pues en el sitio destinado a ello sólo se encuentra la convocatoria y los nombres de los inscritos.
Espinosa Almaguer señaló que esta situación también se presentó en el proceso de selección en 2021 pese a la evidente falta de conocimiento y experiencia de algunos perfiles como Alberto Morán, hijo del ex titular de la CEDH, José Ángel Morán Portales, fueron seleccionados por encima de gente con el bagaje necesario, y en cuyo caso él mismo manifestó que fue gracias al cabildeo de su padre.
Ello llevó a que personas como el maestro Fernando Sánchez presentara un amparo en el que cuestionaba los criterios que la comisión legislativa tomó en cuenta para calificar la idoneidad, además de una investigación penal que hay respecto a la elección de la presidencia, en donde se señala que hubo reparto de dinero para tomar la decisión de elegir a Giovanna Argüelles Moreno como la actual titular.
Asimismo, la conseja señaló la discordancia de que a los medios de comunicación se les dijo que tendrían 15 minutos para expresarse durante su entrevista, cuando en realidad les dieron cinco minutos, un tiempo reducido para exponer, en su caso, sobre la temática de su ensayo cuya extensión es de 17 hojas.
“Se esperaría que si me estás pidiendo que si yo cubra un perfil y te demuestre que sé de lo que estoy hablando, que soy una persona preparada para este espacio, pues me des tiempo y leas lo que me pides”.
Claudia Espinosa detalló que expuso ante las y los diputados lo abordado en su ensayo, sobre el aumento en la concientización de la gente sobre sus derechos humanos en México, sobre todo desde la reforma de 2011, lo que ha dejado completamente rebasada a la comisión local que fue creada en 1992 y a la cual no se le ha invertido desde ese entonces y ni siquiera tiene un inmueble propio, es decir, que no ha crecido, pues la estructura que había en los años 90 de una dirección y cuatro visitadurías sigue igual.
En este sentido, explicó la urgencia de mayor personal especializado, dado que San Luis Potosí tiene casi 3 millones de habitantes y sólo 82 personas trabajan en la CEDH, de las cuales no todos son abogados, por lo que a cada uno le correspondería atender a cerca de 34 mil personas, de quienes se debe vigilar se les garanticen sus derechos humanos.
“La CEDH le dijo al INEGI: ‘nosotros estamos en el puesto 32, somos los que menos visitadurías tenemos en el país’, además reportaron 3 mil 424 atenciones, 4 mil 226 hechos violatorios de derechos humanos, y le dijeron al INEGI que hicieron una acción de inconstitucionalidad, 285 medidas precautorias, 26 conciliaciones, y 22 recomendaciones, eso es simbólico (…). La comisión es responsable de cumplir su propia ley y de cumplir las normativas en materia de discriminación, de la mujer, de la persona joven, del adulto mayor, y de acceso, entonces no lo cumple; los fines que están en el artículo tercero y cuarto de la ley de la comisión no se cumplen”.
La consejera sumó que la representación simbólica de la CEDH hace daño, pues en el caso de la Alerta de Violencia de Género (AVG), primero fue solicitada por el organismo y posteriormente avala que la retiren, lo que es una muestra de que está de lado del poder político y es cómplice, porque no hay datos para quitarla.
Por otra parte, también informó a las y los diputados sobre los diversos temas que quedan pendientes de revisar en el consejo ciudadano, que son los informes de personas desaparecidas, de víctimas, de personas en prisión; la publicidad y transparencia de las versiones estenográficas de las sesiones; los resultados de la investigación de la contraloría interna contra funcionarios que usaron víctimas para recuperar su trabajo, la rendición de cuentas de dinero y de trabajo de los despachos jurídico y contable.
A esto se suma la explicación sobre la complicidad en el retiro de la AVGM en algunos municipios y los resultados de las investigaciones que la Contraloría Interna realizó sobre el 5 de julio de 2024, cuando presionaron a los consejeros para colocar a un perfil en la primer visitaduría, así como los resultados de otra investigación en torno a la difusión de sus datos personales a un grupo de víctimas que fueron utilizadas para obligarles a renunciar; y la falta de aprobación del proyecto de presupuesto, los informes anual y financiero 2024, que ya fueron entregados.
Aunque Espinosa Almaguer se puso a disposición de las y los legisladores para explicar a fondo la situación que prevalece en el organismo, no recibió respuesta alguna, y tampoco se le cuestionó sobre ello, a pesar de que el presidente de la comisión legislativa, Marco Gama Basarte, dijo en entrevista que podría ser un tema de interés para ser abordado por la comisión.
