Por: Antonio González Vázquez.
Mediante una iniciativa ciudadana, el abogado José Mario de la Garza Marroquín propone a los diputados la eliminación total y consecuente prohibición de todos los apoyos económicos que reciben y que solo reciban su dieta de 95 mil 257 pesos.
Se trata de una iniciativa para reformar la fracción IV del artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, con el objeto legal de prohibir que los legisladores potosinos reciban por el ejercicio de su función como representantes populares bonos, sobresueldos, apoyos, o partidas adicionales a su dieta.
En su exposición de motivos, explica que el principal problema de las percepciones de nuestros legisladores locales, y su respectivo y muy conocido reclamo ciudadano, es que adicionalmente a la dieta, mensualmente se les entregan apoyos financieros cuyo propósito y respectiva comprobación es habitualmente sujeto de señalamientos y duras observaciones por parte de la opinión pública.
El fondo del asunto, es que si bien no se puede generalizar, algunos diputados estiman que esas partidas son complementos a su remuneración y se cae entonces en el supuesto de tener que comprobar el ejercicio de un recurso que no necesariamente se utilizó bajo los parámetros exigibles para su expedición.
Nuestra hipótesis es que en algún momento, por querer evitar el costo político de asumir ante la ciudadanía que las dietas de los legisladores eran más altas de lo que se suponía, se construyó todo un sistema de gastos adicionales a la dieta que con el paso del tiempo, han comprobado con suficiencia que mantener este esquema de simulación que si bien no puede acreditarse plenamente como ilegal, es mucho más costoso políticamente para los legisladores y gravoso para la confianza ciudadana en sus representantes.
De la Garza estima que “los diputados deben recibir una dieta suficiente que les permita desempeñar su función de forma adecuada y al mismo tiempo prohibirse que reciban cualquier apoyo económico adicional”.
Es decir, “si los legisladores quieren contratar asesores personales, distintos a los que les puede asignar la institución; apoyar con dinero las gestorías que les promueven los ciudadanos; o ejercer gastos de representación, ello ocurriría con cargo a sus propios ingresos, lo que daría a esas acciones un genuino valor y corrección ética. No como en la actualidad ocurre, dado que los recursos que se les otorgan mensualmente y que se supone deberían dirigirse a los propósitos descritos, solo deben comprobarse mediante la exhibición de un documento fiscal, pero no existe certeza de que efectivamente se eroguen en cumplimiento de sus fines”.
Considera necesario “terminar con la simulación de la entrega de cantidades adicionales a la dieta, que para efectos prácticos es el salario de los diputados, le dará credibilidad al trabajo legislativo y evitará que los representantes populares deban entrar en esquemas de comprobación que muy pocos creen y que en nada abonan a mejorar la credibilidad institucional, y mucho menos la rendición de cuentas en el Poder Legislativo”.
