Leticia Vaca
Con una iniciativa ciudadana se propuso que quienes cometan el delito de robo en instituciones educativas y hospitales sean castigados con una pena de tres a 12 años de prisión.
En sesión ordinaria de este jueves, fue presentada la iniciativa del ciudadano Edmundo Azael Torrescano Medina, con la que propone se adicione un segundo párrafo al ordinal 217 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.
El artículo 217 establece que cuando lo robado sean bienes de valor científico, artístico, histórico, religioso o cultural, cuya preservación sea de interés social, se impondrá una pena de tres a 12 años de prisión y sanción pecuniaria de 300 a mil 200 días del valor de la unidad de medida y actualización.
Adempas, el promovente plantea que se adicione el párrafo “cuando el robo sea cometido en bienes pertenecientes a una institución educativa u hospital, se impondrá la misma pena que señala el párrafo anterior, con independencia del valor que los bienes sustraídos y se perseguirá de oficio, al ser bienes de utilidad público”.
Dentro de la exposición de motivos, explicó que en las comunidades rurales de la zona Media y parte de la Huasteca, los robos en escuelas de nivel básico, hospitales comunitarios, clínicas o “casas de salud”, orientadas a la promoción de acciones preventivas en salud, han sufrido robos, irrumpiendo en sus instalaciones y apoderándose de bienes muebles que son de utilidad pública por el servicio que brindan a la sociedad.
Por lo que, expuso, se busca garantizar que el robo cometido en hospitales y escuelas se persiga de oficio y sea castigado.
