Por Victoriano Martínez
Si algo ha quedado expuesto en las últimas Legislaturas, pero de manera especial en la actual, es la forma en que los diputados atienden al interés del Ejecutivo al grado de llegar no sólo a aprobarle el nombramiento como consejero de la Judicatura una propuesta ya rechazada, sino hasta a pronunciarse por que puede repetir la maniobra con la Fiscalía Anticorrupción.
El pasado 26 de agosto el Congreso del Estado aprobó por mayoría la ratificación de Javier Delgado Sam como consejero de la Judicatura, a pesar de que apenas unas semanas antes lo habían rechazado.
Aunque nueve diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de ese nombramiento, desde el 24 de septiembre –a dos días de presentar el recurso– la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo rechazó “por notoria y manifiesta improcedencia” porque el acto legislativo cuestionado no es “una norma de carácter general”.
En aquella misma sesión del 26 de agosto, los diputados rechazaron la terna para nombrar al Fiscal Anticorrupción en la que se perfilaba como el candidato del gobernador Juan Manuel Carreras López a Felipe Aurelio Torres Zúñiga.
El 1 de septiembre, Martín Juárez Córdova en su calidad todavía de presidente de la Directiva del Congreso del Estado, se pronunció por que Carreras López tenía la posibilidad de volver a enviar como parte de la nueva terna para nombrar al Fiscal Anticorrupción a Torres Zúñiga.
Al menos para los nueve diputados que firmaron la acción de inconstitucionalidad contra el nombramiento de Delgado Sam, la postura de Juárez Córdova debió parecerles una invitación a repetir el agravio que les pareció el verse obligados al nombramiento del consejero de la Judicatura.
Tales son los antecedentes de la iniciativa que hoy presentará la diputada Alejandra Valdez Martínez en la sesión plenaria que, en su exposición de motivos, asegura que es para evitar que “se vulnere o se invada la separación de poderes”, con tan mal tino que se circunscribe a los nombramientos de magistrados del Poder Judicial y deja intocado el tema de la Fiscalía Anticorrupción.
Valdez Martínez se limita a proponer la adición, en el segundo párrafo del artículo 96 constitucional, de la frase “que en ningún caso incluirá personas que hayan sido propuestas en ternas anteriores”. Ese artículo se refiere a los nombramientos para el Supremo Tribunal de Justicia, es decir, ni de chiste incluye el caso de la Fiscalía Anticorrupción, que aparece en los artículos 122 BIS y 122 TER.
La propia diputada hace notar, en la presentación de su propuesta, la disposición constitucional que, en sus términos, provoca que “se vulnere o se invada la separación de poderes”, no sólo en los nombramientos del Poder Judicial, sino en otros a los que la Constitución faculta al Legislativo.
“Se nos presiona a elegir de una imposición bajo el argumento de que si no elegimos el ejecutivo tiene la facultad de elegirlo”, menciona en su exposición de motivos en lo que resulta una clara alusión a la disposición de que si en una segunda propuesta el Congreso la rechaza, “ocupará el cargo la persona que, dentro de la misma, designe el Gobernador del Estado”.
El señalamiento en la exposición de motivos apuntaba bien hacia el objetivo, pero el disparo final pegó dos aros fuera del blanco: (1) se limitó al artículo que rige los nombramientos del Supremo Tribunal de Justicia y (2) mantiene la disposición de que si en una segunda propuesta el Congreso la rechaza, “ocupará el cargo la persona que, dentro de la misma, designe el Gobernador del Estado”.
Todos los demás nombramientos que deben ser ratificados por el Congreso del Estado mantienen sus procedimientos, como si en ellos no se generara “cierta “coacción” del ejecutivo”, incluido el caso retrasado artificialmente de la Fiscalía Anticorrupción, en las que Carreras López tiene todo para repetir la dosis Delgado Sam.
La iniciativa de Valdez Martínez queda así como la reacción al agravio que les causó la ratificación de Delgado Sam y una infundada prevención para que Carreras López no pretenda proponer como magistrados a los seis que no fueron ratificados… pero muy lejos de verdaderamente tratar de evitar que “se vulnere o se invada la separación de poderes”.
