María Ruiz
La iniciativa presentada por la senadora Ruth González Silva, del Partido Verde Ecologista de México, que busca modificar los artículos 1306 y 1312 del Código Civil Estatal para permitir que “algunas personas con discapacidad mental” otorguen testamento, ha sido señalada como discriminatoria por especialistas en derechos humanos.
Mientras la legisladora argumenta que la actual legislación impone restricciones injustificadas, y existe una generalización que vulnera los derechos de quienes no pueden expresar su voluntad de manera clara y consciente, expertas en derechos humanos advierten que la propuesta es discriminatoria y representa un retroceso en la materia.
Catalina Torres Cuevas, maestra y experta en asuntos políticos y políticas públicas, advirtió que la propuesta contradice los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Todas las personas con discapacidad tienen los mismos derechos. No se puede decir que unas sí pueden testar y otras no; lo que se necesita es garantizar los apoyos adecuados para que todas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones”, explicó.
La especialista recordó que en México se ha derogado la figura de interdicción, lo que impide que un juez decida quién puede o no administrar su patrimonio.
“Si ya no existe la interdicción, ¿quién decidiría quién tiene derecho a testar y quién no? Eso es volver a un modelo de tutela que ya fue superado”, señaló.
Además, destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en colaboración con organizaciones civiles como Documenta, ha desarrollado manuales para proveer los apoyos necesarios en estos casos.
“El problema no está en las personas con discapacidad, sino en la falta de estructuras que garanticen el ejercicio de sus derechos. Lo que propone la senadora es una regresión que contradice avances jurídicos en la materia”, enfatizó.
Torres Cuevas insistió en que la discusión debería centrarse en la creación de herramientas para que cualquier persona con discapacidad pueda otorgar testamento sin restricciones arbitrarias.
“En lugar de limitar, el gobierno debería preguntarse qué tipo de apoyos necesita cada persona. Algunas requerirán asistencia técnica, otras asesoría legal o sistemas alternativos de comunicación, pero no podemos partir de la idea de que hay personas con discapacidad que sí pueden y otras que no”, subrayó.
